En días pasados, causó revuelo en la opinión pública el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmara el documento “Decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual será enviado al poder legislativo para su posible aprobación. La mayoría de los debates propiciados en torno a este hecho se centraron en dos temas: las propuestas para realizar modificaciones a la evaluación docente y la intención de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La discusión se ha alejado así de situaciones problemáticas educativas que incluso no son inherentes sólo a la Reforma de 2013. Así pues, vale la pena revisar los principales desafíos que, en términos educativos, deberá enfrentar la nueva administración del gobierno federal.
Quizá uno de los retos más importantes que el nuevo gobierno federal tendrá es revertir la lastimosa inequidad que caracteriza a nuestro sistema educativo. Lo anterior se resume en una idea: se proporciona los mejores servicios a los más favorecidos, mientras que los que se encuentran en situaciones desventajosas (económicas, sociales, de salud, etc.) generalmente reciben las peores oportunidades educativas, propiciando así un círculo vicioso que encadena el origen con el destino del individuo. Invertir la situación de inequidad resulta por demás complejo, pues es resultado de la acumulación de pequeñas y grandes acciones que hacen que grupos como los indígenas o las personas con discapacidad, por citar a algunos, sean condenados por la escuela.
El nuevo gobierno deberá hacer suya la deuda educativa histórica que el país tiene con los indígenas y las personas con discapacidad. El agravio educativo a estos grupos pasa en primer término por las penosas condiciones materiales de los planteles: una de cada cuatro primarias indígenas (24.7%) carece de sanitarios (INEE, 2016), mientras en las escuelas primarias del país “poco menos de 30% tiene rampas y puertas amplias” (INEE, 2016, p.18). Sobre la situación de los profesores, destaca que los maestros de planteles indígenas, lejos de tener mejoras salariales compensatorias, reciban un salario inferior al del resto del magisterio del país: los de un preescolar indígena ganan 15% menos que los de un preescolar general (INEE, 2015, p.70). Por su parte, en lo que refiere a la atención de personas con discapacidad, sobresale la escasez de personal: sólo “una cuarta parte de las primarias cuenta con personal de apoyo para atender a estudiantes con discapacidad o que requieren educación especial” (INEE, 2017a, p. 24). Situaciones como las anteriores desembocan en muestras vergonzosas de inequidad educativa: tan sólo en analfabetismo, el índice de indígenas y personas con discapacidad es seis y cuatro veces, respectivamente, mayor al del promedio nacional. De esta forma, es evidente y necesario que el nuevo gobierno federal deberá diseñar políticas que permitan atender de manera efectiva no sólo a los indígenas y a las personas con discapacidad, sino a muchos grupos vulnerables más, tales como los niños trabajadores o los migrantes.
Uno de los desafíos más relevantes para la nueva administración federal tiene que ver con el mejoramiento del acceso, la permanencia y la trayectoria escolares. Resulta trágico pensar que durante el ciclo escolar 2015-2016 se hayan dado de baja casi 6,000 alumnos por cada día del calendario escolar. Es también preocupante la falta de oportunidades educativas, sobre todo en los extremos del trayecto educativo obligatorio: durante 2016-2017, 56% de los niños de tres años no estaban matriculados, mientras que el 42.4% los jóvenes de 17 años nunca se inscribió. Las cifras anteriores dan cuenta que una situación tan básica para ejercer el derecho a la educación, como estar en una escuela, requerirá esfuerzos considerables por parte de la nueva administración: desde la construcción de planteles para mejorar la cobertura educativa hasta la generación de condiciones que eliminen o compensen las condiciones sociales y económicas que obstaculizan a millones de niños y jóvenes.
Otro de los retos importantes para el nuevo gobierno de la República es convertir a todas las escuelas de nuestro país en lugares dignos para aprender. Al respecto, la nueva administración federal tendrá un problema por demás complejo que resolver: escuelas primarias sin agua (5.5%), energía eléctrica (7.7%) o mecanismos para eliminar aguas negras (6.3%) (INEE, 2016), tan solo por mencionar algunas carencias. En un país que aspira a obtener resultados educativos de excelencia, debería ser inaceptable encontrar escuelas con privaciones en aspectos tan elementales. Así pues, la nueva administración deberá hacer un esfuerzo no sólo por aumentar el presupuesto para las mejoras materiales de los planteles educativos sino, además, por vigilar el uso correcto de los recursos. Así pues, el combate a la corrupción, eje de acción de la naciente administración, deberá concretarse a cabalidad en el ámbito educativo para evitar prácticas como el sobrecosto o la simulación, que terminan por hacer insuficiente la obra educativa material.
Las escuelas multigrado representan también una de las taras importantes que tendrá que atender el nuevo gobierno de la República. De entre las dificultades de estos planteles, destaca el tener que enfrentarse a la existencia de currículo, materiales educativos, planes y programas de estudio pensados para una escuela de organización completa, lo que hace que la labor en ese tipo de escuelas sea más compleja. Aunado a lo anterior, debe considerarse que la formación inicial de los profesores tampoco responde a las necesidades de los planteles multigrado: aunque en algunas Normales existen cursos optativos, dentro de la malla curricular oficial no se advierten asignaturas destinadas a desarrollar en los profesores las habilidades que implica el atender de manera simultánea a varios grados escolares. Este reto, aunque no ha tenido la suficiente visibilidad en la opinión pública, es por demás importante: basta recordar que las escuelas primaria multigrado representan el 50.4% del total de las escuelas primarias del país.
