Acciones de política educativa para el próximo sexenio

Juan Rubén Compañ*

Hace unos días se llevaron a cabo en México, las elecciones para elegir al presidente de la nación, además de llevarse a cabo otros sufragios. La participación de la ciudadanía fue bastante activa, un aproximado del 70% de la población a nivel nacional, las razones pueden leerse desde diferentes aristas. Parece que lo más rescatable, fue la responsabilidad que asumió la ciudadanía al emitir su derecho al voto. En la elección, la ciudadanía, pudo captar, aparentemente, de manera clara, el respeto a su decisión. Más del 50% de la población de los votantes, eligió a Andrés Manuel López Obrador. Bajo este tenor, es importante hacer algunas reflexiones en materia educativa, pues la próxima administración, tiene tareas que valdría la pena repensar. En las siguientes líneas se expresarán algunas:

1. Intensificación del trabajo docente (nuevas tareas administrativas y pedagógicas). En cuanto a las primeras, los docentes trabajan bajo las siguientes condiciones: un control sistemático en las planeaciones (planeación didáctica argumentada), entrega de evidencias de la práctica docente y evaluaciones formativas. Todo ello se realiza en un tiempo acordado, en un formato de registro establecido, y bajo criterios técnicamente específicos. Los informes y los registros son necesarios para considerar la permanencia en el servicio educativo, es decir, no es garantía, pero es requisito fundamental. Los docentes están sujetos a un control de su tiempo y a una intensificación de horas de trabajo (horas extras en casa o escuela), sin remuneración. En este contexto existe una lógica que obedece al control técnico del trabajo docente; se pretende una sistematización de la práctica docente, aunque con algunos problemas técnicos en la implementación. Pareciera que es prioridad el cúmulo de actividades administrativas y que lo pedagógico es una simulación. A pesar de que las políticas educativas estén encaminadas a desarrollar didácticas y evaluaciones distintas, que exigen prácticas docentes diversas y complejas, éstas se diluyen ante la tarea de “llenar” los documentos y registros. Lo más importante es completar los formularios, pues de ello depende la permanencia en el servicio educativo. Quizá valdría la pena, advertir dos cuestiones: a) considerar las condiciones técnicas y pedagógicas bajo las cuales opera la evaluación del desempeño docente y, b) considerar los lineamientos que establece la Ley del Servicio Profesional Docente, en cuanto a la forma en que condiciona la permanencia de los docentes en el servicio educativo.
2. Precarización salarial. En los últimos años se ha presentado un significativo deterioro salarial, tanto para los docentes, que ya están adscritos en el servicio educativo como para los que se incorporan, afectando de manera más drástica a estos últimos. Con la reforma educativa vigente la precarización salarial es notable, y es más “visible” por el poco número de horas que se les asignan a los docentes normalistas de nuevo ingreso, lo que alimenta las condiciones laborales inciertas. Actualmente, hay docentes con 5 horas y un salario insuficiente. La reforma educativa de 2013 se ha ocupado en reclutar a los “mejores docentes” sin crear las mejores condiciones laborales. Pareciese que los docentes idóneos son aquellos que sobreviven al reto de las precarias condiciones. Antes de la reforma vigente, la evaluación era importante en su articulación para mejorar los salarios de los docentes (en el caso mexicano, a través del programa de Carrera Magisterial). Quizá, valdría la pena considerar repensar cómo articular la evaluación con el estímulo económico. De tal manera que haya una dignificación del trabajo de los docentes, en términos de una mejor política salarial.
3. Prácticas discrecionales en el sistema educativo. Si bien es cierto, que la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, ponderó por encima de otras cuestiones, la evaluación, para captar a los mejores docentes y acabar con las prácticas de corrupción que caracterizan al sistema educativo en cuanto al ingreso y a las promociones de los docentes, su cumplimiento y éxito, es cuestionable. Aunque se hablaba con gran ímpetu de una recuperación de la rectoría de la educación por parte del estado, las prácticas discrecionales se han hecho presente en la presente administración. No se ha terminado con las prácticas clientelares y con los actores con poder de veto, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sería importante que la próxima administración, la que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que tiene como bandera principal el combate a la corrupción, reflexionará y propusiera de forma transparente y sistemática diversos mecanismos que pudieran contrarrestar de forma efectiva las prácticas discrecionales que existen y transitan a lo largo del sistema educativo nacional. De lo contrario, la política de evaluación al desempeño docente, por ejemplo, sería una simulación más de la política educativa que dibuja nuestra nación, y no una política congruente, transparente y robusta.
4. Derechos laborales docentes. En la actualidad, la pérdida de derechos laborales conquistados por los trabajadores de la educación va en aumento. La antigüedad del trabajador en el servicio educativo pareciese que ya es algo inalcanzable o un sueño. El tipo de contrato eventual (cada seis meses) al que es sujeto el docente de nuevo ingreso imposibilita la acumulación de antigüedad, ello es reemplazado por las políticas de evaluación (misma que se le realiza al docente cada seis meses y que es un requisito para su continuidad en el servicio educativo). La incertidumbre y la inestabilidad laboral es lo que se vive, en lugar de promover lo contrario. Quien ingresa a la docencia es un sujeto con mínimos derechos y quien tiene enormes dificultades para irlos conquistando. Este punto se tiene que discutir de forma importante para las posibles modificaciones que quizá sean pertinentes retomar y analizar en la Ley del Servicio Profesional Docente.
5. Rendición de cuentas. Este elemento es uno que Andrés Manuel López Obrador considera como muy importante, lo refiere en su plataforma. Incluso, parece que tiene mucha tarea. Por ejemplo, Pablo Clarck, en un texto que escribió para revista nexos, blog de educación, refiere que existe una falta información precisa, con respecto al manejo de los recursos que se asignan a través de los diferentes programas (Escuelas al Cien, el Fondo de Desastres Naturales, conocido como FONDEN). Pues hay una incertidumbre con respecto a cuánto ha llegado a las diversas instituciones que se pueden ver beneficiadas con ese recurso. Esto no es una cuestión menor. Sería importante establecer mecanismos y construir puentes a través de diferentes plataformas confiables que te permitan captar datos transparentes y no que generen más incertidumbre, como es el caso del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Se necesita transparencia, no opacidad en la rendición de cuentas. Un buen punto que tendría que considerar la próxima administración.

Los elementos anteriores, no son los únicos que se proponen para reflexionar el ámbito educativo. La ocupación de la próxima administración, está muy cercana, ojalá que se discuta, no sólo los elementos que se plasman en este texto, sino la serie de acciones de política educativa que se pudiesen considerar para poder aspirar a la tan anhelada calidad educativa.