Atender sin entender el enfoque inclusivo de la discapacidad: la evaluación como reto en tiempos de pandemia

*Alfonso Fermín García Millán

Colectivo Educación Especial Hoy

La Nueva Escuela Mexicana supone la construcción de terrenos cada vez más incluyentes, en los cuales la sociedad juega un papel fundamental; nos toca desaprender la visión reduccionista de una cultura donde la diferencia solo se reconoce por su derecho a recibir educación, lo que conlleva a dar cumplimiento parcial de nuestro Artículo 3° Constitucional.

En este sentido la NEM pretende transitar de un ideal de escuela que abre las puertas a la diversidad, a una en la que a pesar de la falta de capacitación institucional se atiende a los alumnos desde las posibilidades y capacidades de cada maestra y maestro; siendo esta la “estrategia” para garantizar la educación de excelencia a la que aspira el Sistema Educativo Nacional. Para ello se estableció un aparato normativo que supone blindar derechos adquiridos por la población vulnerable, quedando establecido en la Ley General de Educación:

Capítulo VIII

De la educación inclusiva.

 Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. 

Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará:

1. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;
2. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

1. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras, y
2. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación.

 Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo siguiente:

1. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado;

III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

1. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y

VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación. 

Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

1. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;
2. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;

• Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;

1. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y
2. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.

Es importante reconocer que, con anterioridad a estos planteamientos, en las escuelas ya se estaba trabajando en la mejora de la evaluación que se lleva a cabo a las niñas y niños; dejando de privilegiar la evaluación sumativa y transitando poco a poco hacía una evaluación formativa que contemple los procesos de avance de cada estudiante, con el fin de asegurar el aprendizaje de todos los alumnos, principalmente de los que se encuentra en mayor desventaja como los alumnos con discapacidad.

Por lo que, desde esta mirada, es importante reconocer que para llevar a cabo la evaluación formativa se requiere estar juntos para observar, acompañar y nutrir el aprendizaje en cada uno de los alumnos. Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro (2017) consideran la evaluación como parte de la cotidianidad en el sistema educativo, ésta tiene varias implicaciones:

• Comprobar constantemente los aprendizajes que los alumnos van logrando. (Shepard, 2006).
• Valorar si el desarrollo de la planeación es congruente con lo planeado (SEP, 2012).
• “Permite una acción reguladora entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje” (Casanova, 2007).
• Observar en diferentes momentos el proceso de avance de los aprendizajes del alumno (Ravela, 2017).
• La participación activa entre evaluadores y evaluados en un proceso de diálogo en el proceso de diseño, desarrollo y resultados en la evaluación (Santos, 2014).
• La retroalimentación como elemento para la mejora de los estudiantes y se puede dar entre docente-alumno, alumno-alumno durante el proceso de aprendizaje (Shepard, 2006).

Con base en estas premisas, es importante reconocer que, pese a los esfuerzos por mejorar los aprendizajes, los resultados educativos reflejan que aún falta mucho por hacer; se requiere una verdadera capacitación al magisterio sobre atención a la diversidad, así la contratación de más personal de educación especial para que contribuya al logro de las metas planteadas desde el papel (Capítulo I, Artículo 7, inciso c y d) y como apoyo de los alumnos que lo requieren.

“La inclusión es una política sólo de afirmación, afirma la presencia del otro allí donde no estaba, pero no hay nada de su existencia, nadie pregunta cómo la está pasando, porque creen que lo que interesa es simplemente que esté allí”, palabras que Carlos Skliar ocupa para describir la existencia en el sistema educativo de los alumnos con discapacidad por mandato, pero que en lo real no han sido visibilizados en su totalidad desde el Sistema Educativo Nacional para garantizar la atención desde la individualidad, las características y habilidades de cada estudiante, así como se refiere en lo siguiente:  artículo 7, fracción II,  a); Capítulo III, fracción VII;  Capítulo VIII, artículos 61, 62 (fracción II,IV,V), 64 (fracción II, III, VI, VII) y el Artículo 65 en todas sus fracciones.

