El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Las propuestas sobre educación constituyen uno de los puntos más controvertidos de la plataforma electoral. La disputa entre los distintos candidatos presidenciales y las coaliciones de las que forman parte, se construye principalmente por los sentidos que otorgan a las problemáticas político-pedagógicas, incluidos los actores y normativas vigentes. Esta misma interpretación es asumida por varios periódicos nacionales, donde se expresa: “el magisterio, y sus cientos de miles de votos, se ha convertido en el objeto de deseo de los precandidatos de Morena y del PRI” (El Universal, 5 de febrero de 2018). De esta manera, la contienda electoral se ha convertido en un espacio de confrontación de los poderes fácticos, donde cada quien busca la articulación con distintos sectores sindicales y organizaciones civiles, para extender su horizonte de sentido y el alcance a diversos actores y colectivos sociales.
De la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, se recupera la noción de la educación como un objeto de deseo, no obstante, constituido como argumento político para desacreditar las otras voces presidenciables y posicionarse como el único discurso que proclama la defensa del derecho a la educación de los niños y niñas de la República. En este sentido, en la plataforma web de su coalición, José Antonio Meade, denunció que la educación está siendo maniobrada como un botín político, sobre todo por la coalición Juntos haremos historia, liderada por López Obrador. “Los beneficios de la educación deben estar en manos de las y los niños, no en manos de alianzas con intenciones electoreras”, señaló Meade (El Popular, 15 de abril de 2018).
Esta afirmación es congruente con la trama discursiva de la coalición priista, cuya centralidad está puesta en la continuidad de la política educativa implementada en el último sexenio, sin hacer explícita ninguna propuesta educativa contundente, inscrita en la actualidad de la realidad social. “Si no votas bien, perderás salud, educación…”, se enuncia en unos de los spots de la coalición, casi a modo de amenaza (Vanguardia, 13 de febrero 2018), pretendiendo sembrar temor en el imaginario colectivo ante la posibilidad del cambio de la filiación partidaria de la investidura presidencial. Es claro el discurso educativo del PRI: garantizar la continuidad de los acuerdos político-educativos establecidos, bajo la comprensión de la reforma educativa, aprobada en 2013, como el bastión que clausura el debate sobre el derecho a la educación, ya que incluiría todos los criterios necesarios para el buen funcionamiento del sistema educativo mexicano.
De alguna manera, esta noción de autosuficiencia de la propia política es parte también de la narrativa priista de la recuperación estatal de la rectoría de la educación, asumida tras la aprobación de la reforma educativa, y luego de la detención de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. La educación es asunto del estado, el cual se constituye como el único actor a cargo de la toma de las decisiones político-pedagógicas, que deben ser asumidas y reconocidas por la población, aun cuando fuere de forma forzosa. El antagonismo entre el magisterio y la política priista se ha afianzado contundentemente y está anclado en la propia propuesta de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, a partir de la omisión casi total de iniciativas para el magisterio. Hasta el punto que uno de los siete compromisos principales de la coalición tiene el lema “Educación de excelencia para tus hijos”[1], dirigido exclusivamente a padres de familia, y eludiendo la comprensión de la educación como un proceso holístico que incluye a una diversidad de actores, incluido el magisterio.
Queda a las claras que para el PRI el magisterio no es un punto significativo de su propuesta de gobierno, al considerar a la reforma educativa como una estrategia de clausura del debate con el magisterio combatido, anulando la formulación de iniciativas específicas para este sector, salvo la inclusión de la mejora salarial, criterio históricamente asumido por la mayoría de los gobiernos. La única alusión explícita sobre el magisterio, resultó de una declaración realizada por Meade: “en 7 años volveré a ser maestro” (Milenio, 3 de febrero de 2018). Esto con la pretensión de exponer una valoración positiva sobre el rol docente, aunque sustentado en un discurso anecdótico proyectado hacia el futuro, vacío de un sentido de política, y sin la inclusión de un posicionamiento específico sobre la coyuntura del magisterio mexicano.
