En septiembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación se adicionó el Artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología, donde quedó sancionado que “el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país…”.
El clamor generalizado de la comunidad científica por lograr que dicho monto fuese alcanzado quedó así prácticamente satisfecho. Se desmontó el activismo científico por más presupuesto. En los diez años posteriores a la promulgación del artículo referido, entre 2004 y 2014, este monto se incrementó de 0.39 a 0.54% del PIB. Incremento importante que permitió elevar de 18 a 22 por ciento el monto de participación que destinan a este rubro el conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual somos miembros.
El costo de la actividad científica se ha elevado sin haberse modificado el alto grado de desvinculación productiva en la que se encuentran las actividades de investigación y desarrollo con el proyecto nacional.
En 2005, concluía en un libro escrito en co-autoría con Rafael Pérez Pascual y publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Pérez Pascual, Rafael y José Rangel, Ciencia, tecnología y proyecto nacional, México, Anuies, Biblioteca de la Educación Superior, Ensayos, 2005), que aún estamos lejos del camino hacia la construcción de un proyecto nacional donde ciencia y tecnología constituyan uno de los pilares fundamentales. Más lejos —dije entonces y sostengo ahora— estamos aún de adoptar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura como fundamentos de una política de Estado.
Documentos oficiales, elaborados posteriormente, muestran diagnósticos incambiados a lo dicho entonces por nosotros. Peor aún, mucho de su análisis tiende a ser anecdótico, carente del rigor que la evaluación de la investigación y el desarrollo requiere para su planeación y ajuste, y lejos de los parámetros que internacionalmente permiten conocer la posición que un país guarda respecto del resto.
Así lo atestiguan documentos elaborados tanto por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conocimiento e Innovación en México: Hacia una Política de Estado. Elementos para el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2006-2012, México, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, noviembre 2006. Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en los Albores del Siglo XXI, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C, México, 2014).
El asunto es tan grave que los miembros del Foro han encontrado que “se carece de una visión compartida y una actitud de sensibilidad de los encargados de formular políticas hacia el valor del conocimiento científico y tecnológico” (Conocimiento e Innovación, cit.. pág. 36.).
El Foro ha sido capaz de trascender la exigencia de únicamente solicitar al gobierno en turno el incremento del subsidio federal a la ciencia y la tecnología, ya establecido por ley, hasta alcanzar 1 por ciento del PIB. Lo cual, sin embargo, no deja de ser el eje y objetivo prioritario de las políticas públicas de CyT (Objetivo 1 del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2018, CONACYT, México, S/F.). Pero, muchos más cambios son requeridos para lograr que un mayor financiamiento se traduzca en los beneficios esperados en términos de productividad, crecimiento, distribución del ingreso y competitividad del país.
Sin embargo, el diagnóstico del estado en que se encuentra la ciencia y la tecnología en el país es tan grave que en un momento en que pareciera que nadie en actividades responsables de la conducción del país pudiera dudar de su centralidad para la viabilidad futura del mismo, no contamos siquiera con una definición clara de los sectores prioritarios para el desarrollo nacional y regional en el ámbito de la innovación. Ni contamos con visiones prospectivas del impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desempeño competitivo del país en el mediano y largo plazos.
No contar con los indicadores precisos, mundialmente utilizados que permitan fijar objetivos y metas hace que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en México estén más a la deriva que enrumbados hacia lograr arribar a puertos seguros.
¿Está México preparado para recibir una inyección de recursos igual al monto que actualmente recibe para I+D y llegar a ese 1% del PIB?
Con los datos más recientes disponibles, de un conjunto de países selectos de la OCDE, gráfico 1, Chile y México representan un gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) equivalente a 13 y 15.5 % respectivamente del que destina EE.UU. a ese fin.
Los países de la OCDE destinan a I+D 2.26 % del PIB en promedio y la Unión Europea de 25 países 1.86 por ciento. Si comparamos a México frente al club de ricos al que pertenece, la distancia que lo separa de ellos es enorme. En el primer caso, tendríamos que desembolsar 5.7 y, en el segundo, 4.7 veces más de recursos para la investigación y el desarrollo (I+D). Escojamos.
¿Estaríamos preparados para recibir una inyección de recursos de esta magnitud?
Si se considera el tamaño de la economía mexicana por habitante y se la compara con el grupo de países de alto índice de desarrollo se requeriría multiplicar por cuatro el gasto en I+D y acompañarlo de un incremento de 22 por ciento del número de investigadores. Si el comparativo son los países de la OCDE, el monto de investigadores en I+D tendría que aumentar de 0.78 investigadores por cada mil miembros de la fuerza laboral a 7.3. Esto representaría un incremento de 38,823 investigadores en equivalente de tiempo completo a más de 338 mil investigadores.
