La democracia es una conversación. No ocurre siempre como en el ideal de los filósofos: un diálogo sereno y razonado, una determinación común de los fines que lleva a un examen ponderado de los medios para alcanzar metas. A veces se empantana en monólogos y reiteraciones decepcionantes; pero aun así, abre la oportunidad de un juicio sobre los proyectos a los que daremos nuestra anuencia.
Los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen mucho de perfectible, pero resultaron un ejercicio muy valioso porque en ellos los candidatos no fueron aplaudidos por sus seguidores; la arenga cede paso a la respuesta –ingeniosa o torpe, precisa o desorientadora– de un cuestionamiento. Además de las citas planteadas por las iniciativas de diversas organizaciones, son pocas las ocasiones para pedir razones, no consignas, a los que pretenden nuestro voto. En transmisión nacional, los mexicanos escuchamos esas breves respuestas, que a su vez generan nuevas preguntas.
El debate de esta semana entre los presidenciables tuvo como uno de sus ejes temáticos la educación. López Obrador reiteró que se “echará para atrás toda la reforma educativa”, enunciado que deja poco margen para la discusión sensata. En su óptica, el proceso de estos años es neoliberal y privatizador, partió de echarles la culpa a los maestros y se hará algo nuevo, con la participación de todos los actores, para la calidad de la enseñanza. Se cancelará toda, dijo, y enviará al Congreso –en caso de llegar a la Presidencia- una iniciativa que la sustituya. Anaya abordó puntos interesantes: una evaluación de los aprendizajes que se realice en forma censal a todos los alumnos del país en los grados previos a la conclusión del nivel (quinto de primaria, segundo de secundaria, segundo de media superior), para permitir ajustes y que los resultados lleguen cuando todavía están en el nivel que se evalúa; un esquema para el aprendizaje del inglés que involucre a distancia a migrantes que dominen la lengua; de ser favorecido, no cancelaría sino ajustaría las reformas, para invertir más en capacitación que en evaluación de desempeño de los maestros (un dato que la SEP se obstina en rechazar, cuando el monto efectivo que se destina por persona, es decir, por maestro evaluado vs maestro que recibe formación continua, es claramente superior). Meade planteó como estrategia de equidad una compensación adicional para los docentes destinados a comunidades de más alta marginación, un postulado efecto positivo de cuadruplicar las escuelas de tiempo completo, con jornadas de ocho horas diarias, dándoles independencia presupuestal, ampliar el preescolar para que estancias y guarderías también lo ofrezcan. Rodríguez Calderón sostuvo que, de llegar a ser Presidente, se ofrecerán apoyos para que las familias se involucren en la educación de sus hijos.
A mi juicio, tres grandes ausentes quedaron en el aire. Primero, no pudieron los candidatos –o no supieron, porque ellos mismos no lo tienen claro- indicar cómo se financiarían los ajustes, ampliaciones o nuevos programas que ofrecen. López Obrador dice que el ahorro vendrá de la corrupción cancelada, y de la austeridad impuesta al pago de los funcionarios. Anaya dijo que tenía identificada la factibilidad económica, pero no ahondó. Meade, según afirmó, obtendría los recursos de una reorganización del presupuesto, con ahorros muy importantes. Rodríguez también aludió a ahorros por recortes a desvíos y salarios de altos funcionarios (¿o del sistema de partidos?) e insistió en que las políticas que impulsaría se alejarían del asistencialismo. Confiar en que “nos alcanza”, y nunca mejor dicho, no basta. Sanear y aumentar el financiamiento de la educación requiere de rigor, conocimiento experto, introducirse a una maraña normativa y administrativa que desafía las buenas intenciones. La centralización de la nómina y las nuevas reglas sobre las plazas han parado desvíos e ineficiencias importantes, y apenas ha tocado la superficie de años de opacidad y abuso. Pero no hay dinero que alcance si no hay, literalmente, denuncia, persecución, reposición y sanción, además de rediseño.
El segundo ausente fue la atención a la problemática cotidiana de los maestros. Todos los candidatos, en el debate de esta semana, miraron a la cámara y les dijeron a los maestros que los aprecian, que los van a escuchar, que están de su lado, que les darán certeza y/o estabilidad- pero no hubo una propuesta más aterrizada como un sistema nacional de quejas, denuncias y asesoría administrativa para ellos; no se ha sabido qué van a hacer para compactar horas y ofrecer nombramientos que mitiguen la movilidad cotidiana y los muchos grupos para atender; nada sobre la función del asesor técnico pedagógico o sobre la tutoría y formación específica para directores y supervisores. La justificación del rechazo a las reformas es la evaluación para la permanencia, pero lo que agobia en el día a día de los maestros no se articula en oferta electoral. El riesgo, claro, es que el malestar siga sin solución, con y sin evaluaciones, como ya ocurrió cuando la presente administración relajó calendarios y número de evaluados, pero que sin formación como colectivo, tutoría entre pares e incentivos claros, no cambia la marea de descrédito a todos los demás aspectos.
El último y gran ausente fue el derecho de los niños. El marco de la Constitución es claro: la idoneidad docente es sólo uno de los cuatro aspectos para garantizar el derecho a la educación. El compromiso del titular del Ejecutivo para cumplir y hacer cumplir la ley en términos de garantías de derechos es algo que hacemos referencia algunos académicos, UNICEF, redes ciudadanas; todavía no es el lenguaje de los políticos, no ocupa un lugar en sus alianzas y cálculos y no temen –como sí ocurre con los maestros- una reacción adversa si lo descuidan. Hoy, más que nunca, hay que decir a las familias: #EducaATuCandidato.