Por el contrario, la alianza Juntos hacemos historia, integrada por Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, y liderada por López Obrador, recupera la especificidad de discurso educativo, y tiene como uno de los cuatros ejes centrales de su propuesta de gobierno, a la educación, valores, cultura y ciencia, conformado por el proyecto educativo en educación básica y superior, la inclusión de jóvenes al sistema educativo, cultura comunitaria y el bono educativo. En cuanto a la reforma educativa, punto controversial de la contienda electoral, López Obrador plantea su cancelación. “No se va a seguir humillando al magisterio nacional, se va a respetar a nuestras maestras y nuestros maestros que es por ellos que sabemos mucho o sabemos poco”, asegura AMLO en su página web[2]. A diferencia del PRI, en este caso, el magisterio es asumido como un receptor clave de la propuesta, el cual es interpelado constantemente en cada presentación realizada por esta alianza electoral.
Ante la iniciativa de cancelación de “la mal llamada reforma educativa”, propone la construcción de un nuevo acuerdo político-pedagógico, una “verdadera” reforma educativa, a partir del consenso con maestros y padres de familia. Se plantea su elaboración a partir de una experiencia colectiva y compartida con distintos actores educativos, y la promesa de la reforma a la Ley de Servicio Profesional docente, a través de la eliminación de la evaluación punitiva y la garantía de los derechos laborales y gremiales del magisterio, con “la recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar una evaluación punitiva” (Animal Político, 11 de febrero de 2018).
Sin embargo, este carácter colectivo de la iniciativa de elaboración de una nueva reforma educativa, puede dar lugar a la emergencia de una serie de conflictos. Su llamado a reconstruir un acuerdo con el “magisterio nacional”, en el que se incluyan a todas las organizaciones sindicales, sin distinción por el SNTE o la CNTE, puede llevar al ocultamiento y silenciamiento de las particularidades locales y demandas específicas de las comunidades y sectores políticos que los representan. La pretensión de la “armonía” institucional es recurrente en la narrativa de la propuesta educativa de AMLO y la coalición que lidera, por lo que posiblemente estemos ante la presencia de un núcleo de rechazo al conflicto que, en la praxis educativa podría traducirse en la homogeneización de los saberes y las prácticas.
La inclusión de la juventud es otro bastión de disputa de los candidatos presidenciales. Éste se constituye en uno de los componentes centrales de la propuesta educativa, tanto de AMLO como de Anaya, representante de la alianza México al frente, integrada por el PAN y PRD. Se advierte que ambas coaliciones retoman las discusiones de una gran parte de la literatura sobre la política educativa reciente en México y las interpretaciones y recomendaciones de organismos internacionales acerca de la educación básica como un ciclo que ha alcanzado una ampliación de su cobertura y casi total universalización del acceso en las últimas décadas. La centralidad puesta en el sector juvenil resulta llamativa en este punto, y aunque parecieran converger en una demanda político-pedagógica común, de defensa del derecho a la educación de un sector invisibilizado de la praxis discursiva de la política y las normativas vigentes del estado mexicano, los horizontes de sentido en torno a la inclusión educativa de los jóvenes son distintos en cada caso.
Para el frente Juntos hacemos historia, liderado por AMLO, su propuesta educativa se concentra en la ampliación de la cobertura de la educación media superior y la disposición de las condiciones políticas y administrativas necesarias para garantizar un mayor acceso a este nivel. Para ello, parte del diagnóstico de la existencia de 150 mil jóvenes rechazados o fuera del Subsistema de la Educación Media Superior. Para revertir esta condición, se propone la simplificación de los trámites burocráticos y el otorgamiento de estímulos laborales y programas educativos para mayores de 15 años que no hayan culminado la educación básica. Se pretensión es abarcar sobre todo a un sector de la población históricamente excluido que, en la mayoría de los casos se ve predispuesto a abandonar la escolarización por la falta de recursos, una inadecuada cobertura de los espacios educativos por el clima o ambiente institucional.
Por su parte, Anaya, candidato presidencial por el PRD y PAN, planteó: “quiero ser el candidato de los universitarios del país” (Página Ciudadana, 23 de enero de 2018), al anunciar la relevancia de la estructuración de un modelo educativo que dirija a México de una economía de la manufactura a una del conocimiento. A diferencia de AMLO, que centra la problemática de los jóvenes en una cuestión de cobertura y acceso a la educación, Anaya explica que se trata de un conflicto de modelo educativo: “requerimos uno que sea flexible para un mundo tan cambiante, que sea adaptable a los cambios tecnológicos, con vinculación de la sociedad civil y de los agentes económicos” (Ídem).
