La UNAM es la institución con mayor demanda para cursar los niveles de bachillerato y licenciatura. Las cifras son impresionantes: para el ciclo 2017-2018 se registraron 185,912 aspirantes para ingresar a alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o el Colegio de Ciencias y Humanidades, y 250,692 para acceder a alguna de las 122 carreras que ofrece esa universidad. Consiguieron ingresar 36,855 a bachillerato, es decir el 19.8 por ciento de los solicitantes, y 23,324 a licenciatura mediante concurso de selección, lo que representa apenas el 9.3 por ciento de las solicitudes. Esta última cifra, la de aceptados por concurso, representa el 45.4 por ciento del cupo de primer ingreso a licenciatura (51,355 lugares disponibles), el resto (28,031 lugares) fue asignado a los egresados del bachillerato de la UNAM que cumplieron los requisitos del pase reglamentado (fuente)
Para acceder al bachillerato de la UNAM se deben cumplir dos requisitos básicos: contar con un promedio general de siete puntos o más en secundaria, y presentarse al examen de admisión correspondiente. Los lugares son asignados, de acuerdo con las preferencias de los solicitantes, en función del cupo de primer ingreso de los catorce planteles de la UNAM, nueve de la ENP y cinco del CCH. El examen de bachillerato de la UNAM se aplica simultáneamente con el diseñado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
Ambos exámenes son formalmente distintos, pero equivalentes: 128 reactivos de opción múltiple. Estos exámenes se aplican la última semana de junio y un mes después se conocen los resultados. A la aplicación 2017, convocada por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) se presentaron 325,403 solicitudes en total, acudieron al examen 304,363 aspirantes. De la última cifra, más del sesenta por ciento correspondió al examen de la UNAM que, como ya se indicó, tuvo una tasa de admisión de menos de veinte por ciento (fuente). No sobra agregar, como dato de interés, que en la edición 2017 del examen, la COMIPEMS reconoció haber calificado mal más de catorce mil exámenes, de los cuales 3,613 correspondían a la UNAM (fuente).
Visto de otra manera, el bachillerato UNAM rechazó en 2017, por razones de cupo, a 149,057 aspirantes. Estos fueron asignados a otras instituciones públicas de educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Podría la UNAM, de alguna manera, ampliar su capacidad de cupo en el bachillerato? Tendría que agregar más planteles a los existentes, aunque para una meta de cero rechazados la cifra es gigantesca. Más todavía, cualquier ampliación tendría efectos directos sobre la cantidad de egresados con derecho al pase reglamentado, y por lo tanto haría reducir las probabilidades de ingreso a licenciatura por la vía del concurso de selección. ¿Y si se elimina el pase reglamentado? Conflicto seguro, y de gran magnitud.
Veamos ahora el caso de la licenciatura. Como ya se dijo, hay dos vías: el pase reglamentado y el concurso de selección. Por largo tiempo, el pase reglamentado funcionaba, para efectos prácticos, como un pase automático: había que cumplir el requisito de promedio y elegir carrera. Lo peor que podía ocurrir es que, por motivos de cupo, el estudiante fuera asignado a un turno o plantel distinto al de su elección. Ya no es así, la creciente demanda externa, y la decisión de la UNAM de mantener posibilidades de admisión a egresados de bachilleratos, públicos y privados, además de los de su propio sistema, ha dado lugar a requisitos adicionales en las carreras de mayor demanda o en aquellas que, por su naturaleza (música y letras extranjeras entre otras), requieren competencias adicionales a las del bachillerato.
Según la guía publicada por la Direccion General de Administración Escolar de la UNAM para el ciclo 2017-2018, varias carreras requieren un promedio superior al normativo para conseguir lugar. En algunos casos, por ejemplo medicina, en todas las sedes, y en algunas carreras de nueva creación, el promedio que garantiza acceso se aproxima a nueve puntos. No son escasas, por otra parte, las carreras que requieren un puntaje de ocho o superior para asegurar el acceso al plantel solicitado. La guía aclara que dichos puntajes son de referencia, pero aun siéndolo hacen notar que los requisitos para conseguir lugar, aún en la opción de haber cursado el bachillerato en la propia institución, van al alza (fuente).
No digamos por la vía del concurso de selección, en que las posibilidades de ingreso son mucho más limitadas. Sólo uno de cada diez aspirantes consigue acceso, pero esa probabilidad es diferente según el bachillerato cursado. Las preparatorias privadas incorporadas a la UNAM, así como los egresados del bachillerato IPN consiguen duplicar sus posibilidades, mientras que los que provienen de las escuelas adscritas a la SEP o al Gobierno de la Ciudad tienen hasta menos de la mitad de posibilidades que el promedio general. Así las cosas.
Según los datos más recientes (2017) ya son más de treinta las carreras para las cuales se necesita obtener en el examen de admisión cien puntos o más. La lista incluye medicina (en todos los planteles), la mayoría de las carreras científicas, así como las ingenierías, química y derecho en las facultades de Ciudad Universitaria (fuente).
No hay duda que la UNAM debería revisar sus procesos de admisión para asegurar que el examen es justo y adecuado. Entre otras posibilidades está la de auditar con especialistas el banco de reactivos para garantizar que las redacciones sean unívocas y que se mide adecuadamente lo que se pretende medir. Además es importante explorar opciones para evitar que los estudiantes sobresalientes pierdan la oportunidad de acceder a la casa de estudios, y que ninguno quede fuera, mereciéndolo, por motivos socioeconómicos.
Aparte de lo dicho, las garantías constitucionales a la autonomía incluyen la autorregulación. No se puede, por decreto del Ejecutivo federal o local, imponer o suprimir los mecanismos de selección legislados por las universidades autónomas. Prometerlo a los jóvenes es políticamente redituable en tiempos electorales, pero no cumplirlo tendrá un costo político.
