Rosalina Romero Gonzaga
Primer acto
Mientras en el dictamen de la reforma educativa emitido por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se estableció que en las niñas, niños y jóvenes, radica el interés supremo de la impartición de educación por parte del Estado para el bienestar, lo que ha predominado son los intereses de los grupos de poder político y económico: los de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión (PRI, PAN, PRD, MC), los de la CNTE, los del SNTE y de algunas organizaciones de la sociedad civil con poder económico (Mexicanos Primero, México Evalúa, Red Educación y Derechos).
En nuestro país, 4.8 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) de entre 3 y 17 años no asisten a la escuela. En el inicio del ciclo escolar 2016-2017, 152 mil alumnos de primaria, 355 mil de secundaria y 780 mil de educación media superior no continuaron con su educación, lo que significa que la tasa de abandono escolar fue de 5.3% en educación secundaria, y 15.2% en media superior. A partir de los 12 años la tasa de inasistencia aumenta, principalmente entre los NNA en localidades rurales de pobreza extrema, 90.4% para el grupo de 12 a 14, y a 63.2% para el de 15 a 17 años (INEE, 2019: 16-17). En pleno siglo XXI no se han creado las condiciones para que los NNA avancen entre grados y niveles educativos continuamente, de manera que completen su educación obligatoria en las edades establecidas.
Segundo acto
El gobierno de AMLO alienta la lógica corporativa desplegada por las corrientes sindicales: el SNTE de Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda apoyan la reforma educativa y laboral del gobierno en turno, sin condicionamientos, basada en la retórica de la supuesta democracia sindical: libertad sindical, derecho a la sindicalización, negociación colectiva, elección periódica de las dirigencias sindicales por medio del voto libre, directo y secreto, transparencia y rendición de cuentas; el SNTE de Elba Esther Gordillo y la organización Maestros por México impugnan la “reformita” del presidente, pero el gobierno le da entrada al juego político y cobijo para operar como lo hizo en los sexenios pasados; la CNTE ha defendido a ultranza la recuperación del control de las plazas y la nómina magisterial, sin impulsar un proyecto de educación alternativo.
La infraestructura física educativa del país es deficiente e inadecuada, donde el 45% de las escuelas de educación básica carecen de drenaje, 20% no tiene red de agua potable y 5% no cuenta con energía eléctrica; además, el 31% de las escuelas de educación básica presenta daño estructural y el 33% funciona con alguna estructura atípica, el 55% tiene carencias de accesibilidad y el 63% no cuenta con servicios de Internet. (INEE, 2019: 19)
Tercer acto
El gobierno federal emitió un memorándum a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda para establecer un conjunto de disposiciones de orden administrativo con la finalidad de frenar algunos de los efectos punitivos de la reforma del 2013 sobre el magisterio nacional. Sin embargo, el memorándum desató una serie de fuerzas e intereses que luchan por mantener a la educación pública como botín político. Ahora que se ha aprobado la reforma educativa, viene la disputa política y sindical en las leyes secundarias, donde se definirán aspectos laborales puntuales (más no pedagógicos) como el control de las plazas docentes y los criterios de ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes.
En la evaluación del desempeño docente, en los cuatro concursos de ingreso a la docencia realizados entre 2014 y 2017 han participado 649,256 sustentantes de educación básica y media superior, es decir sólo el 40%. Por su parte, la formación profesional in situ, a través del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), cuyos lineamientos de operación vieron la luz apenas en 2017, no ha podido operar por falta de suficientes asesores técnico-pedagógicos; la asesoría o acompañamiento ofrecida a docentes recién ingresados al servicio ha sido deficitaria: para el ciclo escolar 2015-2016, el 34% de los docentes no contaba con tutor, y del resto, sólo 55% mencionó haber tenido al menos una sesión de tutoría.
Cuarto acto…y el drama no termina
Mientras el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y el bloque opositor (PRI, PAN, PRD, MC) han establecido un nuevo pacto político para aprobar el dictamen negociado en comisiones, dictamen que sufrió alteraciones profundas con respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, siendo que con ello tuvieron los votos necesarios para modificar la Constitución Política. Ha trascendido que al dictamen se le hizo un adendum para modificar dos párrafos, uno que se refiere a la educación especial, y el otro sobre “cómo se darán los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de los profesores”. Con ello, Morena deja abierta la posibilidad para negociar las leyes secundarias en otros frentes, aliándose con el PRI-SNTE, el PRD-CNTE, el PT-CNTE, incluso, con el mismísimo poder económico o Mexicanos Primero.
La educación pública y, sobre todo, multigrado, que representan el 48% de los planteles educativos de secundaria en México, no cuentan con materiales pertinentes, ni se proporciona una formación inicial y continua a sus maestros con el fin de enfrentar situaciones de atención que ofrece el docente a más de un grado o todos los grados escolares. Con la reforma probada el día de ayer no se tendrán a tiempo los libros de textos, materiales educativos en preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato educación especial y, educación indígena, afectando de manera particular las áreas rurales y de difícil acceso. Mientras el gobierno federal considera que la aprobación de la reforma significa “un problema menos para el país”, los aprendizajes y logros educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estarán en riesgo ya que se deja a la deriva las orientaciones pedagógicas y curriculares de los planes y programas de estudio; se desatiende el desarrollo de habilidades para adquirir y construir el conocimiento pero, sobre todo, se desestima trabajar estrechamente con las escuelas públicas abandonadas en temas críticos como prevención del acoso, maltrato y abuso escolar; estrategias de colaboración entre escuelas, con las familias, las comunidades y otras instancias. Hoy en día, las escuelas públicas en México no cuentan con registros del desempeño de los alumnos durante su trayecto escolar, ¿no debería ser todo esto susceptible de formular una política educativa para abatir los altos índices de reprobación, repetición, rezago y abandono escolar en la que se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes?
Becaria posdoctoral del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, IISUE-UNAM
twitter: @rrgonzaga23
