A dos años de la tragedia de Iguala, buena parte de los analistas coinciden en señalar que el evento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del sexenio. Según esta observación, para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hay un antes y un después de Ayotzinapa. El antes es el de un gobierno que había conseguido pactar con las fuerzas políticas y con el empresariado un amplio conjunto de reformas estructurales para reactivar, se decía, la economía nacional y las finanzas públicas, y con ello generar nuevos horizontes de prosperidad y bienestar social.
El después consiste en la generalizada percepción de un gobierno incapaz de resolver son solvencia los temas que más preocupan a la sociedad: la corrupción, la ingobernabilidad de amplias zonas de la geografía nacional, el combate al crimen organizado, el respeto a los derechos humanos, la recuperación económica.
No carece de sustento esta impresión. Sin duda la forma en que fue abordado el caso por las autoridades federales, el proceso seguido desde entonces, las incertidumbres que prevalecen, y en definitiva la incapacidad para enfrentar y resolver los factores de contexto y circunstancia involucrados, han retado la legitimidad política del gobierno hasta el punto de llevar a su punto más bajo la confianza social en la presidencia. Consulta Mitofsky informa que, al día de hoy, solo “el 29 por ciento de mexicanos aprueban en general el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto y 65 por ciento lo desaprueba, estos porcentajes son los más negativos en lo que va del sexenio”. Según la misma fuente, hace dos años las percepciones positiva y desfavorable sobre el ejercicio gubernamental estaban equilibradas.
Coyuntura turbulenta
Conviene reconocer algunos matices en esta lógica de análisis. El primero es que la coyuntura Ayotzinapa no fue, ni mucho menos, un rayo en cielo sereno. En las inmediaciones temporales de la noche de Iguala varios temas ocupaban la atención pública, y no precisamente buenas noticias. Para no ir más lejos, las ejecuciones a cargo de militares en Tlatlaya, Estado de México, ocurridas el 30 de junio del mismo año, así como la huelga estudiantil en el Politécnico Nacional, declarada, por coincidencia, el 26 de septiembre de 2014 y que se prolongaría el resto del año.
Además, la prensa nacional destacaba por esas fechas la problemática de las autodefensas en Michoacán, la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora debida al derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, los contratos ilegales del grupo Oceanográfica con PEMEX, la descompostura de la recientemente inaugurada Línea Dorada del metro de la Ciudad de México, y las secuelas del huracán Odile sobre Los Cabos en Baja California Sur. En 2014, para complicar el panorama, inició el descenso de los precios del petróleo. En agosto de ese año la mezcla mexicana cotizaba sobre los ochenta dólares el barril de crudo.
La violencia contra estudiantes de la casi centenaria normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, tampoco era un hecho inédito, más bien al contrario. En los últimos años varios hechos son representativos. En primer lugar, la marcha del 12 de diciembre de 2011 hacia Chilpancingo para presentar un pliego petitorio en que se exigía, entre otras demandas, recursos económicos para la escuela, becas escolares y la opción de plazas para los egresados. Durante la marcha fue bloqueada la Autopista del Sol, en respuesta fuerzas armadas federales y estatales dispararon contra los manifestantes matando a dos de ellos: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. No solo eso, durante el operativo fueron detenidos y torturados decenas de normalistas por las policías federal y estatal. Posteriormente los hechos serían corroborados puntualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, la CNDH ha informado que la mayoría de las recomendaciones emitidas a propósito del caso no han sido atendidas.
El 7 de enero de 2014 una marcha y toma carretera (Acapulco-Zihuatanejo) de estudiantes de la normal fue agredida por un tráiler. Resultaron muertos los estudiantes Fredy Vázquez y Eugenio Tamarín, herido de gravedad Éder Yahir Pérez, y dos más lesionados. Las gestiones de los normalistas para que el gobierno estatal obligara a la reparación de daños fueron desestimadas.
De la tragedia de Iguala destaca, por razones obvias, la desaparición forzada y el probable asesinato de 43 normalistas. Pero no fueron ellos las únicas víctimas, desde luego. De acuerdo a la versión oficial, además de los desaparecidos, murieron seis personas en Iguala: tres de ellos normalistas. Tres muertos más, y una veintena de heridos, en el ataque al autobús en que viajaban los futbolistas del club Avispones de Chilpancingo. No obstante, en el Expediente Ayotzinapa, integrado por la Procuraduría General de Justicia, se revela que “el SEMEFO de Guerrero realizó el levantamiento de otros cuerpos en otra escena de ataque: el Palacio de Justicia.” (véase: “Hubo más muertos en Ayotzinapa”, en La Silla Rota, nota informativa de Alejandro Salazar, 2 de octubre de 2015). Aparte, según reporte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta el momento se han registrado 179 víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante los sucesos.
A dos años de distancia el caso Ayotzinapa dista de haber sido resuelto en cualquiera de sus ángulos. Iguala es tan o más violenta que en 2014, las bandas del narcotráfico continúan operando, las víctimas siguen en espera de la satisfacción de sus demandas más elementales, en las normales rurales prevalecen los problemas de siempre, la gobernabilidad del estado de Guerrero no presenta síntomas de mejora y no hay un horizonte claro de soluciones para una de las regiones más deprimidas del país.
Hasta el momento, el marco de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal no ha presentado una estrategia integral para la educación normal del país y mucho menos un nuevo esquema para el normalismo rural. ¿Cuál será en lo consecutivo la propuesta para la formación de nuevos maestros según los cánones de modelo educativo para la educación básica que se está discutiendo? No se sabe y no hay a la vista una ruta de reforma en ese sentido. Quedará para el próximo sexenio, si bien nos va.
Las normales , a la espera
Recientemente el secretario Nuño anunció que pronto habrá un plan para el fortalecimiento de las escuelas normales (El Universal, 17 de agosto de 2016). Más o menos lo mismo se había informado en noviembre del año pasado (Milenio, 18 de noviembre de 2015), y hasta el momento muy poco o nada. Contra esos anuncios prevalece la regla aprobada en la reforma según la cual deja de ser un requisito el título de profesor normalista para impartir docencia en los niveles básicos del sistema. El propio Nuño advirtió de la vigencia de dicha norma a partir del ciclo escolar 2016-2017: “Hoy, cualquiera que tenga un título de licenciatura se puede presentar al examen para ser maestro, y si obtiene el puntaje adecuado, puede ser maestro”. (Excélsior, 22 de marzo de 2016, nota de Leticia Robles). En estos días el titular de la SEP indicó que, en lo que va de la administración, el presupuesto para la educación normal rural se ha incrementado más de doscientos por ciento (El Financiero, 27 de septiembre de 2016).
Para acabar pronto, poca claridad sobre el rumbo de la educación normal en México. ¿Alcanzará el tiempo del sexenio para que la autoridad federal consiga una solución coherente y lúcida en la materia? Ojalá que así fuera, pero se antoja un reto difícil de superar, incluso de emprender.
El pasado lunes la manifestación conmemorativa de los hechos de Iguala, en el Zócalo de la Ciudad de México fue más nutrida que la del año pasado. Y en otras ciudades del país se llevaron a cabo distintos actos de memoria y exigencia. Todavía sigue el debate acerca de si los de Iguala fueron o no crímenes de Estado. Es esa una discusión sin fin, porque depende cómo se defina al Estado y cómo se caracterice al crimen: acción, inacción, omisión, responsabilidades directas o indirectas, colusión, complicidad, etc. Lo cierto es que, para la historia de México, Ayotzinapa es inevitablemente un listón negro. Para siempre.
Roberto Rodríguez Gómez – UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales
