La comunidad de académicos, científicos y humanistas del país no es cualquier cosa. Este colectivo concentra una parte importante del talento y la inteligencia con que cuentan nuestras instituciones de investigación, educación superior y cultura. Además es una comunidad organizada y que posee, además de experiencia, probada capacidad para deliberar y discutir las mejores vías para hacer avanzar la frontera del conocimiento en sus respectivas disciplinas.
Bien harían las nuevas autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología si proponen y realizan encuentros de diálogo con dichas comunidades para someter a discusión las ventajas y los riesgos de nuevos diseños de fomento a la actividad científica, las reglas y criterios de evaluación de los posgrados, el enfoque general del Sistema Nacional de Investigadores, las cátedras nacionales y el resto de los programas del Conacyt que se pretenden transformar.
Cualquier política pública, en este caso la correspondiente al sector de ciencia y tecnología, se enriquece, pero sobre todo se legitima, a medida en que toma en cuenta el punto de vista de los interesados e involucrados en su puesta en práctica. Por muy sensatos o creativos que puedan ser los diseños de renovación, su apertura al debate público, con posibilidades de adecuación a las necesidades y demandas de los destinatarios, seguramente los fortalece.
Pero no solo es esa razón por la que Conacyt debe someter a consulta sus propuestas de política científica. También hay disposiciones normativas vigentes que establecen esta vía. Para empezar, lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo Artículo 21 dispone: “La formulación del Programa Especial estará a cargo del Conacyt con base en las propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico”.
Por otra parte, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., organismo creado hace 16 años en calidad de órgano autónomo permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt, lo obligan a “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica (Art. 6).
Es decir que Conacyt debe someter a consulta sus propuestas y el Foro Consultivo tiene facultades para convocar y organizar la consulta respectiva. Lo ha hecho en otras ocasiones con buenos resultados. Conviene agregar que, a partir de este año, dicho organismo es encabezado, con nombramiento de coordinadora general, por la doctora Julia Tagüeña, quien se desempeñó, de 2013 a 2018, como directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt y por lo tanto como autoridad principal en la gestión del Sistema Nacional de Investigadores.
La interacción entre Conacyt y el Foro Consultivo podría perfectamente instrumentar un amplio proceso de consulta con la comunidad científica, académica y tecnológica. No solo deseable, sino posible y productivo.
También sería deseable y oportuno tomar en cuenta, como interlocutor legítimo, a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Esta agrupación, reconocida como el organismo más representativo de la comunidad científica mexicana, promovió en colaboración de múltiples instituciones de educación superior, ciencia y tecnología del país, el documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024” (julio de 2018). En este abundan recomendaciones generales y específicas para el desarrollo de la actividad científica en el país.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) publicó en 2018 su documento “Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México”, que contiene, también con carácter indicativo, recomendaciones prácticas para facilitar la vinculación entre el posgrado universitario, las prácticas de investigación académica, y la política pública de ciencia y tecnología. Hay entonces tela de donde cortar.
Sería en cambio un error, desde mi punto de vista, dejar pasar la oportunidad de afianzar el diseño de nuevas políticas en un proceso de interlocución con las comunidades relevantes. Ojalá que esta posibilidad se esté considerando en donde corresponde tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Sobra recordar que Conacyt debe servir a los científicos, académicos y tecnólogos y no al contrario?
