La investigación educativa de México debe estar de plácemes. El pasado 27 de mayo, durante la entrega de los premios de ciencia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se crearán cuatro nuevos centros públicos de investigación y uno de ellos será sobre políticas educativas. El resto abordará temas como aeronáutica, desarrollo metropolitano y zonas áridas.
Por otro lado, tres días después del anuncio de la creación de ese centro, el Fondo de Cultura Económica (FCE) instaló el Consejo Editorial de lo que será la Revista de Reformas y Políticas Educativas (REPE) cuyo objetivo será “difundir investigación científica relevante, con una orientación humanista, que promueva un diálogo informado entre la comunidad académica nacional e internacional, los tomadores de decisiones y los actores interesados de las comunidades escolares”.
Que el FCE impulse un proyecto editorial de esta naturaleza abre la oportunidad para discutir —de manera más rigurosa y constante—, la forma en que el gobierno y la sociedad se organizan y actúan para tratar de resolver los problemas educativos del país. Esto es precisamente la política educativa: cursos de acción explícitos o implícitos que surgen desde los gobiernos democráticamente electos, pero que los distintos actores sociales reconfiguran para cumplir con las finalidades que el Estado se va fijando. Una de estas finalidades puede ser la distribución equitativa de la calidad para todos los sectores, especialmente, para aquellos que enfrentan mayores desigualdades.
Contar con un espacio de “diálogo informado” como la REPE era una necesidad tanto académica como política. Política porque es imprescindible elevar el debate público sobre la educación mexicana con conocimiento y académica porque aún desconocemos muchos aspectos del desarrollo de las políticas públicas en educación. Por ejemplo, ¿por qué un determinado problema social (e.g. bullying) llega a conformar parte de la agenda pública? ¿Qué grupos sociales impulsan tal agenda? ¿Quién se oponen y bajo qué argumentos lo hace? ¿Es verdad que la pluralidad ideológica le imprime mayor efectividad a las políticas? ¿Por qué se entorpece tanto la implementación de las reformas educativas a pesar de que nacen de importantes cambios constitucionales? ¿Cómo “estructuran” las leyes a las políticas educativas en un país con altos grados de impunidad? ¿Se evalúan rigurosamente las políticas y los programas educativos actuales? ¿Qué programas funcionan efectivamente para elevar los aprendizajes de los niños y jóvenes y cuáles no? ¿Cómo las maestras y maestros producen conocimiento útil para mejorar el diseño de las reformas y las políticas educativas? ¿Por qué se reproducen las asimetrías de poder entre los actores centrales de las políticas?
A medida que la realidad cambia, requerimos mejores lentes para analizar las políticas públicas. Incluso, el lenguaje se renueva. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los pioneros de la investigación educativa en México, en un principio, utilizaban el término “acción” en lugar de “política”; incluso ahora prosiguen los debates sobre si es apropiado hablar de “políticas públicas” o solamente de “decisiones gubernamentales”.
Con la revista del FCE sobre políticas educativas se reconoce a un campo de estudio que se ha ido consolidando en los últimos años, pero que no por esto, vive exento de varios retos. Uno de ellos es el desarrollo de mejores teorías para explicar cómo ocurren los procesos de la política pública. ¿Debemos seguir utilizando invariablemente el modelo neocorporativo para explicar el cambio en la educación? ¿Será posible aplicar el enfoque de redes de política (policy networks) dados los cambios políticos y sociales que hemos experimentado en los últimos tres lustros?
Otro reto académico es la integración de la dimensión de la política de “alto nivel” con lo que ocurre cotidianamente en las escuelas y en las aulas. Sin caer en el lugar común o clisé de que “lo de abajo” es más importante de lo que ocurre en las altas esferas del poder, sí es necesario reflexionar cómo ambas dimensiones de poder se integran e influyen mutuamente. Si hacemos un esfuerzo intelectual en este sentido, quizás pronto podríamos construir una visión más amplia y profunda de los actores del sistema educativo, sus niveles de cooperación, esquemas de conflicto y sobre todo, sus percepciones y razones.
Pero aparte de los retos intelectuales, la Revista de Reformas y Políticas Educativas (REPE) va a enfrentar desafíos de índole práctica. Por ejemplo, tendrá que definir más claramente su identidad y lidiar con los tortuosos esquemas de evaluación para las revistas científicas e ingresar a los índices de calidad. Pese a esto, la posibilidad de promover una cultura académica mucho más abierta y plural a través de este medio de divulgación científica es real. Enhorabuena.
