El día de hoy se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma educativa que estamos promoviendo un grupo plural de especialistas en educación, miembros de la sociedad civil organizada y ciudadanos interesados en la política educativa. Como se sabe, luego de la presentación el pasado 12 de diciembre de una iniciativa de cambio constitucional del Artículo Tercero presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conjuntamente, las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitaron a los ciudadanos, “especialistas y organizaciones en general” a participar en las audiencias públicas programadas para analizar dicha iniciativa. De esta manera, se espera que el miércoles 6 vayan los docentes y sus representantes sindicales al congreso; el viernes 8, toca el turno a los especialistas y académicos; el sábado 9, a las escuelas normales y a las universidades; el lunes 11, presentarán los legisladores del ámbito local; el martes 13, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales; el viernes 15, los padres de familia, y el sábado 16 las autoridades educativas federales, estatales y municipales, así como a los directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En principio, se trata de un valioso ejercicio de deliberación pública. Habrá una asistencia nutrida (se registraron más de 800 participantes) y, aunque la liga para el registro falló recurrentemente, las comparecencias serán públicas y se transmitirán en línea. Muchos de nosotros esperamos debates alrededor de la propuesta presentada por el presidente, sugerencias para mejorarla, críticas y también esperamos que se consideren otras propuestas que hayan sido presentadas. Ése es el caso de la iniciativa RED (Red, Educación, Derechos) (@RMx2019), que un grupo plural — del que formo parte — presentó y que se explica a partir de tres ejes principales: los elementos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo que son valiosos y deben mantenerse; los aspectos que pueden mejorarse del Artículo Tercero actual, y los temas en donde sugerimos innovar basándonos en nuestra experiencia escolar y de investigación. Por ello, hemos denominado la propuesta MMI: mantiene, mejora e innova. Al ser una iniciativa alterna, buscamos que se revise, contraste, discuta en las escuelas y con los maestros. Y, a partir de ello, se deliberen pública y abiertamente los elementos que podrían apuntalar un cambio educativo real para todos y entre todos. Vale la pena enfatizar que este grupo nace de la amistad y de un interés colectivo por discutir la educación de México, no tiene ninguna adherencia partidista y trabajamos con nuestros propios recursos.
¿Qué elementos de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador determinamos razonadamente mantener en nuestra propuesta? En primer lugar, la preocupación central por combatir la desigualdad y la exclusión por medio del esfuerzo educativo. En México, desafortunadamente, los beneficios de la escolaridad y el conocimiento son aprovechados en mayor grado por los individuos mejor situados cultural, social y económicamente. Esto, coincidimos, fragmenta el tejido social y la sana convivencia.
Otro punto de convergencia con la iniciativa del Ejecutivo es poner en el centro de las políticas educativas a la niñez mexicana. Por eso, decimos que los “educandos son titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación”. La tercera concordancia tiene relación con el papel que tienen los maestros como agentes primordiales para mejorar la calidad de la educación. Esto, reiteramos, se logra garantizando el derecho a la actualización permanente y a la formación continua. En este sentido, acordamos eliminar la evaluación obligatoria en términos de permanencia laboral y terminar con ello a lo que algunos críticos de la reforma de 2013 han calificado como “punitivo”. Es cierto que una visión más amplia de quiénes son los profesores y cómo actúan en pos de su desarrollo personal y profesional es necesaria.
¿Qué cambios y matices se introdujeron a la iniciativa del presidente? Basándonos en la investigación educativa y en las tendencias actuales, se establece que en “el caso de la educación indígena, ésta se impartirá respetando plenamente la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a recibir educación pertinente”. Además, colocamos de nuevo la perspectiva “intercultural” en la agenda educativa, la cual inexplicablemente había sido omitida de la iniciativa original.
Sobre las escuelas normales, quisimos también complementar la iniciativa presidencial y establecer que no sólo el Estado debe darle “atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales”, sino ir más allá y aclarar que ese apoyo debe estar concentrado en las instituciones públicas. Existen evidencias de que algunas escuelas normales privadas operan de modo ineficiente y, por lo tanto, iría en contra de la “austeridad republicana” financiar al sector privado en lugar de apoyar decididamente al público. Asimismo, la iniciativa alterna a la del presidente establece que las escuelas normales públicas deben contar con “libertad académica y autonomía de gestión”, tal como estudiosos del normalismo han señalado. Considerar la evidencia científica en el campo educativo sirve, entre otras cosas, para persuadir a los distintos actores de que el interés público se debe cultivar en primer lugar y sobre cualquier presión de grupo. Que en la nueva generación de políticas educativas hable el conocimiento acumulado y no solamente los chantajes o los intereses empresariales y políticos.