De acuerdo con cifras del INEGI 2018 existe en el país una población aproximada de 7. 7 millones de personas con alguna discapacidad de acuerdo a la encuesta nacional de la Dinámica Demográfica y la esta población existente de acuerdo a cifras del ciclo escolar 2018 – 2019 se atendió en educación básica a 624,371 NNA con alguna discapacidad en CAM, USAER y UDEEI, lo que representa la atención de 4,527 escuelas de prescolar, primaria y secundaria; 1,665 CAM, de 198,731 escuelas de educación básica, 3,200 inicial,  73,779  preescolar, 87,260 primaria, 34,492 secundaria logrando una cobertura del  3. 11%  en atención a las escuelas por parte de educación especial lo que configura un gran reto lo establecido en el la Ley general de Educación, Capítulo VIII de la educación inclusiva, Artículo 64, Fracción III que hace referencia a “la prestación de educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria”.

En 2014 los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica indican que el nivel de escolaridad promedio de la población de 15 años y más es de 9 años, mientras que para la población con discapacidad es de 5 años lo que indica 4 años de menos permanencia en la escuela.

Desde mi experiencia como docente, director y evaluador certificado en la antigua ley del Servicio Profesional Docente en el campo de educación especial, he observado que cuando se habla de evaluación, los maestros se enfrentan a la dificultad no solo de asignar una calificación, sino al qué y cómo evaluar a la población que por su condición o situación de vulnerabilidad requiere de oportunidades equivalentes para acceder al aprendizaje.

Hoy en el marco de la Pandemia generada por el COVID – 19 se ha invisibilizado la inclusión, quedando al descubierto todas las inequidades existentes, incluso los grupos vulnerables hoy se demuestra que siguen siendo los  más perjudicados pese a las leyes de papel que poco han servido para garantizar los derechos fundamentales, las comunidades indígenas han sido excluidas por la conectividad, la tecnología y más aún por la pobreza en la que están inmersos, los migrantes que no reciben apoyo por el gobierno que los ha relegado del sistema de salud y trabajo, pero también las personas con discapacidad que han sido excluidas en lo económico , seguridad social y también en lo educativo

La pandemia exhibió las inequidades del Sistema Educativo Nacional y las problemáticas para atender a la Jornada Nacional de Sana Distancia; en la Guía de la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, para el cierre de ciclo escolar se reconoce “que el acceso a la oferta educativa en este periodo fue desigual, ya sea por la carencia de recursos tecnológicos o por falta de condiciones en los hogares”. Aun con los grandes esfuerzos de “priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación” (Título Primero; del derecho a la educación; Capítulo I; Artículo 2.), no se alcanzó la meta de cumplir el eslogan “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”.

El COVID-19 es una problemática de salud pública, las decisiones en materia educativa han puesto en peligro el bienestar de la población al insistir en compromisos adquiridos con organismos internacionales.

Resulta evidente que la equidad no se puede “medir” con libros de texto, televisión, radio e internet; además de que no todos tienen acceso a ellos, el tenerlos no garantiza el cumplimiento de lo siguiente:

“VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;

VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables”.

Hoy, tenemos que ser honestos y claros reflexionando y admitiendo que la inclusión aún sigue siendo un ideal lejos de realizarse en un sistema que asume la política como una forma de ahorrar recursos económicos, la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, representa una gran inversión en personal especializado, además de los gastos de electricidad, computadoras, Internet, infraestructura accesible, materiales adaptados, agua potable, sanitarios, material de consumo, limpieza,  personal de apoyo y asistencia a la educación, administrativos y personal docente.

Con estas políticas de austeridad se está desmantelando la educación especial; a la par de que la crisis educativa demuestra la necesidad de nuestro personal, no únicamente para las escuelas, si no para la atención y acompañamiento a toda la población que enfrenta barreas para el aprendizaje y la participación; porque la homogeneización del trabajo y la población han excluido a la mayoría de esta población, se intentó trasladar la escuela a la casa y se olvidaron las necesidades particulares de cada niña, niño y adolescente al no “tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables” (Articulo 16, fracción VII y artículo; Artículo 62, fracción V y el artículo 65).

