Fidel Ibarra
Once universidades públicas estatales se encuentran en una situación (muy) complicada en materia financiera y el gobierno federal al parecer no va a recurrir a su rescate financiero, antes prefieren pagar el costo político de esa medida -como se afirma en un comunicado de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) el pasado 14 de mayo-. La afirmación anterior se desprende de una reunión virtual que sostuvo el Subdirector de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro con 62 secretarios generales de universidades públicas.
La afirmación anterior por parte del Subsecretario Concheiro, sitúa a esas once universidades en un escenario de incertidumbre. Puesto que, si el año pasado las universidades no tenían recursos para hacerle frente a los pagos de fin de año de los trabajadores (quincenas y aguinaldos), ahora ese escenario se puede recorrer hasta septiembre. Y desde este tiempo en adelante va a ser un peregrinar para las autoridades rectoras de esas universidades, porque tendrán que buscar recursos por la vía que sea necesaria. Y no será, para nada, una tarea sencilla.
En ese sentido, una vía a la que pueden recurrir las autoridades administrativas y sindicales de las universidades, es a la movilización de las bases magisteriales. Y las autoridades educativas lo saben, por eso se habla de “pagar el costo político”. No obstante, se arguye que “no hay dinero” y que por tal motivo no hay posibilidad “para seguir con el planteamiento que algunos llaman rescate y que nosotros le llamamos transformación estructural”, afirma el Subdirector Concheiro.
Hay que detenerse en este punto, para señalar lo siguiente: la negativa para proseguir el rescate financiero de las once universidades públicas estatales tiene que ver -se afirma- con la complejidad de la actual coyuntura que se vive en nuestro país -un argumento válido, sin duda-; pero esa podría no ser la respuesta en sí, sino una de las respuestas que explican el proceder de las autoridades educativas. La otra respuesta es que en el fondo no se tiene la voluntad política para operar el rescate de las universidades. Y menos si no se acatan las directrices que se mandatan desde la SEP para estas once universidades. ¿A qué me refiero? Desde diciembre del 2018 se les está presionando a las autoridades rectorales de estas universidades para que hagan cambios a sus Contratos Colectivos de Trabajos en lo referente al apartado de las jubilaciones. A eso se refieren las autoridades educativas cuando hablan de “Transformación Estructural”.
Un servidor escribió en este mismo espacio un artículo donde hice referencia a este concepto. Y en ese escrito afirmaba que “El gobierno federal tiene que explicar ‘abiertamente y con claridad’ a qué se refieren con eso que denominan ‘cambio estructural’. Y lo deben de explicar -continuaba-, porque la percepción que se está generando es que la 4T va por el control político de las universidades públicas”. (Educación Futura, 22 de enero del 2020). Estas líneas siguen siendo pertinentes, mientras no se explicite ¿qué implicaciones tiene esa “Transformación Estructural” para las universidades públicas, y, sobre todo, para las conquistas laborales de los trabajadores.
Esto último es confirmado por parte del actual Secretario General del Sindicato de los Trabajadores Académicos (SUNTUAS) y actual Secretario de Organización del CONTU, José Carlos Aceves Tamayo. A pregunta expresa de un servidor -a través de la vía telefónica- sobre el escenario que están previendo en una de las universidades implicadas en esta situación, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), me afirma que: “Desde la Universidad Pública en México, no sólo en la UAS, se observa una falta de interés hasta el momento, en torno a brindar una solución estructural a la crisis financiera de las mismas”. Y ofrece los siguientes argumentos para fundamentar lo anterior:
“1. La propia declaración de eliminación de los recursos extra ordinarios, los cuales eran obtenidos por las Universidades, de acuerdo a sus indicadores de cobertura, acreditación de programas educativos y certificación de procesos administrativos. Es decir, ya no interesa el rendimiento de las instituciones de educación superior, simplemente no existe ya esa partida. Y aunque en 2019 se entregó, se le denomino rescate financiero, advirtiendo que ni habría otro, y se condicionó, a modificar Contratos Colectivos de Trabajo y hacer ajustes a las finanzas para entrar dentro del orden de austeridad, lo que no está mal, siempre y cuando no se sacrifique calidad académica y estabilidad laboral.
