Juan Carlos Silas Casillas
En algún momento de la campaña presidencial del 2018 y los primeros meses del sexenio 2018-2024, el presidente López Obrador utilizó la expresión “fifí” para referirse a las personas e instituciones que pretendían dar una imagen de liberales o progresistas y que, sin embargo, se trataba de actores más bien conservadores que buscan defender sus privilegios o al menos el estatus quo. Por momentos algunas personas tergiversaron el sentido de la expresión y lo orientaron hacia “rico” o incluso “amanerado”, generando una innecesaria crispación social, cuando el sentido original está más cercano a pretensioso. En este sentido, la Ley General de Educación Superior (LGES) se puede calificar como una ley fifí porque pretende ser lo que no es. En los siguientes párrafos se presentan algunas ideas que dan soporte a la afirmación.
Tras un largo proceso de consultas, foros y mecanismos electrónicos para recoger las opiniones de los interesados, a finales del año 2020 los 108 senadores que asistieron a la sesión la aprobaron de manera unánime. Hace unas semanas, 389 diputados de todas las bancadas la aprobaron y el 20 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas han señalado inconsistencias y avizoran problemas. Una nota del 17 de marzo de este año en un periódico nacional señaló que 150 sindicatos universitarios rechazan la LGES por contravenir al artículo tercero de la constitución e instaban al presidente López Obrador a no promulgarla. Otras voces la acusan de ser neoliberal y privatizadora o de abrir la puerta a que las instituciones establezcan requisitos de forma unilateral.
Si se hace un rápido recuento histórico, lo primero que se debe señalar es que esta nueva LGES sustituye a la Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978 que francamente era letra muerta. En la práctica tenía poca importancia. Hablaba, entre otras cosas, de varios consejos nacionales consultivos (de educación normal y tecnológica) y tal vez era algo con cierta utilidad a la mitad del sexenio de López Portillo, pero 42 años después ya no. Un análisis minucioso puede dar cuenta de que la educación en México se ha regulado más con base en acuerdos secretariales que en leyes. En el caso de la educación superior y en específico la privada, el famoso acuerdo 279 de julio del 2000 y los que le nacieron: 17 11 17 del año 2017 y 18 11 18 del año 2018 o incluso en 286 (de octubre del 2000 y reformado en 2017) surgieron de la interpretación de la realidad que tenían los funcionarios en turno y de la factibilidad de poner en marcha sus ideas, tratando de establecer un marco regulatorio al crecimiento descontrolado de la educación superior privada. En este sentido, la LGES se parece más a la conversión en Ley de lo que ya se estaba haciendo desde los acuerdos secretariales que a una verdadera ley moderna y visionaria como la que necesitamos.
La LGES perdió la oportunidad de ser un elemento de transformación de la educación superior y se convirtió en la reiteración de lo que ya se hacía. Por otro lado, algunos de sus vicios permanecen, lo que significa una omisión importante a la luz de lo que los académicos y funcionarios educativos aspiramos para este y los próximos sexenios. Por señalar dos ejemplos: A) el artículo 17 de la Ley de Coordinación ya señalaba que algunas IES públicas podían otorgar y quitar RVOE a las IES privadas. B) el artículo 19 ya habla de que se multaría con 100 mil pesos (pesos de 1978) a las IES que no se registraran ante la SEP (no se entiende si se trata de RVOE o no) y la posibilidad de clausura si se reiteraba la falta. Ya estaba ese gusto por poner en las leyes cosas que corresponden a reglamentos, y no se corrigió. 43 años después tenemos frente a nosotros una LGES conservadora y reglamentaria que denota el firme interés por convertir en ley los acuerdos y en apoyar la ampliación de cobertura a partir de la acción del gobierno federal.
Algunos de los elementos positivos de la LGES son: 1) La voluntad de fortalecer el servicio social y convertirlo en una aportación a la comunidad, 2) La inclusión y la cultura de la paz y no violencia, especialmente a las mujeres, 3) El presumible apoyo a las Tecnologías de Información y Comunicación, 4) La vinculación (integración) con el sector productivo y 5) un relanzamiento de los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior o su equivalente. Pero, siendo sinceros, incluso estas y otras ideas promisorias no son algo de avanzada, más bien es un nuevo intento de actualizar y convertir en ley lo que ya se proponía por otras vías. Es esperable que en un futuro se pueda ir hacia innovaciones mayores. De momento su foco está en reforzar la posición rectora del Estado en lo que ya existe desde los acuerdos secretariales, lo que deja como pendiente la creación de un sistema educativo superior nacional que funcione como verdadera palanca para el desarrollo nacional.
