De nueva cuenta, los muertos son señal de alarma en un sistema político, el mexicano, que no resuelve las necesidades de la sociedad conforme a sus obligaciones con los derechos humanos. Oaxaca ahora asusta. Como es habitual en el gobierno, ve surgir los problemas, hace declaraciones y promesas y retarda las soluciones. La voz-silencio de los muertos aparece y modifica los horizontes.
La cuestión esencial de los maestros en Oaxaca o en la CNTE, no es la evaluación; esta es el motivo de sus protestas en los años que corren y seguro el gobierno lo sabe. Es también seguro que los maestros saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que la evaluación no viola sus derechos, pero los maestros, en cambio, insisten en realizar acciones que violan los derechos de otros ciudadanos y ciudadanas mexicanos, empezando por los niños, niñas y adolescentes que no reciben la educación de calidad a que tienen derecho, y siguiendo con maestras y maestros que han aceptado la evaluación y son vejados, hasta otros grupos de la sociedad que son afectados en sus actividades económicas, en su seguridad.
El problema maestros-gobierno-sociedad gira en torno a la calidad de la educación y se ha reconocido muchas veces que ésta no es responsabilidad única de los docentes. Existen otros daños a la sociedad, provenientes de malos gobernadores y malos legisladores; malos, por ahora, en cuanto que no cumplen el artículo primero de la Constitución, que afirma: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Pero ¿qué pasa si uno o varios gobernadores no cumplen su obligación y si ellos mismos no gobiernan conforme al artículo primero, lo cual es ciertamente una cuestión grave de 
calidad del gobierno? ¿Qué ocurre si los legisladores no realizan su tarea con la calidad y eficacia que la sociedad necesita y espera? Al ocurrir eso, no se produce una acción en el conjunto de los poderes del Estado conforme a la distribución de responsabilidades y contrapesos que la Constitución ordena y la legislación regula; no se produce una acción que señale el problema y que conjunte responsabilidades para corregir las ineficiencias. ¿Ejemplos? El veto del presidente Enrique Peña a un artículo de la Ley 3 de 3 es limitado; el gobernador de Veracruz no es llamado a cuentas; el gobernador de Quintana Roo se protege usando el poder legislativo de su estado.
Todo eso es conocido por los maestros que rechazan la evaluación, saben del amplio y bien tejido manto de impunidad que coloca la red de intereses sobre muchos funcionarios irresponsables.
Si se observan y se valoran los problemas con la óptica de la calidad, no es menor la falla que en ella tienen los gobiernos estatales o el Poder Legislativo federal y los de las entidades federativas, y tal falla afecta también la vida social, los derechos de los ciudadanos. Lo que se muestra entonces es un desequilibrio en la exigencia de la calidad que se le hace a cada actor político. El gobierno debe verse en el espejo de los maestros; la mal llamada clase política debe dejar de rotar en torno al 2018 y ocuparse del 2016.
Los maestros deben educar en “el respeto a los derechos humanos” (artículo 3o constitucional) y organizar sus manifestaciones públicas respetando los derechos de los ciudadanos, lo cual será para ellos fuente de apoyo. El Poder Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las entidades federativas -en especial aquellas en donde los problemas con el magisterio son más fuertes- deben actuar para la justicia, dar ejemplo de gobierno apegado al artículo 1o de la Constitución, pues en ese marco es que la sociedad les ha conferido una responsabilidad pública. No tendrán ninguna legitimidad sin ello aunque quieran hacer sentir otro poder. Además, si algo debe recordar el gobierno es que su labor también es educación.
No puede el gobierno señalar el mal uso de recursos por la parte de la CNTE y encarcelar a algunos líderes, mientras ex gobernadores y gobernadores tienen cuentas pendientes que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. El orden jurídico debe dar lugar a un orden gubernativo y el principio de ambos es la justicia.
Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.
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