Óscar Hugo Faustino Zacarías
En este proceso político en el que la izquierda mexicana ha llegado a la silla presidencial, han surgido una serie de interrogantes. En términos de política pública, la incertidumbre versa en saber bajo qué criterios se definirán los problemas públicos a resolver, quiénes serán los aliados, bajo que condiciones, cuáles serán las rutas de mejora y qué instrumentos de política se utilizarán.
Si bien es cierto que la incertidumbre por el cambio está presente en todos los sectores públicos, desde la política energética hasta la económica, lo que ha ocupado gran parte de la agenda y de la opinión pública ha sido el sector educativo, específicamente el tema de la abrogación, derogación o cancelación de la Reforma Educativa de 2013 (RE); y no es para menos, Andrés Manuel ocupó como estandarte político la cancelación de la RE, retomando en su discurso conceptos posicionados por la disidencia sindical concentrada en la CNTE, tales como: “reforma punitiva”, “reforma laboral”, “la mal llamada reforma educativa”, “evaluación punitiva”. Ahora la CNTE exige que se le cumpla.
Aunque Andrés Manuel no ha entrado en funciones (formales), los legisladores de Morena (y sus aliados) han retomado sus promesas de campaña para empezar a generar las modificaciones. En materia educativa, en menos de un mes, ya lanzaron 2 exhortos (uno la cámara de diputados y otro la de senadores) para detener la evaluación de desempeño docente programada para noviembre. Asimismo, el presidente del Senado, Martí Batres, presentó el 13 de septiembre una iniciativa de reformas al artículo tercero (cambios a las fracciones III, VII y VIII) para derogar la Reforma Educativa. Mientras que el 18 de septiembre, la bancada del PT presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para abrogar la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Al aprobarse, se tendría un plazo de 6 meses para hacer una nueva reforma.
México se encuentra en el proceso de la (re)construcción de su política educativa, pero, ante la incertidumbre y los múltiples posicionamientos de los actores (incluso al interior de Morena), no se sabe con exactitud cuál es el rumbo que tomará la educación en México, cuál será el principal problema que se intentará resolver, cuáles serán los costos políticos y, principalmente educativos, que se tendrán que pagar, ni quiénes serán los principales beneficiados. Sin embargo, es posible construir algunos escenarios a partir de lo que dicta la teoría.
Ante una indudable nueva reforma educativa, es pertinente retomar una breve clasificación de reformas educativas a partir de las experiencias internacionales. La primera generación de reformas educativas, partió de la problemática de la cobertura de la educación; lo que se quería lograr era que todos tuvieran acceso a la educación. Por ello, las reformas estaban encaminadas a la descentralización de los servicios educativos y a alcanzar una cobertura universal de los mismos.
Una vez resuelto el problema de la cobertura de la educación, al menos de la obligatoria (educación básica), la segunda ola de reformas educativas se concentró en buscar la calidad y la equidad de la educación. Se sabía que los esfuerzos previos se habían concentrado en que todos los niños estuvieran en las escuelas, ello implicó acciones a favor de ampliar la matrícula de alumnos, abrir más escuelas, contratar más maestros. Sin embargo, por la premura de la ampliación del sistema educativo, se descuidó la calidad del servicio educativo que otorgaba el Estado. Por ello, la tendencia de la segunda ola de reformas educativas fue la de buscar y asegurar la calidad mediante cambios en el currículo y las prácticas pedagógicas; cambios en los modos de gestión y evaluación del sistema; inversión en infraestructura, textos y demás insumos; así como en el diseño de incentivos para maestros según su desempeño. Cabe destacar que, en esta generación de reformas, la evaluación a los distintos componentes del sistema educativo es fundamental, esa es la forma de saber si se está avanzando o no en alcanzar la calidad e ir definiendo el rumbo acorde a los resultados.
En teoría, una vez asegurada la calidad y equidad de la educación, se podría pensar en una tercera generación de reforma educativa. Dicha generación iría encaminada a una autonomía y descentralización pedagógica, que busque transferir decisiones pedagógicas y curriculares a nivel escolar; teniendo como eje central, la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para llegar a este nivel de reforma, previamente se debió haber asegurado que el sistema educativo en cuestión cuente con una cobertura casi total (al menos en la educación obligatoria); una formación inicial apropiada y un alto nivel de profesionalización de los docentes; que los materiales y métodos educativos sean los más adecuados; y que la infraestructura para el desarrollo escolar sea oportuna. De lo contrario, no se podría hablar de educación de calidad y, por consecuencia, no se podría estar pensando en políticas de descentralización y autonomía pedagógica cuando que hay tareas que resolver para tener un cimiento sólido.
En el caso mexicano, es posible identificar que ya se ha pasado por políticas de cobertura y descentralización de los servicios educativos. Asimismo, se han iniciado las políticas de calidad, pero no se han consolidado. La baja calidad, como definición del problema educativo, figuró en México desde finales de la década de los noventas, pero se “consolidó” hasta la RE de 2013. Derivado de esta última reforma, se midieron los distintos componentes del sistema educativo y los resultados arrojaron que, efectivamente, la educación en México es de baja calidad.