En lo que respecta a las IES de financiamiento público, busca asegurar que los recursos no disminuyan y usar la infraestructura instalada en la promoción de una de las promesas del actual gobierno: garantizar que se amplíe paulatinamente la matrícula hasta que se pueda cumplir la idea de una educación superior obligatoria y gratuita ofrecida por el Estado. En lo tocante a las privadas se reitera una visión de sospecha y se subalteridad. A pesar de representar un tercio de los estudiantes y profesores, así como 75% de las instituciones, la LGES asume una posición conservadora y centralista al evitar verlas como socios o al menos como actores confiables en la transformación nacional. No las asume como una fuerza más en la mejora comunitaria, científica y académica, más bien las ve como una caterva de emprendedores, creadores de pequeños negocios que requieren ser regulados para proteger a “los clientes”: los estudiantes y sus familias. La LGES parece centrar su mirada en el control más que en el desarrollo, asumiendo que las privadas “no dan el litro o kilo completo” y que son las únicas incumpliendo el compromiso formativo con estudiantes y familias…. tal vez no sean las únicas.
El desdén hacia las instituciones privadas queda claro en que están prácticamente excluidas del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Lo mismo sucede en la composición de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, o sus equivalentes. En otras palabras, es una participación simbólica.
Con relación a la autoridad que expide el Registro de Validez Oficial de Estudios RVOE existe un problema desde 1978 que se decidió no solucionar. El texto señala que el RVOE lo otorga la autoridad federal o estatal, o bien una institución pública facultada para ello. Actualmente, de acuerdo con Adrián de Garay, hay 14 Universidades Autónomas que otorgan RVOE, que no incorporación, mecanismo importante que parece soslayado en la LGES. Las IES públicas que lo otorgan son, las Universidades Autónomas de Baja California Sur, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Coahuila, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de Quintana Roo, de Yucatán, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lo tiene en su ley orgánica pero no lo hace. Como ya se ha señalado en este y otros espacios, esto genera castas entre las instituciones de educación superior y que haya instituciones públicas que son parte del subsistema universitario como actores y también como autoridad que decide si se otorga o retira el RVOE, en pocas palabras, son juez y parte. Este tipo de errores históricos no corregidos solamente preservan el estatus quo en vez de transformar la educación.
Por último, el elemento estelar de la LGES en su trato con las IES privadas se centra en crear un Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. No se sabe si se trata de un guiño hacia FIMPES o una acción para darle participación a los organismos acreditadores extranjeros o nacionales. En todo caso, no constituye un empujón hacia la calidad participativa, sino que se convierte en transferir un trozo de la participación y responsabilidad a los CIEES o los organismos que están bajo el paraguas COPAES. Es un reconocimiento de parte del estado a las IES privadas que cuentan con alta calidad en la provisión del servicio educativo, lo que es correcto. Sin embargo, se queda corto ya que ignora otras funciones sustantivas como la investigación, creación de ciencia y tecnología o el impacto social.
Algo preocupante señalado en muchos escenarios es que se dedica a determinar infracciones y sanciones (que corresponderían a un reglamento) o incluso a prescribir acciones que, aunque nobles, no corresponden a una ley general. Por ejemplo, el artículo 38 establece la creación de un Registro Nacional de Opciones, para que los posibles estudiantes conozcan el menú de programas e instituciones por los que pueden optar o el artículo 43-I-e, que prescribe que debe haber transporte escolar exclusivo para mujeres. Nobles ideas ambas, pero completamente fuera del alcance de una ley general.
En síntesis, la LGES es conservadora y se regocija en normar minucias operativas o establecer con carácter de ley lo que ya se tenía en los acuerdos secretariales. ¿Es una mejora comparado con lo que se tenía?, sí, sin duda. ¿Es la ley que necesita la educación superior? No, evidentemente se quedó corta y se asienta en ideas muy conservadoras. Falta mucho para que sea el elemento progresista, pro social y desarrollador que se necesita. En este sentido, con todo respeto, lo que tenemos es una ley Fifí, que pretende desarrollar a través de controlar. Ojalá el Programa de ampliación de oferta nacional, regional, estatal; el Programa nacional de educación superior y el Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior no sean oportunidades perdidas en la tarea de relanzar la educación superior mexicana.
