Elecciones van y vienen. En ellas, es común observar que las y los candidatos a un puesto de elección popular prometen cambiar las cosas para terminar, luego de ganar, adoptando políticas y programas similares al de su antecesor.
¿Qué explica tal continuidad? No arriesgar demasiado – y pagar costos por ello – es una conducta común (racional) de directivos, alcaldes, gobernadores y presidentes electos. Bajo ciertas circunstancias puede ser más costoso propiciar el cambio verdadero que administrar la mediocridad. El status quo en democracia es posible.
Pero, ¿es tan negativa la continuidad como positivo el cambio? Depende de los resultados que tales políticas y programas estén dando en realidad. Resultados en términos de ampliación de posibilidades de vida, votos, paz social, legitimidad, respaldo popular, mejora de indicadores, etcétera. Puede ser que “nadar de muertito” sea más rentable políticamente que intentar una verdadera transformación, pero también es verdad que imponer el cambio resulta negativo. Ahí tenemos el ejemplo de querer “echar abajo” la reforma educativa del sexenio pasado con un enfoque improvisado. Incluso ahora, algunos analistas que se entusiasmaron con la Cuarta Transformación, observan que se cambió para seguir igual o peor.
Por eso la vigilancia continua y crítica de los gobiernos es necesaria. Si el grupo en el poder gana más a costa de la gente, no habría razón para sostenerlo. “Lo que pierdo impulsando el cambio es más de lo que gano haciendo lo de siempre”. Esta máxima la aplicó el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y así nos fue. Se perdió una oportunidad histórica de desmantelar el viejo régimen político y miren lo que resultó.
Ante las próximas elecciones, es muy probable que el cálculo sobre la rentabilidad del cambio y de la continuidad esté presente en la mente de las y los candidatos. Por ello, como ciudadanos, habrá que revisar minuciosamente sus propuestas para verificar a qué grado esa racionalidad calculadora se acopla con las necesidades reales de la gente.
¿En qué espacio confluye lo que desea la mayoría, lo que realmente necesita para ampliar sus capacidades, el bien común, y la calculadora racionalidad de las y los políticos? Este espacio no surge espontáneamente, hay que construirlo ¿Cómo? Estudiando, en un lapso amplio, las políticas educativas previas. En un análisis realizado para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), identificamos que en la administración 2013-2018, la gran mayoría de los programas propuestos (96%) venían de los dos sexenios previos (Flores-Crespo, Pérez-Yarahuán, Andrade y Saint Martin, 2014). ¿En dónde estuvo el cambio? ¿Dio o no resultados la continuidad de programas?
Ante la cascada de propuestas (y ocurrencias) que estamos por escuchar, tratemos de interpelar públicamente a las y los candidatos para saber si ofrecen cambios razonados, continuidad infundada, ninguna de las dos, o si mantienen el clásico razonamiento calculador, que se ha traducido en hartazgo popular. “La eternidad se nos acaba”, diría Sabines. Frente a esto, está nuestro voto.