Sin embargo, es menester otra mirada al gasto en investigación y desarrollo para entender la magnitud del problema entre gasto en I+D y resultados.
En dólares constantes ajustados por el poder de compra, en 2014 el gobierno destinó a I+D $6,442.4 millones de dólares, equivalentes a 0.43% de su PIB. Sin embargo, este monto, aunque bajo en términos del PIB, también representa 0.51 % del gasto mundial total en el mismo rubro. Dicho monto es superior a lo que gobiernos de países como Dinamarca, República Checa, Grecia, Hungría, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal y otros destinan al mismo fin.
En otras palabras, el gasto gubernamental en México dedicado a I+D en términos absolutos es enorme y el resultado obtenido paupérrimo. En promedio, la productividad laboral de todos esos países es más de 2 .3 veces superior a la de México (Con información de OECD, Science, Technology and Industry Outlook, 2014).
El mejor resultado que obtiene México producto de este gasto se observa en el número de publicaciones científicas en las principales revistas de corte internacional. Los científicos han sido llevados por las políticas del SNI a ser productivos en la publicación de artículos, y no mucho más. De esta manera, el promedio de publicaciones de los países apenas señalados es de 197, frente a los 128 que publicaron los mexicanos en 2014.
El punto a resaltar es que todo ese conocimiento no ha sido capaz de transformarse en patentes explotables productivamente. En general se registran menos de 1/7 de patentes de las que registran los otros países, cuyo gasto en I+D es inferior al de México.
El gráfico 2 es una imagen precisa de la explosión de producción científica y su desvinculación productiva que representa la creación del SNI.
Para mantener su statu quo, los científicos no requieren mucho más que asegurar una producción publicable como la que se observa. Relativamente pocos científicos, se allegan una cantidad elevada de recursos, en términos absolutos, sin más responsabilidad que publicar y dar algunas clases, lo que los convierte en un grupo de gran privilegio, cuyas reglas difícilmente cambiarán, por ser un ente autogestivo.
Por importante que sea, es difícil pensar que en el corto y quizá mediano plazos pueda lograrse disponer de los recursos financieros y humanos para estar a la altura que corresponde como país. Sin embargo, adicional al esfuerzo para conseguirlos, es menester llevar a cabo importantes transformaciones en la vinculación productiva de la I+D y en la eficiencia en el uso de los recursos empleados, para lograr obtener los resultados que se requieren en términos de motores del desarrollo y la competitividad internacionales.
Como puede apreciarse en el gráfico 3, existe una correlación importante entre el gasto en I+D y la productividad de los países. Esta correlación no implica causalidad directa entre las dos variables. En el sentido de que de manera inmediata mayor gasto en I+D se manifiesta en mayor productividad. Existen una importante cantidad de mediaciones, en particular la generación de patentes, como un medio de vincular I+D con la actividad económica.
Sin embargo, interesa esta correlación final. Es el objetivo. Un país busca gastar más en investigación con la finalidad última de ser más productivo. Ergo, más competitivo. Este conjunto de mediaciones permiten que con un mismo gasto en I+D pueda aprovechar dicho gasto de mucha mejor manera.
Ajustándose a la curva, México podría ser 50 por ciento más productivo con el mismo gasto en términos del PIB en I+D. Ahí yace el secreto. Cómo hacer para obtener mayores beneficios del gasto que un país hace en este rubro. Para los fines de este trabajo lo llamaremos vinculación productiva del gasto en I+D. Entre otras cosas tendría que registrar anualmente 10 veces más patentes que las que registra en la actualidad.
Algunos puntos de vista críticos han aparecido en el camino. Pero ninguno ha logrado tener mayor impacto en la transformación del aparato científico y su gran desvinculación productiva con que cuenta México.
Dos investigadores han sido precisos al señalar, el primero, que el enorme aparato científico que ha propiciado el SNI, “…ha tenido gran influencia…para la producción de artículos de investigación científica…” y nada más. “No la ha tenido para la producción de patentes” (Jorge Flores en Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en los Albores del Siglo XXI, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., México 2014, pág 29). Se ha generado un aparato científico enorme, diría, obeso, con enormes prerrogativas y poca utilidad.
El segundo, acertadamente, reconoce que, más aún, el SNI, su estructura y reglas de operación no han hecho más que desalentar la cadena ciencia básica-tecnología-innovación (Salvador Malo, ibid., pág. 117).
