Sergio Martínez Dunstan
El sábado 1º de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió formalmente la presidencia de México aunque de facto venía ejerciendo el poder con anterioridad. En la toma de protesta esbozó su proyecto de gobierno y reafirmó sus promesas. En relación con el tema educativo, dijo poco, muy poco. Nada diferente de lo que se ha venido diciendo. Mi sorpresa fue la ausencia de cómo se pretende concretar el proyecto educativo, algo más específico y no sólo buenas intenciones. Ha habido y hubo mucho ruido y pocas nueces según lo que he podido observar.
AMLO comprometió el otorgamiento de becas y más becas para los estudiantes de los diferentes niveles educativos; la regularización y sostenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS); la creación de cien universidades públicas; el impulso a la educación artística; el apoyo decidido al posgrado y a la investigación; y la gratuidad de la educación en todos los niveles de escolaridad. Además de la infaltable bandera de su campaña electoral: la cancelación de la mal llamada Reforma Educativa.
Previamente, por razones obvias, descarté que en el discurso de toma de posesión se hicieran anuncios espectaculares porque había que desmarcarse de la parafernalia empleada en los gobiernos anteriores; no obstante, esperaba más información sobre como se pretende lograr los compromisos establecidos. Los procedimientos se guardaron probablemente para otro momento.
Esta hipotética mesura —así quisiera entender la ausencia de soluciones—, contrasta con la ceremonia oficial de toma de posesión que, desde mi perspectiva, fue desenfrenada a la vez que llena de simbolismos. Sería un despropósito desconocer las formas de acometer el mayúsculo reto, pero de lo que pude observar fue un ritual muy diferente a la forma de investir a los presidentes anteriores. Aunque en el discurso no hubo suficiente claridad. Quizá por indecisión, o por indefinición, ¿quién sabe? Lo cierto para mí, es que la problemática educativa está diagnosticada en exceso, pero muy poca atendida. Intento ser optimista al pensar que tal vez se quiere evitar ponerse una camisa de fuerza para ensanchar el margen de maniobra, a fin de actuar con plena libertad. Es decir, considero que se tiene claridad sobre el punto de partida y de llegada aunque los caminos aún son imprecisos. Es obligadamente necesario establecerlos con claridad en el Plan de Gobierno y, sobre todo, en el Programa Sectorial.
Mis ansias se desbordan intentando comprender la estrategia de la actual administración. Y, mi incapacidad de descifrarla, me orilla a encontrar en la adivinación la respuesta o analizarla desde otra perspectiva, de manera que me enfoqué a analizar la recientemente reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (publicada el pasado treinta de noviembre) y la comparé con la inmediata anterior. Encontré ideas destacables que pudieran dar luz sobre la vía por la cual se pretende transitar hacia el cumplimiento del proyecto político en materia educativa de la administración actual. Le comparto, gentil lector, los asuntos que corresponderá despachar al ministerio educativo y mis comentarios al respecto. Es decir, la Secretaría de Educación Pública:
- Dejará de crear y sostener a las escuelas oficiales en la Ciudad de México ya que el gobierno de la CDMX deberá asumir, según entiendo la administración y los recursos necesarios para la operación de sus escuelas, como lo hace cualquier otro estado. Siendo así, se consideraría a la CDMX como la entidad federativa número treinta y tres con todas sus prerrogativas y responsabilidades.
- Colaborará para el establecimiento de un sistema destinado a a obtener, sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la sociedad, información sobre la operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos y condiciones estructurales del Sistema Educativo Nacional (SEN) en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación para la Evaluación de la Educación (INEE). Desde una óptica personal, esta función coincide con los propósitos del Sistema de Información y Gestión Educativa (quizá pretenden quitarle ese nombre para eliminar cualquier alusión a la mal llamada reforma educativa) y pudiera traslaparse con algunos propósitos del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Se deja entrever la permanencia del INEE aunque no tendría la facultad exclusiva de evaluar la calidad de la educación o sólo se pretende brindar información sin juicio de valor alguno.
