Para poder mejorar el desempeño de cualquier gobierno, se requieren instituciones autónomas. Organismos que generen información confiable para poner en cuestionamiento la verdad oficial y así enriquecer el debate público. Si bien la autonomía es un atributo que se puede otorgar por la vía constitucional, ésta se construye por medio de la labor independiente, los mensajes, comportamientos y acciones cotidianas de estas instituciones y de las personas que las conforman y las dirigen.
Por esta razón, fue preocupante que a principios de abril, el Senado de la República ratificara, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, a la maestra Paloma Merodio como uno de los cuatro vicepresidentes para conformar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y no es que sea ilegal ser propuesta por el titular del Ejecutivo, el cuestionamiento tiene su origen en algo más serio y penoso. Merodio mintió en su currículum con el propósito de acomodarse a lo que le exigía la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Dijo haber sido maestra en Harvard cuando sólo fue asistente; además, no cumplía con el tiempo estipulado en cargos de “alto nivel”, ni tampoco era reconocida como académica “de prestigio”. De hecho, “saltó” del gobierno al órgano autónomo cuando lo ideal hubiera sido que pasara de la academia o de la sociedad civil al INEGI.
A la mentira – que algunos senadores priistas quisieron justificar con que ningún currículum puede presentarse con “claridad incuestionable” – se le aunó el sospechosismo. Esto debido a los claros vínculos de Merodio con el gobierno. Como funcionaria de Sedesol, la nueva vicepresidente del INEGI se encargaba de un área clave para mostrar si el gobierno hace bien o mal su trabajo: la evaluación y monitoreo de los programas sociales. Por esta razón, con la llegada de Merodio, la falta de independencia con que deben trabajar los miembros de los organismos autónomos se puso en cuestión.
Del caso Merodio se pueden extraer al menos cuatro lecciones. En primer lugar, y para los que dudan de la existencia de la gobernanza, vale la pena hacer notar la manera en que algunas organizaciones de la sociedad civil, articulistas y académicos reaccionaron para impugnar la propuesta del presidente Peña Nieto. Esta protesta, sin embargo, fue mucho más activa y por tanto, más visible en las redes sociales que en los medios de comunicación tradicionales. Mientras Noticieros Televisa machacaba a cada instante el trágico accidente del BMW en la avenida Reforma, avezados tuiteros aportaban elementos para sostener que estábamos ante una burla más de los altos funcionarios del gobierno priista.
Las pruebas del fraude de Merodio fueron claras y débilmente refutadas y aún así, el presidente Peña Nieto decidió mantenerla. El cabildeo entonces funcionó: en silencio votaron a favor de la propuesta presidencial 64 senadores, 26 lo hicieron en contra y hubo una abstención. Ante esto, una segunda lección puede extraerse: el presidente Peña Nieto y sus colaboradores prefieren pagar el costo del descrédito y seguir ahondando la crisis de legitimidad que posee su gobierno. La pregunta a esto es: ¿a cambio de qué? ¿Podrán manipular las cuentas nacionales a su favor? ¿Habrá “Efecto Merodio” en los próximos conteos sobre el ingreso de los hogares y la pobreza? Ante un posible “palomazo”, no va a ser raro presenciar una reacción sonora de la coalición formada por las organizaciones y estudiosos de la pobreza. México no es Atlacomulco.
Tercero, con la imposición de Merodio el gobierno de Peña Nieto vuelve a contradecirse. Me explico: por un lado está tratando de empujar una reforma educativa basada en el mérito de los maestros, pero por otro, se hace de la vista gorda cuando una candidata “no idónea” miente truqueando su CV para asirse de una plaza, de un puesto público. ¿O sea que para los maestros todo el peso de la Ley, pero para los amigos y camaradas, gracia?
Cuarta y última lección: qué haremos ante los nombramientos que se avecinan, como lo pregunta Enrique Cárdenas, el incansable director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C. (CEEY) (El Universal, 14.04.17). ¿Cómo asegurar, inquiere Cárdenas, la credibilidad y la confianza en el gobierno ante la designación del gobernador del Banco de México, del fiscal anticorrupción o de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI)?
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) también está por renovar a un miembro de su Junta de Gobierno el próximo año y la preocupación en este caso es igual de válida. ¿Qué estrategia seguirá la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el presidente de la República para fortalecer la autonomía del Instituto? ¿Se volverá a recurrir a la comunidad de investigadores educativos para conformar la terna de candidatos o los buscarán en una dependencia gubernamental? Ante la tarea de alta especialización técnica y política que realiza el INEE, ¿habrá voces que quieran “ciudadanizarlo” para poder infiltrarse en él?[1] Estaremos atentos. Así como en el campo del estudio y medición de la pobreza, en el sector educativo también podríamos impulsar una coalición de académicos, legisladores de oposición, periodistas, think tanks y organizaciones de la sociedad civil que defienda con argumentos la autonomía del INEE.
La vida y función de los órganos constitucionalmente autónomos aún está por escribirse en este México que lucha por dejar atrás su pasado autoritario, en donde personajes poderosos se mezclan con reglas e instituciones débiles, pero que a la vez, sectores de la sociedad muestran una clara convicción por cerrarle el paso al engaño y a la simulación. Todo ello aderezado con una apertura mediática sin precedentes.
[1] Este riesgo lo puso sobre la mesa por primera vez el doctor Roberto Rodríguez de la UNAM.
