La llegada de un nuevo sexenio es pretexto para dejar aflorar los distintos deseos y las aspiraciones contenidas para una mejor educación. Ante tal contexto es obvio pensar que requerimos un mejor servicio educativo, es decir, una mejor educación que permita mejorar las evaluaciones, los indicadores educativos, la calidad del desempeño de los y las docentes, la calidad de los aprendizajes adquiridos por los sujetos escolares, el funcionamiento de todo el sistema educativo en su conjunto, etc.
El problema viene más adelante cuando no es posible cumplir con estas aspiraciones y deseos por distintos motivos. A partir de ahí surgen las siguientes preguntas:
¿Qué entendemos por mejora de los elementos básicos del sistema?
¿Cuál es el procedimiento que deberá seguirse para conseguir dicha mejora?
Me detengo en esta última pregunta para dar cuenta de que los procedimientos que se pueden emplear básicamente son de dos tipos: directivo y participativo. El otro asunto que habría que analizarse viene siendo la relación existente entre el sistema como tal con algún componente en específico que forma parte del mismo.
En este sentido se reconoce que existen diversas instancias que aspiran a mejorar el funcionamiento del sistema o mejorar alguno de los componentes específicos del mismo que hemos reconocido, sin embargo, hay algunos actores sociales que tienen una aspiración auténtica de mejorar el funcionamiento del sistema pero siguen haciendo lo mismo, es decir, no cambian los procedimientos que realizan para conseguirlo, no se exigen ni una mínima parte de diferencia de cómo aprendieron a hacer las cosas, ante ello los resultados no van a variar serán muy parecidos a cómo se obtienen con dicho procedimiento usado rutinariamente.
Desde una perspectiva diferente, se reconoce que mejorar la educación (el sistema en su conjunto y sus diversos componentes), implica tener y usar ciertos espacios de poder. El poder brinda legitimidad y permite de manera más fácil actuar en torno al sistema, con ausencia de poder (aun con una mejor propuesta) es más difícil incidir en el sistema y garantizar los cambios que se desean. Quien ha logrado generar poder en educación pretende conservarlo y paradójicamente eso es lo que impide que el propio sistema cambie o se reforme.
Puede decirse, que lo anterior es lo que está pasando actualmente en nuestro sistema, existe una contradicción estructural entre las aspiraciones de mejora educativa en contraposición a los grupos que se han instalado en el sistema y que tienen poder (real o simbólico). Pretender cambiar el sistema (su totalidad o sus componentes), implica desmantelar el poder y los grupos que lo ostentan, sin embargo dichos grupos no están dispuestos a renunciar al poder que han generado en los últimos años.
En el centro de esta pugna está la cotidianidad de la vida escolar, lo que sucede todos los días al interior de las escuelas la práctica de los docentes y las prescripciones institucionales es sólo una pequeña parte de una realidad más compleja, que está ahí.
El cambio en educación, el cambio verdadero en el sistema que pudiera reflejarse en la mejora de los indicadores educativos implica neutralizar los excesos de los grupos de poder (SNTE, empresarios, burocracias educativas, etc.) para dar(le) entrada a las nuevas propuestas. La garantía del cambio educativo implica luchar en contra de los actuales grupos de poder, se trata de que cedan sus excesos hegemónicos.
Como lo reconocía desde hace muchos años Tomás Kuhn, los cambios en el sistema vienen desde los márgenes del mismo, hay que mirar que se mueve actualmente en los márgenes del sistema educativo porque de ahí viene el cambio.