- Creará institutos de investigación para el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior. Espero se haga realidad porque se impulsaría la investigación en educación básica y se llenaría un vacío que se ha venido cubriendo apenas con la investigación en algunas instituciones como el Departamento de Investigación Educativa (DIE) del CINVESTAV. La SEP pudiera potenciar esta acción a niveles más elevados, creo yo, con todo y la austeridad republicana.
- Mantendrá al corriente el Escalafón del magisterio y creará un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado. Ello confirmaría la desaparición del Servicio Profesional Docente, con el fin de acabar con la evaluación punitiva de los maestros y, en consecuencia, redundaría en la cancelación de la mal llamada reforma educativa.
- Garantizará la capacitación y formación continuas del magisterio del país, así como del personal directivo y de supervisión escolar, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias docentes. Esta propuesta es acorde a lo que se ha venido impulsando por parte del actual Secretario de Educación Pública.
- Formulará, regulará, coordinará y conducirá la política educativa que competa al Ejecutivo. La evaluación de la política educativa quizá la realizaría el INEE, el CONEVAL o ambas. Percibo el rediseño del INEE sin las atribuciones conferidas en el marco del Servicio Profesional Docente y dedicada a la evaluación de la política educativa.
- Establecerá los acuerdos necesarios para cumplir lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional y promoverá la participación social en la materia. Creo que con ello le dará cabida al Acuerdo Nacional sobre la Educación promovido por Esteban Moctezuma a través de los Foros de Consulta.
- Conducirá, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, con el magisterio nacional, con instituciones especializadas en educación, con agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales y demás actores sociales en la materia. Esta acción contribuye a evitar —creo yo— lo que sucedió en la administración anterior, cuando la Secretaría de Gobernación atendió de manera directa as inconformidades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejando al margen de las decisiones a la SEP.
Faltaría conocer las implicaciones, y las probables modificaciones, a la Ley General de Educación, la Ley del INEE, la posible la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente así como los reglamentos, normas, acuerdos y las modificaciones necesarias para adecuar el marco jurídico de la educación a estas nuevas finalidades. Considero que lo sustancial está relacionado con el pensamiento y la acción. Espero con ansiedad las modificaciones al marco legal del proyecto de gobierno, así como la definición concreta de la política educativa y de los programas de gobierno específicos. Sin embargo, tengo que esperar la información que ayude a disipar la incertidumbre. Porque hasta hoy he escuchado mucho ruido y he visto pocas nueces.
Por otra parte, quisiera aprovechar el espacio para hacer una aclaración sobre mi colaboración anterior, titulada “O te aclimatas o te acli… mueres”, ya que algunos colegas y amigos me han señalado un aspecto fundamental que afecta el sentido del comunicado. En el primer renglón del segundo párrafo dice “realización del 47o Congreso Nacional” y debe decir “realización del 47o Consejo Nacional”. Esta corrección es indispensable porque el Congreso y el Consejo son figuras estatutarias diferentes. De hecho, al haber sido en el marco de un Consejo Nacional a elección de Alfonso Cepeda Salas como Secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) transgrede los estatutos. Por ello, su nombramiento es rechazado por la asociación civil, Maestros Comprometidos por México (MxM), afín a Elba Esther Gordillo. La impugnación se fundamenta en los propios estatutos del SNTE. El Congreso Nacional, Órgano Supremo de Gobierno, tiene, entre otras facultades, elegir y remover a quien ocupe la Presidencia del SNTE y reformar el Estatuto del Sindicato. En contraparte, según este mismo Estatuto, al Consejo Nacional, Órgano Nacional de Gobierno Sindical, le corresponde, entre otras atribuciones, resolver sobre los asuntos que competen al Congreso Nacional, en los periodos en que éste no se reúna, con excepción de lo relativo a Reformas al Estatuto. En el 47o Consejo se autoriza la licencia definitiva de Juan Díaz de la Torre Presidente del SNTE y desaparece esta figura,. De esta manera, se viola flagrantemente el estatuto. Por ello, este asunto se está litigando actualmente en tribunales. Cabe esperar el pronunciamiento o posicionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Les ofrezco una disculpa por este error y agradezco su comprensión. De igual manera, expreso mis sinceras gracias a quienes me señalaron esta diferencia y me explicaron la importancia de aclararlo.
Carpe diem quam minimun credula postero
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