Fidel Ibarra
En México se tiene una vocación por las reformas educativas. Desde que se estableció el artículo 3 constitucional en 1917, hemos tenido 12 reformas educativas, de las cuales se distinguen la reforma de 1993 -en educación básica primaria-, la del 2013 y esta última del 2019. Habrá quien difiera de esta clasificación y es válido; sin embargo, cito estas reformas por lo siguiente: si algo distinguió a las dos primeras reformas es que fueron operadas por varios Secretarios de Educación Pública, lo cual afectó el proceso y el resultado final de las reformas.
En el caso de la reforma de 1993, el argumento bajo el cual se sustentó el proyecto fue la “modernidad educativa”. La cual implicaba -a decir del gobierno salinista- “una ruptura de inercias para innovar prácticas al servicio de fines permanentes” o, en otras palabras, “superar un marco de racionalidad ya rebasado y adaptarse a un mundo dinámico”. Esa condición de “adaptación”, implicaba como paso previo, el reformar para “eliminar las inercias” que impedían la implementación de la modernidad. Y bajo esa lógica, no sólo se reformó el artículo 3 constitucional, sino todo aquel artículo constitucional que permitiera desregular el Estado para profundizar un proceso de reforma económica, el cual vino a impactar en la educación pública tanto en su concepción pedagógica, como en su organización logística y financiera.
Y para eliminar “inercias”, el presidente Salinas de Gortari integró como titular de la SEP a un “duro de la política”, el ahora titular de la CFE, Manuel Bartlett, para que operara el cambio de la dirigencia en el SNTE, y con ello se impusiera a un actor afín al proyecto de “modernización educativa”. En ese sentido, se operó la salida de Carlos Jonguitud Barrios y la entrada de Elba Esther Gordillo. Un proceso similar ocurrió con Peña Nieto al iniciar su periodo de gobierno con otro “duro de la política” en la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, para que operara el cambio de la dirigencia en el SNTE. Paradojas de la vida: Elba Esther Gordillo salió del poder por la misma razón que salió su antecesor: porque representó un obstáculo para los propósitos de reforma educativa del presidente en turno. Tanto Barttlet como Chuayffet no llegaron a culminar el proceso de reforma educativa, porque fueron sustituidos por otros dos funcionarios que tampoco tenían cartas credenciales en el ramo educativo, pero que aun con ello fueron ungidos para esa máxima responsabilidad: Ernesto Zedillo Ponce de León y Aurelio Nuño Mayer.
La agenda de la “Modernización Educativa” fijó como objetivo “mejorar la calidad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, descentralizar la educación y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo”. ¿Qué tanto pudo avanzar Ernesto Zedillo en el cumplimiento de ese objetivo si solamente estuvo al frente de la SEP del 7 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1993? Lo sustituyó Fernando Solana, el cual estuvo en el cargo del 1 de diciembre de 1993 al 11 de mayo de 1994. Y finalmente, en los meses restantes hasta el 30 de noviembre, la función terminó a cargo del mazatleco José Ángel Pescador Osuna. Replanteo la pregunta: ¿qué tanto se puede cumplir un objetivo de “modernización educativa” si la responsabilidad de la autoridad pasa a cuatro manos por actores con trayectorias distintas y con concepciones disímiles sobre la educación?
En lo referente a la reforma educativa del presidente Peña Nieto, el objetivo fue el mismo, la calidad educativa. Y el modus operandi tuvo un vaso comunicante con la forma como se operó la reforma de Salinas de Gortari, como se expresa en el tercer párrafo del presente texto. Sin embargo, la reforma no terminó por implementarse. En parte porque no le alcanzaron los tiempos al propio titular de la SEP, Aurelio Nuño. Y en parte también, porque en lugar de concentrarse en la culminación de ese proceso, Aurelio Nuño le apostó a la política -al igual que lo hizo Zedillo- y se fue como coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI. Resultado: su candidato perdió la elección y el gobierno entrante derogó todo un proceso que llevó poco más de cinco años realizar.
En ese sentido, tanto en la reforma educativa de Salinas de Gortari como en la de Peña Nieto no se concluyeron los procesos que las reformas educativas demandaban. Y el costo lo vienen pagando los millones de niños que se educan en el sistema educativo de este país.
¿Por qué señalo todo esto? Porque estamos en vísperas de un proceso electoral. Y ha sido materia de comentario en distintos medios de comunicación, que el actual Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, podría ser el candidato de Morena al gobierno de San Luis Potosí. El propio Esteban Moctezuma ha señalado en más de una ocasión que no va a ser candidato y que su interés está en la responsabilidad que tiene al frente de la SEP; pero los comentarios se mantienen. Sobre todo, porque se integra en esa intención la figura de Ricardo Salinas Pliego. Un actor muy cercano al titular de la SEP, y que según esto sería el interesado en que Moctezuma Barragán se sume a esa candidatura.
En lo personal, espero que el titular de la SEP se mantenga en su posición y no renuncie a su cargo. La reforma educativa, aún no concluye, falta su implementación. Proceso que actualmente está detenido, debido a la irrupción de la pandemia; por lo tanto, todavía se tiene una responsabilidad sustantiva. No se puede dejar “en el aire”, un proceso como el que nos ocupa. Además, si el concepto de la Cuarta Transformación es un concepto que le corresponde históricamente a López Obrador, por ser él el que le da origen a ese concepto; en el caso del concepto de la Nueva Escuela Mexicana, ese concepto le corresponde a Moctezuma Barragán. Es de su invención, y por esa razón, le corresponde llevar a buen puerto la culminación de todo este proceso de reforma educativa. Sería desastroso que al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana le ocurriera lo mismo que ocurrió con el proyecto de reforma de Peña Nieto, o el proyecto de la Modernización Educativa. Dos procesos incumplidos, debido fundamentalmente porque al frente de la SEP no estaba un funcionario vinculado a la realidad de las escuelas y los maestros. Había funcionarios -solamente- que entendieron su cargo desde la perspectiva de sus intereses políticos.
En ese sentido, bien se puede afirmar que a los mexicanos nos ha costado bastante no tener al frente de la SEP a otro Jaime Torres Bodet. No lo hemos replicado. Pero si no tenemos a un Bodet al frente, por lo menos que quien esté a cargo de esta importantísima Secretaría, no sea un político que esté pensando en la próxima elección. Y culmine -vaya cosa- los procesos educativos que le corresponden en el periodo de gobierno.
¿Es mucho pedir?
Para comentarios:
Correo: fidelibarralopez@gmail.com
