Liliana Carrasco Juárez
Hace un par de días, se dio a conocer el número de denuncias por abuso sexual en planteles de educación básica en CDMX. Estas ascienden, en lo que va del presente ciclo escolar a 174 y de agosto de 2012 a la fecha suman 890, según datos del periódico Excelsior. Esto significaría, que en los dos meses que van de este ciclo, hay un aumento de 55 casos con respecto al promedio de los últimos 6, lo que resulta más impactante si tomamos en cuenta que estamos comenzando el tercer mes del ciclo escolar 2018-2019. ¿Qué está pasando en las escuelas? Este fenómeno debería obligar a la Secretaría de Educación Pública a centrar su atención urgentemente.
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (antes Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal) ha impulsado los protocolos por maltrato, abuso y acoso sexual infantil. Sin embargo algo está fallando y las cifras siguen creciendo, lo que demuestra que no se cumplen al pie de la letra dichas normas y la inversión de recursos en la materia parece no ser tan efectiva a pesar de la existencia de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) que se encarga de dar seguimiento en los planteles de educación básica y de efectuar indagaciones; de igual manera se han emitido Protocolos para la atención y prevención de la violencia sexual en las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial en la Ciudad de México. De hecho, en este último de año se amplió la descripción de mecanismos en los documentos que tienen por finalidad regular la vida escolar.
¿Pero de qué sirve la creación de normatividad y de más protocolos si en la vida real siguen generándose agresiones sexuales a los menores, como el reciente caso del kínder Marcelino Champagnat, en el que al menos, de las 20 denuncias presentadas, se estarían confirmando 3 casos que integran la carpeta de investigación? ¿Cómo pueden explicar la escuela y la SEP, que jamás detectaron conductas irregulares por parte del personal que estaba a cargo de los menores? Se supone que los niños de este nivel educativo jamás se encuentran con una sola persona: ¿Cómo nadie lo notó, ni los directivos, ni el resto del personal, ni las autoridades educativas encargadas de la supervisión continua de los centros escolares? ¿Cuántos casos más y que no se conocen se están gestando en estos momentos? El caso fue ya turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de un tema educativo de competencia federal, lo que puede llevar a una nueva recomendación para la SEP.
La prevención en las escuelas no está dando resultados: no se trata de generar circulares a diestra y siniestra difundiendo los protocolos ni solicitando evidencias de capacitación entre el personal y mucho menos de abrir más unidades de atención. Por otro lado, los protocolos de prevención y atención año con año son modificados y ampliados y su difusión llega a convertirse en una obligación engorrosa que se comprueba con meros documentos y firmas de que se impartió capacitación.
Un buen inicio sería implementar verdaderas estrategias de intervención en los planteles, ya que por lo menos en las escuelas públicas, no se aplican pruebas sicométricas o se carece de perfiles sicológicos de las personas que trabajan con los menores. Se trata de una acción que debe plantearse como prioritaria a través de una verdadera campaña de concientización, capacitación y prevención nacional: la prevención debe ser una acción real, apropiable, sentida y medible para evitar casos tan graves como el que penosamente atraviesa la comunidad del Marcelino Champagnat.
Liliana Carrasco Juárez
Forma parte de “Legal Educación Abogados”, despacho legal especializado en consultoría, defensa y capacitación legal para escuelas de educación básica a través de un enfoque preventivo con la finalidad de transformar la educación en el país mediante la construcción de mejores entornos escolares.
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