Otro de los desafíos considerables que el nuevo gobierno enfrentará es la consolidación de un sistema de evaluación docente efectivo y pertinente. Al respecto, se puede decir que la evaluación surgida a partir de la Reforma Educativa de 2013 nunca fue aceptada por la base magisterial, al ser percibida más como un instrumento de control laboral que como un medio para el diagnóstico y mejoramiento de las aptitudes profesionales. Sin duda su mejoramiento tendrá que pasar por redefinir el concepto de mérito al cual tanto aludieron los defensores de esta evaluación. El mérito ya no deberá pasar únicamente por la acreditación de evidencias de conocimiento (examen) o producto (informe de responsabilidades), sino también por evidencias de desempeño (reportes de observación de clase, por ejemplo). Además, algunos instrumentos de evaluación deberán tener una modificación profunda: el examen, por ejemplo, además de excesivamente extenso, aborda aspectos que poco tienen que ver con la práctica cotidiana del profesor. En suma, el nuevo gobierno deberá encontrar una forma de evaluar que realmente tenga repercusiones favorables en el desempeño del profesor, más allá de servir como mecanismo para determinar el ingreso, la permanencia o la promoción.
La nueva administración del gobierno federal deberá también pugnar por resolver el deterioro de la figura del docente. El problema anterior tiene muchas aristas: pasa primeramente por reconocer, aunque parezca por demás obvio, a los docentes como profesionistas especializados en la enseñanza (lo cual es negado en el artículo 24 de la Ley General del Servicio Profesional Docente). Deberá el nuevo gobierno también buscar los mecanismos para la mejora de los ingresos de los profesores: según la OCDE (2017, p. 392), el salario inicial anual bruto de un maestro mexicano de primaria es de 17,271 dólares, apenas un poco más de la mitad del promedio de la organización (30,838). Un país que posiciona a la educación como una de sus más altas prioridades no debería permitir que “más de la mitad de los docentes de educación preescolar y primaria [tenga] niveles salariales inferiores a los de otros profesionales con contratos de medio tiempo o más” (INEE, 2015, p. 75), como sucede actualmente.
La mejora de la figura del docente deberá trascender también por consolidar la formación inicial y permanente del profesorado. Al respecto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reconoce las “desfavorables condiciones materiales y de infraestructura, servicios y recursos humanos para los dispositivos de formación” (2015, p.119) de los docentes. En años recientes, la formación del profesorado ha tenido momentos complicados: basta decir que en 2013 el presupuesto otorgado al Sistema Nacional de Formación Continua se tradujo en un raquítico promedio de 363.91 pesos para las actividades formativas de cada docente de Educación Básica. La consolidación de la formación docente deberá pasar necesariamente por el fortalecimiento de las Escuelas Normales, no sólo en términos de infraestructura o robustecimiento de su matrícula, sino por reconocer su función social al concebir a los egresados como los únicos especializados para conducir los procesos de aprendizaje de un grupo escolar, situación que ha sido negada en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que en su artículo 24, permite que personas con escasa o nula preparación pedagógica acceda a estar al frente de las aulas.
Otra de las tareas necesarias para el nuevo grupo en el poder será combatir el modelo de administración excesivamente burocrático que predomina en las escuelas mexicanas. Lo anterior ha mermado considerablemente la capacidad de gestión de los centros escolares. Inscripción, cálculo de estadística escolar, actualización de plantillas de personal o registro de calificaciones son sólo algunos procesos administrativos que pudieran ser simplificados o incluso automatizados, en aras de incrementar la capacidad de gestión de las escuelas. La creación de plazas directivas administrativas pudiera contribuir a hacer más llevadera la carga burocrática que tienen las escuelas, aunque cabe aclarar que no resolvería la situación problemática. La solución de fondo pasará irremediablemente por aminorar los procesos administrativos que, en muchas ocasiones, llegan a eclipsar las labores pedagógicas de maestros, directores y supervisores.
Así pues, el nuevo gobierno tendrá un reto educativo por demás considerable. Sus tareas no sólo deberán remontarse a combatir la herencia de la administración federal pasada, sino de problemas añejos que tomará varios años revertir. Desde luego que acciones como la modificación de la evaluación docente son importantes, pero existen otras que son aún más trascendentes y que no reciben la misma atención que los asuntos anteriores. Es urgente, entre muchos problemas que se divisan en el panorama educativo nacional, realizar las acciones que conduzcan a que nuestro sistema educativo se convierta en un aparato que promueva la igualdad social y la superación de todos sus beneficiarios.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
REFERENCIAS
INEE. Informe de resultados PLANEA 2015. El aprendizaje de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria en México. Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. México: autor, 2017.
INEE. Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014. México: autor, 2016.
INEE. Los docentes en México. Informe 2015. México: autor, 2015.
