El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
El uso del monopolio de la violencia por parte del Estado como último recurso para sostener su hegemonía ante la sociedad civil no sólo fue emprendido de manera irresponsable y brutal provocando la muerte de al menos 9 personas en el operativo de la Policía Federal del 19 de junio para romper el bloqueo de calles mantenido por maestros de la sección XXII y pobladores de Asunción Nochixtlán y San Pablo Huitzo en Oaxaca [i], sino que además, se ejerció sin antes haber agotado en su totalidad el diálogo como mecanismo de concertación y resolución de conflictos.
Parece haber una explicación de la autorización de los gobiernos federal y estatal al uso de armas de fuego para romper el bloqueo que los maestros y pobladores mantenían en demanda de la liberación de la cúpula de la Sección XXII [ii] y esperar que nada sucediera. La clase dirigente en el país sigue actuando con autoritarismo como el que mostró en la masacre estudiantil de 1968, pero parece no darse cuenta que la ciudadanía ha cambiado y que la velocidad con la que circula la información ahora es infinitamente superior a la de los años sesenta.
La disponibilidad masiva de los recursos audiovisuales que permiten captar prácticamente todo lo que sucede, así como su rápida divulgación en las redes sociales es hoy en día el mayor recurso con que cuenta la sociedad civil para denunciar las atrocidades que el Estado comete y que pretende encubrir, como si viviéramos en 1968. El comunicado emitido por Secretaría de Gobernación el mismo 19 de junio intentando desmentir la evidencia que circulaba en redes sociales sobre el uso de armas de fuego por parte de la Policía Federal revela la mentalidad del gobierno en relación a la circulación de la información, en verdad creen que es posible tapar el sol con un dedo.
Frente a esta insensatez, el comisionado general de la Policía Federal tuvo que admitir que efectivamente, se habían utilizado armas de fuego, presuntamente en respuesta a sujetos no identificados. Sin embargo, la evidencia muestra que los disparos se dirigieron en contra de pobladores desarmados [iii]. De inmediato se hizo evidente cuál era la intención del operativo: sofocar la protesta ignorando el diálogo, para de inmediato encubrir toda evidencia de la represión. Con esa misma rapidez se organizaron distintos sectores de la población y en diferentes puntos de la república. Para el martes 21 ya tenía lugar la primera Mega-asamblea universitaria en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mientras que otras voces y gremios se manifestaban por el alto a la represión y por la urgencia al diálogo[iv].
La oxidada política basada en el autoritarismo que pretende encubrir los desplantes de violencia por parte del Estado pierde cada vez más efectividad por lo que se ve obligada a recurrir al mecanismo que tanto pretende posponer: el diálogo. Sólo tras un enérgico llamado de la sociedad civil y de la comunidad internacional a esclarecer la matanza de Nochixtlán, la Secretaría de Gobernación reanudó el diálogo con la CNTE el 23 de junio, que se prolongó para el día 27. La Secretaría de Educación perdió la titularidad de la interlocución con la CNTE.
Además de la intolerancia y el encubrimiento de la violencia de Estado, el actual régimen parte de una concepción jerárquica de la organización política. Esto se revela en el encarcelamiento a los dos principales líderes de la Sección XXII, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, pues asume que si se remueven las cabezas del movimiento éste colapsará. Esto evidencia que la actual administración federal parte del supuesto que la organización de la CNTE es similar a la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es decir, organizada piramidalmente bajo el liderazgo del secretario general.
Sin embargo, la CNTE parece tener una estructura de gobierno con liderazgos distribuidos con una capacidad de decisión más localizada en las bases. Ahí radica un elemento que explica el sostenimiento del movimiento magisterial. Cuando al interior de la organización sindical la representatividad de las dirigencias se comienza a deteriorar, las bases del movimiento sirven de contrapeso. De acuerdo a este testimonio, se puede observar que, en una diversidad de cuestiones operativas, las propias bases toman la iniciativa ante la necesidad de coordinarse entre los distintos cuadros que componen a la sección:
Está la dirigencia y si no responde están los cuadros intermedios. Y en la actualidad superan mucho cuestiones sin un hilo de dirección, sino que si la necesidad se vive desde abajo, desde abajo empiezan a responder por eso siempre hemos comentado, quienes legitiman este movimiento son las bases porque han sido educadas y se siguen educando bajo esa dirección, bajo ese sentido, desde abajo tiene que darse la dirección hacia los que están arriba. (Entrevista Profesor- Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca-CETEO).
