La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) rechazó las acusaciones de desvío de recursos, que hiciera el diputado Fernando Zárate contra el rector Salvador Vega en días pasados.
Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México presentó una denuncia ante la PGR contra del Rector General de la UAM, Salvador Vega y León, por, presuntamente, desviar 350 millones de pesos otorgados por la Cámara de Diputados para la construcción de la unidad Aragón.
El diputado argumentó que “queremos que se lleve a cabo una investigación para que el rector general de la UAM y el representante legal expliquen ante las autoridades el destino de esos recursos, pues ante la falta de información que prevalece hasta el momento es de temerse que exista un desvío de recursos, que exista colusión, corrupción”.
Funcionarios de la UAM, encabezados por Carlos Reynoso Castillo, Abogado General; y por David Alejandro Díaz Méndez, Director de Comunicación Social de la UAM, ofrecieron una conferencia de prensa en la que desmintieron, con documentos, que exista tal desvío.
Reconocieron que en el 2015 se amplió en 350 millones de pesos el presupuesto de la UAM, por lo que el presupuesto final ascendió a seis mil 499 millones 319 mil 278 pesos.
300 millones se destinaron al capítulo 1000 (servicios personales) y los 50 millones restantes se canalizaron al capítulo 6000 (inversión pública), específicamente para la construcción del módulo A del edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa.
Los funcionarios rechazaron que los recursos otorgados fueran etiquetados para un proyecto de ampliación de la Unidad Azcapotzalco.
Reconocieron que en el 2015 hubo conversaciones entre la delegada Nora Arias y el Romualdo López Zárate, Rector de la Unidad Azcapotzalco, con la intención de generar las condiciones para realizar una ampliación de la sede. Sin embargo, a pesar de que Arias se ofreció a gestionar el terreno, la UAM nunca recibió noticias de la supuesta donación.
También aclararon que nunca se ha registrado, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ningún proyecto de ampliación de la Unidad Azcapotzalco, por lo que no se puede asignar dinero a un proyecto no registrado.
El Abogado General aseguró que las acusaciones carecen de fundamento legal y “una vez que seamos requeridos por parte de la PGR, si fuera el caso, estaríamos haciendo las valoraciones convenientes para ver si este tipo de conductas pudiera tener algún tipo de consecuencia y actuar en el terreno jurisdiccional”.
Mientras Díaz Méndez dijo desconocer y no entender los motivos de estas acusaciones, “pero queda claro que trascienden lo académico y distan mucho de estar en favor de la educación superior del país”.