Es importante reflexionar que en el marco del modelo social de la discapacidad se visualiza a la discapacidad (y yo agrego la vulnerabilidad) como un supuesto en el que la sociedad anula las capacidades de esta población imponiendo barreras actitudinales, políticas y culturales; en este sentido los entornos en que se insertan estos grupos vulnerables y las actitudes negativas hacia ellos son los que discapacitan y/o anulan sus potencialidades.

Es importante señalar que la escuela en muchos de los casos no actúa con dolo ante lo descrito en el párrafo anterior, sin embargo, como parte de una cultura interiorizada de la mirada hacia el otro y principalmente a del otro que se encuentra en desventaja, se tiene que reconocer que existen actitudes que atentan contra su desarrollo integral.

Pero hoy el tema es otro, a medida que avanzan los días existe más incertidumbre por el regreso a la escuela y habiendo concluido el ciclo escolar 2019-2020, dependerá de la sociedad que la curva de contagios empiece a bajar o se extienda.

Más allá de las estrategias implementadas por los docentes para hacer llegar actividades a sus alumnos o de las propuestas gubernamentales tecnología (las cuales no consideraron la economía de las familias para solventar los gastos), existe otro elemento que preocupa sobre manera a los maestros:  la evaluación.

Pero… ¿cómo reconocer el avance de los alumnos en estos tiempos de no estar juntos en la escuela? ¿Es posible evaluar?

Será esta experiencia el pretexto para quienes no han logrado modificar su práctica en la evaluación de procesos o solamente un alto para otros que permita ajustar lo que están haciendo para acompañar el aprendizaje de sus alumnos.

La propuesta de la autoridad educativa es clara para esta etapa complementaria a la contingencia, retoma una evaluación sumativa, promediar los dos periodos de evaluación cursados en la escuela, una carpeta de experiencias en las que se incluyen las actividades a distancia propuestas por los docentes y respuestas a preguntas que se integran al final de la programación educativa para salvar un ciclo escolar que además de ser inusual atraviesa por otra transformación hacia la Nueva Escuela Mexicana.

Hoy la evaluación formativa tendrá que esperar al regreso y no solo por no estar juntos docentes y alumnos, sino también por no tener la certeza del aprendizaje logrado por aquellos que recibieron apoyo, de los que les hicieron la tarea, de los que por diversas razonas no trabajaron o por aquellos que por su condición de discapacidad o vulnerabilidad no cumplieron con el programa Aprende en Casa.

¿Cómo podemos contribuir a este tiempo?

• Sí a la evaluación que contemple los aprendizajes de este periodo, pero no para calificar, sino para reconocer qué se logró aprender y focalizar qué tendría que retomarse para el siguiente ciclo escolar.
• Como parte de lo justo en la evaluación (Frade, 2006), considerar lo realizado por los alumnos con una carga menor en los criterios de evaluación, que no afecte la calificación final de los alumnos que no realizaron las actividades; tomando en cuenta que esta situación no es culpa de nadie, entendiendo además que muchos de nuestros alumnos, incluyendo a los que por su condición de discapacidad o vulnerabilidad solo adquieren aprendizajes o trabajan cuando están en el salón de clases.
• Por otro lado, exigir el que se garanticen los preceptos enunciados en la Ley General de Educación, principalmente lograr la cobertura el 96.88% del personal faltante de educación especial en las escuelas.

Las demás reflexiones de esta realidad se las dejo ustedes, porque hay mucho que analizar.

Referencias bibliográficas

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• Diario Oficial de la Federación. (2019). DECRETO por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Recuperado el 30 de Septiembre de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019
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• Casanova, Antonia. (2007). Manual de evaluación educativa. Madrid. La Muralla.
• Ravela, Pedro. (2017). ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?. México. SEP.
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• (2012). El enfoque formativo de la evaluación. Serie: Herramientas para la evaluación en educación básica. México. SEP.
• Shepard, Lorrie. (2006). La evaluación en el aula. Traducción México. INEE.
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• (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. INEGI. México.