Sin embargo, anotaciones de la relevancia de las señaladas no han quedado más que en anecdotario científico. A pesar de provenir de dos figuras de gran relevancia en el terreno científico y educativo en el país, no han hecho mella.
El aparato científico está más que cómodo en el lugar que ocupa y no asume como propia la responsabilidad de hacer que el conocimiento, su generación y desarrollo en México tengan algún impacto mayor en la competitividad del país. Los investigadores en instituciones públicas, sobre todo de educación superior no parecen estar dispuestos a asumir esta responsabilidad. ¿A quién, entonces, corresponde?
A partir de inicios de los años sesenta “…los científicos se han reproducido más que las parejas heterosexuales mexicanas, pero mucho más, 80 veces más rápido” (Jorge Flores, cit.). Sin embargo, desde hace 15 años, el desempeño de México retrocede en el índice de innovación y sofisticación de los sectores económicos. Aquí se incluyen aspectos como gasto en I+D, registro de patentes, producción de artículos científicos y técnicos, exportaciones de alta tecnología y otros vinculados con el nivel científico técnico del país.
A pesar del supuestamente escaso presupuesto para I+D, y del explosivo crecimiento de la población de científicos referida, el monto por investigador en México es altísimo. Si tomamos como referencia a los Estados Unidos, país con el presupuesto más alto por investigador, equivalente a más de 342 mil dólares en el 2011, México ocupa una posición de privilegio. Cada investigador de tiempo completo equivalente recibe casi 61% de este monto.
Los recursos que reciben los investigadores en México se convierten fundamentalmente en artículos científicos, como ya se mencionó, a diferencia de los países industrializados, donde también se transforman en un importante número de patentes.
México tiene un sector de investigadores con tantos recursos per cápita, porque, a pesar del relativamente bajo porcentaje destinado a I+D en términos del PIB, éste es considerable en términos absolutos y tiene muy pocos investigadores.
Dado el enorme grado de desvinculación existente en México entre investigación y desarrollo y productividad es un despropósito buscar incrementar más el gasto en este rubro (en términos del PIB), cuando es un país que en términos absolutos destina a este renglón muchos más recursos por investigador que la Unión Europea en su conjunto, y muchos otros países industrializados, sin antes encontrar la forma de lograr un mayor empleo productivo de dicho conocimiento.
Ahora se mostrarán algunos elementos que permiten entender el grado de desvinculación productiva en la cual se encuentra el trabajo en investigación y desarrollo (I+D), como resultado, precisamente, de la inexistencia de una articulación de estos elementos con un proyecto de desarrollo nacional.
Adicional a la escasez relativa de recursos financieros y humanos destinados a la actividad de I+D en el país, ésta se lleva a cabo en condiciones muy onerosas y enormemente desaprovechadas, lo que las vuelve aún más caras.
Para mostrarlo voy a apoyarme en el cuadro 1 que acompaña al texto, en el que se expone una comparación de México con cinco países: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y España, en relación con un conjunto selecto de indicadores relacionados con la investigación y el desarrollo, normalizados de forma tal que pueden hacerse comparaciones de manera directa.
Como se constata en el cuadro, EU sirve como patrón de comparación del conjunto de indicadores presentados. Los valores para el resto de países se presentan como parte proporcional de éste.
Independientemente del monto absoluto, o de su expresión porcentual en términos del PIB, México destina en investigación y desarrollo poco más del 20 por ciento, medido frente a lo que se gasta en EEUU. En 10 años esta participación relativa se ha elevado alrededor de 10 puntos y apunta a seguir creciendo de manera importante (Durante la entrega de los Premios de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2015 apuntó que con el esfuerzo de su gobierno y las inversiones que realice el sector privado, se estima que a nivel nacional, el gasto en investigación científica y desarrollo experimental alcanzará en 2016, 0.61% del Producto Interno Bruto (PIB). Andrea Meraz, “Sube 37% el gasto en ciencia e innovación”, Excélsior, 24 de junio 2016). Argentina ha logrado un incremento similar y continúa por encima de México con cerca de 26 por ciento del gasto de los EE.UU. España canaliza 2.5 veces más recursos que México, lo que equivale a cerca de 51 por ciento del tanto correspondiente a EU. Esta no es más que otra manera de ver la escasez relativa de recursos que en tres importantes países, junto con Chile, tiene la I+D en América Latina. México es el único país de la muestra que en los últimos 10 años ha mantenido constante el gasto por investigador en relación con EE.UU.
¿Qué se hace con estos recursos?