Similar perspectiva adopta Meade, quien propone la implementación del modelo dual, de articulación de educación y trabajo, a partir de la aportación de créditos para actividades de emprendimiento de los jóvenes y una mayor cantidad de becas para estudios en el extranjero. Evidentemente, el foco está puesto, tanto en Meade como en Anaya, en asegurar mejores condiciones socioeducativas para la permanencia de los jóvenes que ya están dentro del sistema, pero no para garantizar el acceso para quienes están excluidos.
En el caso de Anaya, se advierte incluso el carácter periférico que tiene la educación en su proyecto nacional de gobierno. La problemática educativa no es un compromiso vertebral de su propuesta, sino que ésta forma parte del apartado “desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sustentabilidad”[3], principio configurante de su proyecto de gobierno. Dentro de éste se encuentra otro apartado denominado “desarrollo humano”, y recién aparece allí la educación como una de sus tantas aristas. El carácter marginal de la educación en el constructo discursivo del proyecto de Anaya no es casual, y la supeditación directa al desarrollo económico, da cuenta de un interés central por la articulación entre el mercado y la educación, sustrato ideológico que atraviesa a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de los últimos años.
En este sentido, la propuesta educativa de Anaya está centrada en la modificación o continuidad de los horizontes de sentido sobre el derecho a la educación y sus implicancias socioculturales y políticas, más que en la elaboración de iniciativas específicas sobre la administración educativa y la normativa vigente. Queda claro que, para Anaya, las normas y los acuerdos políticos establecidos en el último sexenio no deben ser cancelados y están para cumplirse, pero transformando los sentidos dados a esas reglas operadas y a la forma en la que éstas se han implementado.
La reforma educativa, aprobada en 2013, es un ejemplo de ello. Para esta coalición, la asunción de Anaya implicaría la puesta en marcha de una segunda etapa de la reforma educativa, centrada en garantizar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes, elemento pendiente del sexenio anterior, según sus declaraciones. En ningún momento, se discuten las normativas vigentes y sus mecanismos implementados, ni tampoco la necesidad de un consenso y socialización de las demandas y necesidades político-pedagógicos. Por el contrario, se plantea la continuidad de la implementación de la reforma educativa, aunque modificando el horizonte de sentido en torno a los objetivos de la educación, como una mayor articulación entre el desarrollo económico y el derecho a la educación, y la garantía efectiva de la calidad educativa.
¿Qué hay detrás de cada una de las propuestas educativas? ¿Cuáles son los paradigmas que subyacen a su organización discursiva? ¿Existe un uso político de la educación escolarizada por parte de los contendientes? ¿De qué manera los actores educativos, especialmente los jóvenes y el magisterio, que son objeto de disputa en la plataforma electoral, pueden desarticular este enfrentamiento, y visibilizar sus necesidades y demandas reales, ancladas en su realidad social?
Referencias
El Popular (2018). “La educación no puede ser un botín político: José Antonio Meade”, 15 de abril de 2018. Disponible en: http://www.elpopular.mx/2018/04/15/nacional/la-educacion-no-puede-ser-un-botin-politico-jose-antonio-meade-179584
El Universal (2018). “Meade y AMLO pelean por los maestros”, 5 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/meade-y-amlo-pelean-por-los-maestros
Navarro, I. (2018). “Meade quiere ser maestro después de ser Presidente”, 3 de febrero de 2018. En Milenio. Disponible en: http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/meade-quiere-ser-maestro-despues-presidente-elecciones-2018_0_1115288580.html
Torres, M. (2018). “Quiero ser el candidato de los universitarios del país”, 23 de enero de 2018. En Página Ciudadana. Disponible en: http://www.paginaciudadana.com/quiero-ser-el-candidato-de-los-universitarios-del-pais/
Roldán, N. (2018). “AMLO promete echar atrás la reforma educativa y eliminar la evaluación docente”, 11 de febrero de 2018. En Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/02/amlo-reforma-educativa-snte-elecciones-mexico/
Vanguardia (2018). “Si no votas bien, perderás educación, salud, etc., advierte el PRI en spot”, 13 de febrero de 2018. Disponible en https://www.vanguardia.com.mx/articulo/si-no-votas-bien-perderas-educacion-salud-etc-advierte-el-pri-en-spot
[1] https://meade18.com/compromisos/educacion-de-excelencia-para-tus-hijos/
[2] https://lopezobrador.org.mx/temas/magisterio-nacional/
[3] https://ricardoanaya.com.mx/plataforma-del-frente/desarrollo-economico
