Pablo Velázquez*
El gasto es una de las principales herramientas que el Estado tiene para promover el derecho a aprender. A través del gasto se entienden las prioridades de las administraciones gubernamentales: a dónde se destina el recurso, quiénes reciben más dinero (quiénes menos), y quiénes tienen poder de decisión en el ejercicio del mismo. En México, la Educación Básica es el nivel educativo que más recurso recibe: casi 65% más del recurso destinado a Educación Media Superior y Educación Superior combinados (IV Informe de Gobierno, 2016). Más de 80% de este monto se dedica a servicios personales, es decir, sueldos, salarios y prestaciones de maestros, directivos y trabajadores de la educación. El resto se concentra en infraestructura, becas, gasto corriente, útiles y materiales escolares.
Si la mayoría de los recursos en el sector educativo se concentra en Educación Básica, ¿cómo sabemos si dicho recurso llega a donde tiene que llegar y en las proporciones adecuadas? Mexicanos Primero, junto con otras 123 organizaciones de sociedad civil, plantemos 4 ejes de acción para lograr la escuela que queremos. El tercer eje se enfoca en lograr que el gasto en educación sea adecuado y orientado a lograr que niñas y niños aprendan.
La categoría del gasto educativo donde más invertimos son los salarios de los maestros. Para ello, Mexicanos Primero impulsó en 2011 la campaña: “¿Dónde está mi maestro?”, con el objetivo de ubicar quiénes son maestros frente al aula, quiénes ocupan cargos directivos, y quiénes devengan un salario del sector educativo sin realizar tareas educativas. Dos años después, la Auditoría Superior de la Federación identificó gastos irregulares por más de 10 mil millones de pesos a personal comisionado, jubilado y aviadores que no realizaban una tarea educativa y cuyo ejercicio no se sujetó a la normativa vigente. Claramente ilegal. El artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente prohíbe explícitamente este tipo de irregularidades: cualquier persona comisionada a tareas no educativas no debe recibir recurso destinado a los verdaderos maestros. Aunque ha disminuido con el tiempo, la irregularidad persiste: sólo el ciclo escolar pasado se ejercieron más de 500 millones de pesos en este tipo de personal. No se vale seguir pagando con recurso de los maestros a personas que no lo son.
La siguiente categoría donde más invertimos recursos es el área de infraestructura. Tan sólo el ciclo escolar pasado se pudieron invertir más de 27 mil millones de pesos en programas de infraestructura y equipamiento escolar, cuya transparencia no siempre es la anhelada y cuyo impacto en el aprendizaje y permanencia de los alumnos no siempre es evaluado. El programa más ambicioso en este sentido es Escuelas al CIEN el cual tiene como objetivo remodelar 33 mil planteles escolares de los distintos niveles (desde básica hasta superior) en los siguientes dos años. Para ello, se han destinado recursos por más de 50 mil millones de pesos, pagaderos en los siguientes 25 años. El ejercicio de este recurso debe ser completamente transparente a la sociedad y decidido en compañía con las comunidades escolares para las obras en planteles escolares más necesitados.
Otro programa con un monto significativo para mejorar la infraestructura es el Programa de la Reforma Educativa. A través de éste, cuyo presupuesto excede los 7 mil millones de pesos al año, se benefician escuelas públicas de educación básica. Sin embargo, este Programa adolece en varios puntos: no se especifica el nombre del contratista a cargo de la obra ni el método de selección del mismo, no se prioriza a las escuelas con mayores carencias a pesar de estar en los Lineamientos del Programa y no se cuenta con un número de quejas o denuncias disponible para las comunidades escolares. Las buenas intenciones no bastan: es necesario que las acciones sean evaluadas y, de ser necesario, sancionadas por la sociedad y organismos competentes.
Finalmente, como hemos señalado, el gasto debe servir para que niñas y niños aprendan. Para asegurar que esto se cumple, es necesario evaluar periódicamente el impacto de los programas gubernamentales. Aunque en teoría contamos con Planea para evaluar el aprendizaje de las niñas y niños, su aplicación y reporte de resultados no siempre ha seguido los lineamientos establecidos (Nexos, 12/02/16). Es necesario que cada programa sea evaluado de manera cualitativa y cuantitativa por organismos e instancias ajenas a la Administración Pública Federal, y que las recomendaciones surgidas de dichas evaluaciones sean tomadas en cuenta para la permanencia, modificación o cancelación de los programas vigentes.
En la escuela que queremos, se vive y recrea la democracia y la participación informada. Para cambiar la dinámica de malgasto educativo, es necesario que todos participemos, pidiendo cuentas y proponiendo soluciones. En la escuela que queremos, el gasto educativo sí sirve para que nuestras niñas, niños y jóvenes aprendan.
* Investigador en Mexicanos Primero
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