En ese sentido, el magisterio disidente al SNTE se enmarca en una dinámica en la cual las bases organizadas van tomando el relevo de las dirigencias cuando éstas dejan de ser representativas. Esto implica una vigilancia interna para que ese relevo se dé de manera natural como en el caso actual en donde las bases toman bajo su cargo la dirección del movimiento magisterial.
Otro elemento que tomó por sorpresa a la estrategia represiva de los gobiernos federal y estatal fue la alianza entre magisterio y población civil en Oaxaca. No es la primera vez que la sección XXII enfrenta incursiones a gran escala de la Policía Federal. Frecuentemente el pueblo de Oaxaca sale en apoyo de sus maestros. Así como en Nochixtlán en 2016 también en Tlaxiaco en 2015 en las elecciones de junio, el magisterio tuvo el respaldo popular, como lo indica este testimonio:
Lo que pasó con la denuncia de la farsa electoral cuando en la mixteca en la comunidad de Tlaxiaco estábamos los maestros y nos rodeó un dispositivo policial y en cuestión de minutos bajaron comunidades completas con machete en mano las comunidades a rescatar a sus maestros. Eso no podría explicarse si no hubiera ese asunto de cariño, de respeto a los maestros dirían saben qué muéranse. Si no hubiera ese asunto de la solidaridad, de la comunalidad, pero salieron, y estaban encapsulados los maestros y las comunidades bajaron y encapsularon a los policías (Entrevista Coordinador, Prensa y Propaganda-CETEO).
Esta relación de solidaridad entre magisterio y pueblo de Oaxaca se ha ampliado a otros sectores de la sociedad. Junto con la exigencia del alto a la represión y de privilegiar el diálogo, las muestras de apoyo se fueron multiplicando de diversas maneras. De la marcha del viernes 17 a la del 24 y el 26 se van sumando voces de apoyo a la demanda de diálogo de la CNTE en torno a sus demandas de reformulación de la reforma educativa. La negativa al diálogo por parte del Estado expresada en el centro histórico de la ciudad de México y en Nochixtlán parece ir cediendo ante la exigencia popular de poner al diálogo en primer lugar [v].
Un indicio de este giro se observó en el titular de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, quien se mostró proclive a la idea de modificar la reforma [vi]. “La reforma es una página en construcción” y “asimilar las propuestas de la CNTE”, son enunciados que se enmarcan en lo que el teórico Stephen Ball denomina los ciclos de la política, de acuerdo a los cuales, los mismos docentes también participan de la hechura de las reformas y éstas mismas padecen transformaciones en sus distintos contextos de aplicación [vii].
Cuando los medios para aplicar una reforma llegan a extremos en los cuales la violencia ejercida para sofocar a la disidencia es de una magnitud tal que atenta contra la vida de civiles, se vuelve un imperativo impedir la impunidad y castigar bajo la ley a los responsables de tales acontecimientos. Asimismo, se vuelve prioritario reordenar la manera en que la conducción de la política educativa se ha llevado a cabo.
La masacre como ejercicio de la represión estatal se repite nuevamente, como en 1968 y en tantos otros acontecimientos de la historia política y educativa de México. La deuda dejada en términos de respeto a los derechos docentes por la implementación de la reforma educativa se eleva peligrosamente. No sólo es acuciante reparar los daños provocados a la sociedad tras estos desplantes de violencia, también está pendiente repensar las metas a las que responde la reforma educativa. La implantación de la ley no puede ser a costa de la muerte de los ciudadanos. Indefectiblemente la calidad no se incrementará ni se tendrá un sistema educativo justo y equitativo sin la colaboración y participación de los actores bajo un marco de respeto mutuo.
[i] Mariana Favela, No FM radio, “Oaxaca: crónica de la insurrección”, 21.06.16
[ii] Lupita Thomas, El Universal, “Oaxaca: CNTE y padres mantienen bloqueos carreteros”, 14.06.16
[iii] Animal Político, “Policía Federal acepta que usó armas de fuego en enfrentamiento de Nochixtlán, pero sólo al final”, 19.06.16
[iv] Emir Olivares Alonso, La Jornada, “Universitarios respaldan lucha magisterial; piden renuncia de Nuño”, 21.06.16
[v] Laura Poy, La Jornada, “Maestros de la CNTE piden diálogo verdadero con el gobierno”, 24.06.16
[vi] Andrea Becerril, La Jornada, “Apoyan en el Senado modificar la reforma educativa”, 24.06.16
[vii] Ball, S., Mainardes, J. (2011). Políticas educacionais. Questoes e dilemas. Sao Paulo, Cortez.
