Jorge Cázares
José Ángel es uno de los 140 estudiantes de cuarto grado de la Normal Rural de Tiripetío, Mich., originario del municipio de La Huacana, de origen campesino, como la gran mayoría de los albergados en la histórica institución normalista. Al igual que sus compañeros, desde el 16 de marzo se tuvo que retirar de la escuela debido a la orden que ese mismo día hizo pública el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, de adelantar la fase uno de la pandemia generada por la COVID-19, decretando la suspensión de las clases a partir del 17 de ese mes, una semana antes de lo dispuesto a nivel nacional. No obstante, durante todo este tiempo, incluyendo el periodo vacacional, con la ayuda de su asesor docente, José Ángel ha seguido elaborando su Informe de Prácticas Profesionales, con el que busca obtener el título de Licenciado en Educación Primaria.
Sin embargo, al nobel futuro docente le preocupan los acontecimientos registrados en los últimos días de abril y primeros de mayo, en torno a su centro educativo y las demás Normales de Michoacán, envueltas otra vez en hechos represivos por parte del gobierno a pesar de la emergencia sanitaria. Y es que la administración de Silvano Aureoles, a través de sus funcionarios educativos, el 23 de abril publicó unas convocatorias para el ingreso 2020 a las escuelas normales oficiales, en las que se contempla una reducción de la matrícula global por cerca de 90 espacios respecto al año anterior, lo cual encendió las alarmas entre las comunidades normalistas, cuyos comités estudiantiles ya habían manifestado su desacuerdo ante la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, encabezada por Francisco Luis Sánchez Alfonso, desencadenando protestas representativas de los estudiantes que se encontraban de guardia y recibiendo como respuesta el uso de la fuerza policiaca, con un saldo de jóvenes heridos con armas de fuego el 28 de abril (https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/estados/027n1est), así como detenidos y encarcelados el 4 de mayo (https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/04/michoacan-policia-desaloja-100-normalistas-que-bloqueaban-vias-del-tren-3727.html.
El golpeteo no termina ahí, el 12 de mayo, autoridades educativas dieron a conocer el cese en sus funciones a los directivos de la Normal de Tiripetío, señalados por Sánchez Alfonso, de “seguir permitiendo e incitando a las reuniones colectivas dentro de la institución y desacatar todas las indicaciones de la autoridad competente” (https://www.facebook.com/111491460409098/posts/160146825543561/), cuando estos se limitaban a impulsar un “Programa de atención académica emergente (a distancia) ante la contingencia”, diseñado y presentado en su momento a las propias autoridades, tanto locales como federales. El plan punitivo oficial también incluye la expulsión de 12 estudiantes y el cese laboral de 6 docentes “comisionados”, sin olvidar al joven procesado en el penal federal “Mil Cumbres” desde el 7 de mayo.
Pero no todo es “garrote”, el gobierno silvanista también lanza algunas “zanahorias” a los estudiantes, ofreciendo, si aceptan sus condiciones (control absoluto a través de un director designado desde el poder), la aplicación de 4 millones de pesos en infraestructura para la asediada Normal, cuando antes ni una butaca les ha merecido. Además, a un grupo de docentes y trabajadores de la propia institución los tiene en sus manos, pues llevan más de nueve meses sin trabajar y disfrutando puntualmente de su salario y prestaciones, todo ello bajo el amparo y la impunidad que les brinda el flamante subsecretario Sánchez Alfonso.
Como si las cosas no fueran tan complicadas por la situación general, los integrantes de la comunidad normalista de Tiripetío se sienten desconcertados pero sobre todo indignados por el trato despótico recibido por parte del gobierno perredista, el cual, en sus cinco años de ejercicio sólo ha mostrado desprecio hacia ellos, no hay que olvidar las agresiones sufridas el 21 de junio y el 14 de octubre de 2017, así como aquella frase del gobernador cuando un grupo de estudiantes fueron reprimidos en Aguascalientes, por haber manifestado apoyo a sus pares de la Normal Rural de Cañada Honda: “qué bueno que les dieron su garrotiza”. Así, en sus propias palabras y hechos, se resume la cruel pedagogía del gobierno de Silvano.