Para terminar, es importante dejar en claro qué diferencias existen entre la iniciativa de RED con la propuesta enviada por el Ejecutivo. Primero, se propone que la “educación que imparta el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”. Esto garantizaría “el respeto a la dignidad de las personas”, las cuales se consideran como seres autónomos. Esto —a mi juicio— contribuye a rebasar la noción de “educación bancaria” (Freire); es decir, aquella en donde el educando solamente es visto como un receptor pasivo de conocimientos. Aunado a ello, también se señala que la educación “impartida por el Estado será integral, equitativa, incluyente, intercultural y de calidad” y “contribuirá al desarrollo sostenible y fomentará en las personas el autocuidado, el civismo, el amor a la Patria, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. Esto en parte resuelve el vacío filosófico-conceptual de la iniciativa de AMLO que algunos hemos previamente comentado.
Segundo, hay al menos cuatro elementos que la iniciativa de RED enfatiza y que no están en la propuesta del presidente:
1) Autonomía política —no sólo técnica— del propuesto Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CENMCE). La autonomía política debería ser una demanda social por tener información objetiva y transparente de cómo avanza o retrocede el sistema educativo nacional (SEN). Esta información debe darse a conocer independientemente de lo que quiera la SEP. Esto no es para culpabilizar a un solo actor o a un gobierno en específico, sino para desplegar ejercicios de pedagogía ciudadana y hacernos todos corresponsables de lo que ocurre en las escuelas, sistemas educativos locales, estatales y el federal. Con autonomía se construye ciudadanía.
2) El i ngreso al servicio docente y la promoción del maestro se harán por medio de evaluaciones integrales y obligatorias. Este punto, curiosamente, se dejó de lado en la iniciativa presidencial, lo que abre la pregunta de que el gobierno de AMLO no es congruente. Por un lado, dice combatir la corrupción; por el otro, ¿se hará de la vista gorda para que las cúpulas sindicales, junto con las “autoridades” educativas estatales y federales, funden su propio negocio (ilegal) de venta y herencia de plazas? Además, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se quiere dejar sin efecto la evaluación a partir de la presentación de ésta lo que viola la Ley, por un lado, y por el otro, manda una mala señal a los maestros y candidatos que no tienen “palancas” para entrar al servicio docente. Por congraciarse con algunos, se desincentiva al docente más débil políticamente hablando.
3) Educación inicial. Igual de incongruente resulta ser que, por un lado, el gobierno de AMLO diga querer atacar la desigualdad, y por el otro no le haya dado espacio a la educación inicial (0-3 años), tal como varios legisladores se lo recordaron al titular de la SEP en su comparecencia del pasado 28 de enero en el Palacio Legislativo. La educación inicial, desde hace años, ha mostrado ser un enfoque de política pública basado en la evidencia que ofrece una “oportunidad real” de hacer mejoras en la vida de los niños para prevenir problemas sociales persistentes y combatir la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Por eso, la iniciativa de RED señala: “El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.
4) Autonomía universitaria. Pese a que varios miembros de la RED señalaron oportunamente que la iniciativa de AMLO eliminaba la fracción referente a la autonomía universitaria y a que el titular de la SEP reconoció que tal omisión había sido un “error”, aún falta incorporarla en la propuesta del Ejecutivo y sobre todo, hacerla efectiva a través de políticas universitarias radicalmente distintas a las que ahora prevalecen.
Por lo tanto cabe la pregunta: ¿queremos o no una verdadera transformación? Si es así, la deliberación pública, el debate parlamentario, la incorporación de la crítica y el reconocimiento de todas las voces discordantes serán necesarias. Ni el gobierno de AMLO ni muchos de nosotros deseamos que se repita la cerrazón con que actuó el gobierno pasado. Por lo tanto, habrá que escuchar la voz contraria, revisar las distintas iniciativas, persuadir al opositor de las bondades de la propuesta oficial, así como verlo como un igual para poder debatir con él públicamente. A partir de estas condiciones, probablemente se pueda construir un mejor marco legal para las políticas educativas, pero además, nos podríamos entender mejor para crear los esquemas de colaboración que todos en México necesitamos. El gobierno tiene la palabra: ¿simulación con mayor desconfianza o consenso por vía de la persuasión? Una clara prueba de fuego para ellos y también para nosotros.
*Texto publicado originalmente en el Blog de Educación de Nexos