A partir de las reformas educativas descritas brevemente y de compararlo con lo que los gobiernos mexicanos han hecho en el último par de décadas, es posible llegar a concluir algunos escenarios de lo que podría ser la política educativa del gobierno entrante:
En el caso de que se eligiera una reforma de tercera generación, estaríamos ante una de las decisiones más irresponsables en materia educativa, no solo porque el Sistema Educativo Nacional no tiene las condiciones para una reforma de ese tipo, sino que dadas las características del sindicalismo del sector educativo (y su disidencia), la descentralización pedagógica se convertiría en una pérdida de la gobernabilidad de la educación por parte del gobierno, pues se les estaría otorgando más poder, que no precisamente sería usado para el fortalecimiento educativo de los contextos locales.
Por otra parte, en un escenario en el que se decidiera permanecer en políticas que busquen la calidad y la equidad (lo que sería lo más adecuado), el reto sería incrustar la evaluación como uno de sus componentes para la toma de decisiones, ya que no hay una política de calidad sin una evaluación efectiva (y no solo me refiero a la evaluación docente, sino a la de todos los componentes del sistema educativo). Sin embargo, el concepto “evaluación” es intolerable en estos momentos; evaluación es al sistema educativo actual, como en su momento lo fue la reelección para el sistema político mexicano… intratable. Por ello, la preocupación versa en saber que hay bajas probabilidades de continuar con políticas que buscan la calidad; tal vez no es el tipo de política que quiere la CNTE, pero si es la que necesita la educación en México.
Una tercera opción de reforma, de acuerdo a la clasificación previa, es aquella dirigida a buscar la cobertura con fines de garantizar el acceso a la educación. Cabe destacar que este tipo de reformas, despiertan afectividad por el beneficio que implica al gobierno, a los ciudadanos y al sector magisterial. Aumentar la oferta de los servicios educativos brinda legitimidad al gobierno, pues da cumpliendo a un mandato legal. Con ese incremento de la oferta educativa, los ciudadanos ven un beneficio al tener una mayor oportunidad de acceso a la educación. El aumento de la oferta educativa implica un necesario aumento de plazas, de escuelas y de matriculados. Como pista, cabe recordar que el Presidente Electo mencionó que tiene intenciones de volver obligatoria la educación superior; ello le exigiría abrir más universidades, ampliar la matrícula de las ya existentes y no dejar a nadie fuera de la educación superior, lo que no implicaría forzosamente que la educación ofertada sea de calidad. Aunque esta sería la opción política que le daría mayor legitimidad al nuevo gobierno (aunado a la cancelación de la reforma de 2013), aún habría una gran deuda pendiente con la educación básica y media superior.
Independientemente del tipo de reforma que el nuevo gobierno escoja (de cobertura, de calidad o de descentralización pedagógica), habrá una serie de opciones específicas en las que se podrá poner énfasis para diseñar e implementar las rutas de acción en función de la prioridad del gobierno, ya sea en términos educativos o políticos. No obstante, hasta el momento se le ha dado mayor prioridad a la variable política, pues se busca cumplir la demanda de la CNTE de eliminar la Reforma Educativa de 2013.
Una vez que “no quede ni una coma de la reforma educativa” como lo declaró Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, habrá que ver el énfasis de la reforma educativa del presidente electo y ver su habilidad política, sus aliados, los costos políticos (para la educación, el gobierno, para el sindicato y su disidencia) y su estrategia para diseñar e implementar las acciones de su gobierno. Dado el rumbo que ha tomado en estos meses las decisiones en materia educativa, es indudable que ya hay un reequilibrio de los actores en la arena política del sector educativo; un reequilibrio a favor del sindicato, pero especialmente a favor de su disidencia, pues vuelven a ocupar una posición importante en la toma de decisiones; algo que Peña Nieto les arrebató con la reforma de 2013.
A manera de precisión (y recordatorio), es importante señalar que la construcción de las reformas educativas, y su énfasis, depende en gran medida de los actores involucrados. Históricamente, México no obtuvo buenos resultados en reformas y decisiones gubernamentales en materia educativa cuando se le dio mucho poder al sindicato (a nivel federal está como antecedente el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992; el Compromiso Social por la Calidad de la Educación en 2002 y la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008. Mientras que a nivel estatal está la minuta de 1992 firmada entre el gobierno de Oaxaca y la sección 22).
Tampoco se obtuvieron los resultados esperados cuando el gobierno prescindió de los actores no institucionales del sector educativo. Es preciso voltear a ver los errores del pasado, analizar el presente y definir la ruta de mejora con un objetivo (educativo) claro.
Politizar (de más) la política educativa, ha traído consecuencias negativas para la educación.