Cuando medimos esta cantidad en relación con el número de investigadores que la reciben, la imagen se invierte frente al caso anterior. En México cada investigador dedicado a I+D recibe 55 por ciento del porcentaje que reciben en EU sus contrapartes para este fin. Más de 80 del tanto que reciben en Argentina y 30 por ciento por encima del promedio que se alcanza por investigador en España.
El monto relativamente abultado que cada investigador en México tiene en sus manos para realizar tareas de I+D es resultado de su escasa presencia en el seno de la población y de que los recursos aumentan a mayor ritmo. Si observamos a los investigadores como parte de la fuerza laboral encontramos lo siguiente.
El país cuenta solamente con poco más de 11 por ciento del tanto de investigadores que tiene EU por cada mil integrantes de la población económicamente activa (PEA). Esto muestra que las actividades vinculadas a la investigación y el desarrollo en México es tarea sólo de unos cuantos, si se toman parámetros de orden internacional. Argentina tiene 3.4 veces más personas dedicadas a este tipo de actividades, en tanto el monto en España se multiplica más de seis veces. De ahí la relación inversa entre México y Argentina, donde con montos similares destinados a I+D en términos del PIB, a menos de la mitad de investigadores que tiene México les corresponde 80 por ciento más de gasto por investigador. La responsabilidad sobre los investigadores mexicanos pareciera incrementarse.
Pero tal vez no lo sea tanto, pues el número de publicaciones de sus investigadores reconocidas internacionalmente difiere entre ambos países menos que la distancia que separa su gasto por investigador. Y, en los dos casos, la distancia que los separa de Estados Unidos es relativamente menor, sobre todo si lo vemos comparado con la distancia en el gasto como parte del producto.
¿Qué puede decirse hasta el momento con estos datos? Primero, que en términos de publicaciones por investigador, todos los países presentados son mucho más productivos de lo que cabría esperar si la guía fuera el gasto como proporción del producto. No importa que el gasto en I+D en términos del producto sea alto o bajo, como es el caso, ni que el monto disponible por investigador muestre también una variación importante, ni si hay muchos o pocos investigadores en términos relativos (la masa crítica), el resultado expresado en publicaciones es elevado.
Es particularmente notable el caso de Chile. Con 16 por ciento del tanto de EE.UU. como proporción del PIB destinado a I+D, las publicaciones por investigador son 2.5 veces superiores.
En México los investigadores publican sólo 27 por ciento menos que sus contrapartes estadounidenses. Por su parte, los investigadores españoles, con un gasto en I+D cercano al doble del correspondiente a México, publican también casi el doble.
Con los datos a la mano no es posible hablar del contenido ni de las aportaciones al conocimiento de los artículos publicados. Suponemos —a falta de otra evidencia empírica— que el arbitraje de las revistas indexadas en el Science Citation Index permite pensar en aportes promedio similares de los conocimientos en los artículos publicados. Sin embargo, estos artículos y el conocimiento en ellos no se transforman de igual manera en innovaciones capaces de resolver problemas en cada uno de los casos.
En costo por artículo, Chile está a la cabeza con el menor monto. Cada artículo cuesta solo 21.5 por ciento del costo en EE.UU., pues con solamente 55 por ciento del gasto por investigador en relación con los Estados Unidos, produce 128 por ciento de los artículos que se publican en este país. Le sigue España, donde aunque cuesta menos la investigación, se produce menos.
En México el costo de cada publicación equivale a más de 75 por ciento del costo en Estados Unidos, mientras que en Argentina es de 55.5 por ciento y en España de poco más de 32 por ciento del costo frente al mismo referente: Estados Unidos.
La producción científica en México es cara en términos de costo internacional. De la muestra seleccionada, el costo por publicación es equivalente a ¾ de lo que cuesta en Estados Unidos. En tanto en Argentina, poco más de la mitad. En España poco más de una tercera parte y solo una quinta parte en Chile.
En México cada artículo cuesta 36 por ciento más que en Argentina y 134 por ciento más que en España. Este elemento permite pensar que, aun cuando el gasto en términos del PIB sea bajo en México —lo cual provoca muchos de los reclamos de la comunidad científica por incrementarlo—, el cuerpo responsable de llevar a cabo estas tareas es tan reducido que encarece la investigación y muestra costos unitarios elevados. Esto es, la I+D en México es innecesariamente cara. Es menester revisar el costo de producción del conocimiento en México y detectar la forma de elevar su eficiencia hasta niveles internacionales. Esto no es aún parte de la conciencia de responsabilidad social de los investigadores. Frente a estos datos es difícil tener la soltura de insistir en un aumento del financiamiento, sin más.
