Oscar Hugo Faustino Zacarías*
La reforma educativa de 2013 surgió por la necesidad de solucionar, o al menos, de mitigar el problema de la baja en el Sistema Educativo Mexicano (SEM). Este problema al que se enfrenta el SEM es el resultado de varios factores como: la falta de infraestructura; la ausencia de garantía de que los alumnos aprendan lo necesario en las aulas; una mala organización escolar; la falta de materiales y métodos educativos pertinentes; y la idoneidad del currículo vigente. Estos problemas específicos, en su conjunto, tienen como consecuencia la baja calidad del sistema educativo.
Con la reforma educativa el gobierno de Peña Nieto intenta solucionar los problemas. Sin embargo, la estrategia que ha generado mayor inconformidad a los profesores, en especial a aquellos militantes de la CNTE, es la que pretende lograr la idoneidad de los docentes que garanticen el aprendizaje de los alumnos. Esta estrategia se enmarca en la implementación del Servicio Profesional Docente (SPD), en el que la piedra angular es la evaluación para determinar el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento de los profesores.
Muchos se han concentrado en las discusiones del aspecto político de la política educativa actual. Sin embargo, también es necesario analizar el aspecto técnico de la evaluación (específicamente la del desempeño docente, que es el que generó mayor inconformidad) partiendo de una pregunta: ¿son pertinentes los instrumentos para evaluar el desempeño docente?
Está claro que en la reforma educativa la evaluación es un eje estratégico, a partir del cual se espera obtener información valiosa para realizar tareas de rediseño institucional y organizacional (al menos así está plasmado en la ley), en la que la toma de decisiones esté fundamentada en información que evidencie las falencias a corregir. Por ello, la idoneidad de los instrumentos de evaluación es fundamental, pues son mediante estos como se obtendrá la información base para la toma de decisiones.
En la primera etapa de evaluación del desempeño docente, tomando en cuenta los perfiles y parámetros establecidos por la SEP, se pusieron en marcha cuatro instrumentos para evaluar el desempeño docente:
- Plan de clase (elaboración en línea).
- Examen de opción múltiple.
- Expediente con cuatro trabajos de alumnos (alto y bajo desempeño, de lengua y matemáticas) con un texto explicativo del docente sobre las características de los alumnos, el contexto familiar y social.
- Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales (cuestionario respondido por el director. Este instrumento no influyó en la calificación final).
Tanto el plan de clase y el examen que sirvieron para valorar la planeación didáctica y el dominio de contenidos, fueron pertinentes. Sin embargo, existen dudas acerca de la rigurosidad valorativa del expediente conformado por cuatro trabajos de alumnos con el texto explicativo del docente. Con ese instrumento se pretendió valorar las prácticas didácticas, el ambiente en el aula, la evaluación de los alumnos y el logro de aprendizaje de los estudiantes.
Son muchos aspectos a evaluar en un solo instrumento que sólo pide cuatro trabajos cuando hay grupos de primaria y secundaria con más de tres decenas de estudiantes. Así mismo, en el aula cada alumno vive retos distintos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los que la intervención docente debe ser valorada; es en ese proceso donde realmente se aprecia el desempeño de un docente, y no en un texto explicativo que tal vez carezca de una redacción pertinente que refleje todo lo abordado en el aula.
Del instrumento de evaluación abordado también se cuestiona el nivel de confiabilidad del mismo: ¿hasta qué punto los trabajos entregados como evidencia pueden ser manipulados? Esta preocupación no versa en el entendido de que el docente busque aprobar a como dé lugar (porque de ello depende su situación contractual), sino de la rigurosidad técnica. A partir de la reforma se elevó a rango constitucional la aplicación de la evaluación y se le otorgó autonomía al INEE (precisamente para asegurar el aspecto técnico de las evaluaciones sobre los intereses político-sindicales). Por ello, es necesario el cuestionamiento hacia los instrumentos de evaluación.
La preocupación no es menor si se toma en cuenta que los resultados de la evaluación no sólo definirán la situación contractual de los docentes (con la aplicación de una serie de incentivos positivos y negativos) sino también, dichos resultados serán la base de las próximas decisiones en materia de política educativa. Esa situación implica que, en caso de no haber sido empleado el mejor conjunto de instrumentos de evaluación, la información puede ser errónea, parcial o limitada. Lo anterior tendría como consecuencia acciones, decisiones y estrategias que no respondan a la necesidad última de aumentar la calidad de la educación.
Dadas las características particulares del SEM, hay múltiples retos a los que se enfrenta una evaluación del desempeño docente: temporales, organizacionales, institucionales, políticos, sindicales y culturales, sin olvidar el gran tamaño del sistema educativo. Esos elementos limitan los instrumentos idóneos para evaluar el desempeño docente, principalmente la observación en el aula. Por ello, surgen interrogantes: ¿Está ya listo México para evaluar el desempeño docente de la forma idónea? ¿Serían necesarias otras estrategias previas antes de llegar a la evaluación de desempeño? Las intenciones que dieron origen a la evaluación fueron buenas. Sin embargo, los medios para alcanzarla, ¿están siendo los correctos?
Desde la visión de política pública, la evaluación surgió como una estrategia racional, decidida a incidir de forma positiva en el SEM; atacando vicios político-sindicales. Pero con los retos técnicos, políticos y de implementación, la estrategia racional se está volviendo incremental, de ensayo y error. A esto hay que agregar los múltiples hechos socio-políticos como los ocurridos en Oaxaca para entender que la reforma educativa, y la evaluación docente en medio de ella, está perdiendo legitimidad.
*Estudiante de la maestría en Políticas Públicas en UAM unidad Xochimilco y de la especialidad en Política y Gestión Educativa en FLACSO México.
