Juan Carlos Yáñez Velazco
La reforma a la reforma educativa del sexenio anterior caminó de forma vertiginosa en la Semana de Pascua. Cuando se había anunciado su deliberación para el siguiente periodo de sesiones, las maniobras del equipo presidencial destrabaron la aprobación en Cámara de Diputados y auguran una consumación inmediata primero en el Senado, luego en los congresos estatales. El 15 de mayo podría anunciarse en la conferencia mañanera que la “mal llamada reforma educativa” fue enterrada legalmente, mientras los aplausos, entre otros, de quienes cocinaron, promovieron y firmaron la de Enrique Peña Nieto se escuchan jubilosos.
La reforma a la reforma no goza de la complacencia universal de quienes la impulsaron, principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); sus tambores de batalla resuenan llamando a manifestaciones y paro indefinido el 1 de mayo (manifiesto de la Sección VII de la CNTE/SNTE). La historia no está escrita.
Carlos Ornelas, uno de los expertos principales en el sistema educativo mexicano, recuerda que la CNTE tiene largo pasado y advierte que sobrevivirá a AMLO. Algunos capítulos, por lo menos, habremos de descubrir en estos años.
Las correcciones a la propuesta enviada por el presidente de la República en diciembre, gracias a las exigencias de distintos grupos sociales y las universidades públicas, evitaron que la reforma en proyecto se enfrascara en una batalla insólita de pronósticos delicados: el gobierno federal contra la autonomía de las universidades públicas. Pasado el mal rato provocado por alguna tentación delirante, la autonomía se conserva en el texto constitucional, pero las universidades tendrían que revisar las lecciones que deja el affaire.
En el proceso de discusión hubo señalamientos y acusaciones sobre corrupción en las universidades, incluidas las del presidente, asunto que había expuesto el escándalo de la Estafa Maestra, pero que podría ser constante durante los siguientes años.
Cuando se acerca el aniversario 101 de la gesta argentina de los estudiantes de Córdoba, la autonomía de las universidades no puede estar sujeta a caprichos, ni ser rehén de disputas iracundas. La reforma no es dádiva, es una condición que las universidades deben dignificar con su trabajo cotidiano; y ser respetada, sin duda, por los gobiernos. De lo segundo los universitarios no son responsables, pero sí de lo primero, pues la autonomía no es patente de impunidad, ni certificado de legalización del autismo entre sus muros.
Un dilecto filósofo mexicano, Carlos de la Isla, ha escrito un mensaje que hoy resuena con más urgencia: en tiempos inciertos, de perplejidades y oscuridades, es de las universidades de donde deben provenir las luces que iluminen los senderos para superar diferencias y barbaries.