Diego Juárez Bolaños*
A fines de 2016, la Secretaría de Educación Pública emitió el Comunicado 493 titulado “Anuncia Nuño Mayer reconcentración de escuelas; 100 mil planteles en comunidades dispersas concentran 14 por ciento de estudiantes”. En éste, se mencionó que a inicios de 2107 la SEP anunciaría un programa de inclusión y equidad, el cual implicaría el cierre de miles de pequeñas escuelas rurales a fin de obligar a sus alumnos a asistir a planteles de mayor tamaño.
Si bien en el Comunicado no se presentaron mayores detalles acerca de cómo se ejecutaría esa política, diversos actores, como docentes y académicos, mostraron su inconformidad ante la medida. La SEP, en enero de 2017, la matiza y anuncia el cierre de alrededor de 500 escuelas multigrado, ubicadas en las periferias urbanas y atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo; los alumnos irían a establecimientos educativos con mejor infraestructura, localizados a no más de un kilómetro de distancia de las escuelas cerradas.
Cabe destacar que la SEP no aportó información detallada sobre la implementación de la medida, ni estudios que la sustenten; con ello evidenció su incapacidad -que ha mostrado durante la última década- para atender a los pobladores del medio rural, espacios donde se ubican más de la mitad de las escuelas públicas de nivel básico del país.
La idea de cerrar escuelas y concentrar a los estudiantes en planteles de mayor tamaño forma parte de una tendencia mundial que, con el argumento de ofrecer servicios educativos de mejor calidad, en el fondo siguen criterios económicos. Para los Estados es más barato sostener una escuela de mayor tamaño que varios establecimientos rurales dispersos. Estas políticas se han desarrollado en algunas naciones como Finlandia, Suecia, Noruega, además de Canadá, España y en países latinoamericanos, como Chile y Costa Rica, por mencionar un par.
En el caso de las naciones europeas ello se ha justificado por la reducción del presupuesto –durante los últimos 20 años- dirigido a las instancias municipales debido a procesos migratorios campo-ciudad ya que los recursos están determinados por su población. Además, en esos países buena parte de los costos de sostenimiento de las escuelas rurales los asumen los municipios (y no los gobiernos estatales o federal, como ocurre en México). Así, en un afán por reducir costos, los municipios proporcionan alimentación y transporte (desde localidades de residencia, hacia escuelas localizadas en poblaciones de mayor tamaño) gratuitos a alumnos de los niveles de primaria y secundaria. Tales políticas se han desarrollado en contextos distintos a los de México, para empezar deberíamos contar con caminos en buen estado que permitan transportar a los alumnos –de forma ágil y segura, todos los días-, a los centros escolares de mayor tamaño. En nuestro país, las condiciones de seguridad y calidad de las terracerías y carreteras que existen en buena parte de las zonas rurales son deficientes. Además, los transportes escolares en las naciones europeas tienen buenas condiciones y los conductores están capacitados para su labor, situación que no se vive en nuestro país donde predomina el mal servicio por parte de los transportistas, sumado a la inacción, complicidad o incapacidad de las autoridades que deberían regular sus servicios.
Por otra parte, las naciones europeas cumplen con un criterio que estamos lejos de alcanzar en México: mantienen un alto estándar educativo en prácticamente todas sus escuelas. En cambio, en nuestro país, tal como lo muestran todas las evaluaciones de aprendizaje aplicadas durante los últimos 15 años (PISA, SERCE, TERCE, Excale, Enlace, Planea) los aprendizajes alcanzados por los estudiantes que asisten a escuelas rurales, urbanas y privadas se ubican por debajo de los mínimos: no entienden buena parte de lo que leen, tienen dificultades en expresarse de forma eficiente de manera oral y escrita y cuentan con problemas para solucionar problemas cotidianos mediante el uso eficiente de las matemáticas.
Al planear cerrar escuelas rurales la SEP parte de una premisa que no tiene relación con la realidad: que en los planteles escolares urbanos o de mayor tamaño se ofrece una mejor educación. Escudándose en un discurso de inclusión y equidad, la Secretaría trata de desarrollar una acción que va en contra de los principios básicos del derecho a la educación: que todos los niños y jóvenes mexicanos cuenten con servicios educativos pertinentes, contextualizados y de calidad.
La SEP ha tenido prácticamente olvidada a la educación rural durante más una década. Basta mencionar que en 2016 en lugar de asignar mayores recursos a las pequeñas escuelas rurales eliminó los apoyos dirigidos específicamente a las escuelas multigrado del país canalizados en el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa.
A través de estas líneas se hace un llamado a la SEP a no seguir planteando acciones que muestran desinterés por dialogar con los actores afectados(alumnos, padres de familia, docentes, directores, supervisores, miembros de las comunidades), más bien está obligada a elaborar materiales didácticos diseñados para los contextos rurales; planear un sistema de gestión escolar específico para estos planteles; formar y estimular a los docentes para laborar en estos espacios; fortalecer las condiciones de infraestructura escolar y ofrecer apoyos suplementarios a los estudiantes como becas, alimentación y transporte. Asimismo, instamos a la SEP a llevar a cabo acciones para cumplir con la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha signado para garantizar el derecho a la educación a todos los sectores. A más de una década de olvido, el camino no es cerrar escuelas rurales sino fortalecerlas.
*Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE). Universidad Iberoamericana