Coeficiente de invención: las patentes
Una manera estándar de visualizar cuántas publicaciones debiera generar el país se logra midiendo su número en correspondencia con el tamaño del país. En otros términos, expresado en relación con el PIB. Así también puede estimarse si el número de investigadores con que cuenta el país se ajusta a un esperado internacional, por ejemplo.
En el caso de las publicaciones por unidad de PIB, México está muy por debajo del esperado. Producimos solamente poco más de 35 por ciento de lo que se publica en Estados Unidos, mientras Argentina produce 65 por ciento más que este país por unidad de producto. España también se encuentra sensiblemente por encima de la norma, con casi 60 por ciento por encima de la producción estadounidense.
La razón es la misma, lo que se gasta en México, que no es poco, se distribuye entre un grupo reducido investigadores, lo que la vuelve cara desde distintos puntos de vista, y su producción se torna muy ineficiente.
La investigación más cara, sin duda, se hace en Estados Unidos, por ello el indicador de publicaciones por unidad de gasto en I+D es mayor para cualquiera de los otros países. Pero véase nuevamente la distancia entre México y Argentina, por ejemplo. Los investigadores en México producen por encima de dos veces más publicaciones que sus pares en Estados Unidos por unidad de gasto en I+D, mientras que en Argentina el tanto es 2.5 veces, y en España superior a 3.5 veces.
El problema sobre el cual se hace el mayor énfasis en este artículo, está en el último indicador del cuadro. Éste muestra el grado en que el conocimiento generado se convierte en herramienta potencialmente útil para su empleo productivo. Al indicador se le conoce como coeficiente de invención. Éste expresa el número de patentes que en cada país se solicitan por unidad de población. Insisto, conocimiento potencialmente útil.
La sociedad del conocimiento requiere no sólo generarlo, sino lograr que sea socialmente utilizable. Una manera de medir su utilidad potencial está en el registro que desde hace más de un siglo se reconoce como la mejor expresión de volverlo piezas disponibles para su empleo productivo por la sociedad: las patentes.
Es criterio unánime en todos los países industrializados que las patentes y su legislación influyen decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al cual no puede sustraerse ningún país, pues resulta imprescindible para elevar su nivel de competitividad internacional.
Los valores que alcanza este indicador para los países de la muestra desvelan una verdad incontrovertible: el conocimiento que se genera en México tiene muy poco impacto en su capacidad de innovación tecnológica.
El número de patentes por habitante apenas alcanza 1 por ciento del correspondiente a Estados Unidos. Argentina cerca de dos por ciento y España cerca de 7 veces más que los dos anteriores. Todos, sin embargo, tienen estructuras muy ineficientes de transformación del conocimiento en innovaciones disponibles para su empleo. Hay fracturas muy severas entre la generación de conocimiento y su posible empleo productivo.
Ciencia sin rumbo
A pesar de ser muy costosos, los investigadores en México producen una cantidad más que razonable de trabajos científicos. Sin embargo, en general, el conocimiento generado se mantiene en la esfera puramente teórico/especulativa, desconectado de su posible aplicación. Pareciera que México produce el conocimiento y otros lo patentan.
Nuestros sistemas de estímulo a la producción científica de calidad parecen haber dado resultados muy distorsionados. Estas políticas se muestran aisladas de cualquier consideración sobre su posible empleo en un marco articulado de políticas orientadas con un rumbo claramente determinado
Los investigadores han sido empujados a producir ciencia de calidad y lo han hecho. Pero, sin rumbo. Esto es, sin que el país haya tenido la capacidad de integrar esta actividad a las necesidades de desarrollo. Nuestra investigación no ha mostrado todavía su pertinencia social.
Los gobiernos no han sido capaces de poner a la ciencia y la tecnología como ejes del desarrollo individual y social, ni como elemento central y meta primaria del Estado. Hacerlo significaría que en toda decisión de Estado o de gobierno se calcularían sus repercusiones sobre la capacidad nacional de creación científica y tecnológica.
Ciencia y tecnología son concebidas muy limitadamente. La tecnología se ve esencialmente como un insumo para la producción, mientras que a la ciencia se le asume como un lujo cultural.
No ver a la ciencia y la tecnología como parte fundamental e indispensable de la política de desarrollo es perder de vista que en la actualidad la viabilidad de la sociedad y del hombre mismo radica en gran parte en el desarrollo científico y tecnológico, hasta convertirse en elementos críticos de la seguridad nacional. De ahí su relevancia en el proyecto de construcción de cualquier visión de nación. Ésta no es solamente una argumentación abstracta. Un análisis comparativo con otros países permite asegurar que en el mundo dicha concepción ha sido adoptada en las sociedades con mayor dinámica económica, cultural y política.
