Miguel Casillas
Sobre la base de un nuevo paradigma, la próxima gestión universitaria debería impulsar una profunda reforma del gobierno, que diera lugar a un nuevo grado de participación de los universitarios en la conducción de la institución, a una vida cotidiana libre de violencia, plenamente intercultural y promotora de los derechos humanos.
En un escenario nacional donde está cambiando el régimen político, de incertidumbre en cuanto a la profundidad de su democratización y la radicalidad de su transformación, es imprescindible generar una nueva forma de gobierno universitario que de lugar a un proyecto institucional cohesionado hacia su interior y con reforzada legitimidad hacia fuera.
Además de los valores democráticos imprescindibles, el gobierno de la universidad debe responder a su proyecto académico y a su diseño institucional. En efecto, un nuevo paradigma de gobierno democrático debe ampliar los canales de participación a los universitarios, transparentar la gestión, dotar de fuerza a los órganos colegiados y ampliar los espacios de comunicación institucional. Además, debe considerar la naturaleza del trabajo que distingue a este tipo de organizaciones y la realización de sus funciones sustantivas que en nuestra Universidad expresan una configuración muy peculiar, con un área de Artes y un importante proyecto de difusión cultural, con una gran fortaleza en la enseñanza de licenciatura y posgrado y un desarrollo incipiente y centralizado de la investigación. Debe considerar también el diseño (centralizado o descentralizado) de sus campi y establecimientos, como en el caso de la Veracruzana que se distribuye en cinco grandes regiones y una multitud de sedes y entidades.
Para cumplir con lo establecido en su Plan General de Desarrollo en cuanto al fortalecimiento de las regiones universitarias, la reforma del gobierno debería orientarse a la ampliación de facultades y competencias a los órganos colegiados regionales. Para pensar en un nuevo diseño de la rectoría general, del Consejo Universitario General y sus funciones en el marco de una universidad plenamente descentralizada, debería de haber un Consejo regional y una vicerrectoría en Xalapa.
Mientras podemos reformar en general las formas de gobierno, el CUG debe ejercer prácticas parlamentarias democráticas, transmitir en vivo sus sesiones, impulsar la deliberación y la reflexión colectiva, y estas reformas deberían replicarse en todos los órganos colegiados; deben ampliarse las consultas a la comunidad en todos los órdenes de la vida institucional. El Consejo Universitario General puede reestructurar su agenda y tratar los temas rutinarios en sesiones normales, establecer sesiones especiales para temas trascendentes (legislación, planeación, informe y evaluación de la gestión); además de las sesiones solemnes convencionales. A las sesiones especiales debería antecederlas un periodo de deliberación comunitaria y el acuerdo colegiado que oriente la votación de sus representantes. El CUG puede establecer consultas a la comunidad para ampliar participación de los universitarios en la gestión y la legitimidad de los acuerdos de las sesiones especiales. Incluso en casos necesarios podría haber la validación de acuerdos trascendentes por parte de las juntas académicas de cada entidad.
De manera urgente debemos diseñar una reforma democrática de los consejos técnicos que limite la arbitrariedad de los directores, para ampliar la representatividad, otorgar derechos a las minorías, ampliar la participación estudiantil, delimitar sus atribuciones y garantizar la defensa de los derechos de los universitarios. Las resoluciones de los consejos técnicos deberían poder ser revisadas por el CUG.
A diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, un nuevo paradigma de gobierno universitario debe ser estricto defensor de la libre asociación estudiantil. En la Universidad debería primar la elección por voto, universal y secreto entre los estudiantes de todos sus representantes estudiantiles a los órganos colegiados de gobierno; con plena autonomía de las autoridades se puede avanzar a la conformación de planillas y mecanismos de representación proporcional para garantizar derechos a las minorías.
La Defensoría de los derechos de los universitarios debe fortalecer su autonomía y legitimidad, ampliar sus competencias y ser un eficaz instrumento contra las injusticias, las arbitrariedades y los abusos de poder. Una defensoría fortalecida debe ser una herramienta para luchar contra la discriminación, el racismo y la violencia de género.
Después del opaco manejo financiero de los últimos años, la Universidad debe desplegar la máxima transparencia en el ejercicio financiero. Nuevos principios deberían orientarnos: el ahorro, la austeridad, el ajuste de prioridades hacia lo académico. Una nueva administración debería gastar de conformidad a diagnósticos (participativos) de necesidades y planes de racionalización de los recursos.
Luego de años de un crecimiento desmedido, un nuevo paradigma debería desburocratizar la gestión, aligerar el peso del aparato administrativo, y avanzar en la modernización tecnológica. Es necesario un plan de hibridación de la gestión que oriente el nuevo escenario del trabajo administrativo universitario. Después de la experiencia reciente se deberían eliminar dependencias y reducir costos burocráticos: por ejemplo, la Secretaría de desarrollo institucional y la coordinación de asuntos estudiantiles, por mencionar algunas.
Una nueva gestión debe promover políticas de desarrollo tecnológico subordinadas al proyecto académico (docencia, investigación y difusión), orientadas con una visión inclusiva, de racionalización de los recursos. La renovación tecnológica de la gestión deberá tener como base la capacitación y la innovación. La Universidad no puede seguir improvisando, es necesario un plan institucional de desarrollo tecnológico, construido en primer lugar con base en las necesidades de las disciplinas académicas, que trascienda la capacitación genérica y las políticas generales y homogéneas de equipamiento y de procuración de la infraestructura digital. Es necesario un plan que defina una postura y una filosofía institucionales sobre las TIC, con objetivos a corto, mediano y largo plazo; que estructure prioridades, metas y acciones sujetas a la evaluación, que favorezcan el aprendizaje institucional.