- No incrementar el recurso ordinario, como se requiere de acuerdo a información de ANUIES, incluso de agrupaciones sindicales, a efectos de dar una educación integral y poder salvaguardar los derechos laborales de los universitarios. Limitándose a incrementar los presupuestos ordinarios, sólo al nivel de la proyección de inflación, lo que año con año es superado en los hechos y el déficit se dispara. Es decir, te aumentan el presupuesto, pero te alcanza menos.
- Mantener el discurso de la creación de 100 Universidades, las cuales no están demás, sin embargo, no es posible que a instituciones que ya cuentan con programas educativos, cuerpos académicos, docentes, investigadores, administrativos y todo un proceso idóneo, se les deje a la deriva.
- El interés materializado en varios congresos locales, por modificar leyes orgánicas, al margen de las Comunidades Universitarias, una vez más dejando de lado lo académico y privilegiando el nombramiento de Rectores y Directores, justificando la acción con el supuesto mal manejo de los recursos, aún y cuando no existe en el país, mayor institución pública auditada, que las propias universidades.
Lo anterior, obliga a tomar medidas que signifiquen el poder cumplir con los objetivos de las casas de estudio, manteniendo su compromiso social para con los jóvenes estudiantes. Siendo la unidad, concientización, argumentos y trabajo coordinado a nivel nacional entre todos los involucrados en la problemática, lo que será factor inalienable para lograr salir adelante”.
Las líneas anteriores dibujan las preocupaciones que se tienen en las universidades públicas. Y al mismo tiempo confirma lo que se expone líneas arriba: se busca reformar los Contratos Colectivos de Trabajo. Y tal pareciera que, sin eso a cuestas, las autoridades universitarias no van a coadyuvar con las universidades públicas que se encuentran en una crisis financiera. Lo cual también se puede leer como un: o le entran a la Transformación Estructural o no hay rescate financiero.
Dejo en la mesa otra respuesta que puede explicar la postura de las autoridades de la SEP. Y esta no tiene que ver con la voluntad política o la disposición de recursos financieros, sino con lo siguiente: desde fuera se observa que hay un escenario de desconfianza hacia las universidades públicas. Una desconfianza que se traduce como negativa para coadyuvar en la problemática financiera. En ese sentido, no es que no se le quiera apostar a la educación universitaria, sino que se están delineando otros derroteros para hacerlo. ¿Cuáles? Las Universidades del Bienestar. Y el proyecto va caminando: se afirma que en julio próximo estarán listas 88 universidades de las 100 que anunció el presidente López Obrador (La Jornada, 22 de mayo del 2020). Y la pregunta es, ¿por qué destinar recursos financieros para crear 100 universidades en lugar de fortalecer las universidades públicas que ya se tienen? Y la respuesta es porque con estas universidades se puede constituir un proyecto político-educativo propio. Esa es la apuesta de esto gobierno. Sólo que con ese propósito les complica la vida institucional, financiera, académica y política a las universidades públicas en México.
Empero, si esas son las directrices del gobierno federal, las universidades públicas seguramente recurrirán a la movilización de sus bases. Y lo afirmo, pese a que no haya un escenario favorable para las movilizaciones sociales en los próximos meses. Pero cuando el salario está en riesgo, no hay pandemia que inmovilice a las bases magisteriales.
Así, no hay que perder de vista este escenario con las universidades públicas en México. Y, sobre todo, observar dos aspectos: 1) Si las autoridades de la SEP mantienen la postura que manifiestan en este momento -que a mi parecer así va a ocurrir-; y 2) Si las universidades públicas en México alcanzan una posición común y deciden realizar una demanda colectiva al gobierno federal. Y, sobre todo, si esa demanda se remite a la parte institucional o se traslada igualmente a las calles.
Hay que estar atentos.
Se vienen tiempos difíciles.
