Un Estado débil, sin capacidad de maniobra, que se deja hacer prisionero de los problemas y nada más proclama planes y proyectos, al final nada más procrea instituciones frágiles e ineficaces. Como el sistema educativo mexicano.
No que las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución y las leyes que de ella emanaron sean la panacea, pero tienen el potencial de suscitar nuevas reglas del juego, donde el mérito, no el patrimonialismo, rija en las relaciones entre los actores del hecho educativo. Si esas leyes se practican, es posible que mejoren la administración del sistema y, si el gobierno es consecuente, podrá impulsar reformas que lleguen al salón de clase. Esta sería la alternativa optimista.
No obstante que el dirigente de los maestros disidentes de la Sección 9, Francisco Bravo, desestimó la acción de la Secretaría de Educación Pública, que descontó 19.6 millones de pesos a 32 mil 190 trabajadores de diversas escuelas del Distrito Federal que faltaron a clases, el efecto de esa medida entre sus filas será devastador. La SEP se decidió y puso en práctica el tercer paso del protocolo para medirse con los movimientos de masas que tienden a rebasar el imperio de la ley: sanciones administrativas.
En su comparecencia de la semana pasada en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, refrendó su dicho de que se debería aplicar la ley, no pagar a los maestros absentistas y levantar actas administrativas a quienes falten por más de tres días. Algunas voces lo criticaron porque mandaba la responsabilidad a los estados y parecía que él deseaba excusarse. Pero él no tiene facultades para sancionar a los maestros de los estados; no todavía. Mas la tendrá a partir del año que viene si el Congreso aprueba las modificaciones al Fondo de aportaciones para la educación básica y la SEP recentraliza el pago de las nóminas. Entonces veremos si el gobierno tiene tamaños para contener a los miles de maestros que se oponen de manera frontal a las reformas en la educación.
Habrá que observar si el gobierno de Chiapas se mantiene con los descuentos y sigue contratando a maestros interinos para suplir a los huelguistas, tiene poco poder y mucha presión encima. Esperar que el de Oaxaca suspenda a los 24 docentes a los que se levantaron actas es una ilusión que no me hago. “El líder magisterial (Rubén Núñez) informó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Gabino Cué, para no permitir que los maestros que no han iniciado el ciclo escolar en la entidad sean despedidos” (Excélsior, 29 de septiembre).
Sin embargo, la acción de la SEP en el DF tendrá repercusiones. Algunos pensaban que las advertencias del secretario Chuayffet eran baladronadas; esa percepción varió. El descuento de casi 20 millones de pesos a miles de maestros que no atendieron a sus escuelas otorga credibilidad a la SEP. Es un signo de fortaleza institucional. Parece ser que por fin el gobierno federal se convenció de que no hay posibilidades de seguir en la negociación con los dirigentes de la CNTE; no cumplen con lo que pactan.
Cierto, una golondrina no hace verano (versión pesimista). Estamos lejos de la buena ley y más todavía de su aplicación cabal. Pero —vuelve algo de optimismo cauto— si la SEP puede consumar lo que promete, le restará algo de precariedad a la institución educativa de este país.
Retazos
Hoy se cumplen 45 años de la matanza de Tlatelolco. ¡Un día de luto! Fue una represión feroz, no el cumplimiento de la ley. Representó la cartografía de un Estado débil, un gobierno autoritario e instituciones subordinadas a un poder demencial, no al imperio de la ley.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Publicado en Excelsior
