Reformas educativas en Latinoamérica: el caso de Argentina
La continuidad de una política de exclusión y la defensa del derecho a la educación
María Laura Alegre
Universidad Iberoamericana
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En Argentina, casi 12 millones de personas, esto es, alrededor del 30% de la población, se encuentra cursando algún nivel educativo. La educación primaria y la educación secundaria reportan cada una la asistencia de casi un 11%, mientras que la educación superior no universitaria un 2%, y el universitario el 5% de la población (Anuario Estadístico Educativo, 2014; Anuario de Estadísticas Universitarias, 2013, del Ministerio de Educación de la Nación). Tal como señala Dussel (2004), al igual que en varios países centrales, en Argentina la desigualdad se percibe más duramente “hacia arriba”, específicamente en los niveles que superan la educación básica.
Mientras en el paso de la educación primaria a la secundaria no se advierten amplios procesos de abandono escolar entre los ingresantes, de la secundaria a la universidad, las oportunidades de acceso disminuyen drásticamente y, por ende, se acentúa la exclusión y marginación social y educativa de amplios sectores de la población. La segregación por el lugar de pertenencia, es un factor que continúa incidiendo en el acceso a la educación, lo que lleva a que sean los sectores más pobres, que habitan en los estados más pobres, los sujetos históricamente excluidos de la educación superior. “En la Argentina, una de las desigualdades más persistentes es la político-territorial entre las provincias”, plantea Dussel (2004).
La continuidad de una política educativa centralista, con su foco en la capital del país, se ha constituido en un aspecto clave en la estructuración de una política de exclusión, que desatiende, silencia e invisibiliza las realidades sociales de los estados, del llamado “interior del país”. Esta situación de marginación también ha tenido como desencadenante el vaciamiento progresivo que desde los gobiernos -amparados y orientados por las medidas de las corporaciones internacionales- se ha gestado en torno a la educación pública. En este sentido, la adecuación de la política educativa a los lineamientos del mercado, es otra de las causas históricas que atropella el derecho a una educación pública y gratuita, consagrada por principio constitucional.
Desde el 2003, incluso, se dio vía libre al ingreso de agentes privados en todos los organismos de elaboración de políticas y de gobierno y coordinación de la educación en general, reforzando la tradición del proyecto neoliberal sostenido duramente desde la década del noventa (Rodríguez y Vior, 2012).
“A pesar de la recuperación del discurso democrático centrado en la igualdad y en la ciudadanía, las medidas no se dirigen a revertir el carácter regresivo e injusto de la privatización, un factor más que contribuye al deterioro de la educación pública, verdadera “privatización por desgaste” (Gamallo, 2008). […] La normativa y los procesos de asignación de subsidios al sector privado son discrecionales, y se dirigen en alta proporción a establecimientos que no atienden a los sectores sociales pobres y que benefician, mayoritariamente, a escuelas religiosas” (Rodríguez y Vior, 2012, p. 100).
Según Rodríguez y Vior, además durante los últimos años se ha incrementado la cantidad de instituciones educativas de gestión privada. De acuerdo a datos del 2006, “el 27% de los alumnos de todos los niveles educativos del país (excepto el universitario) concurrían a establecimientos escolares”, siendo los estados más pobres precisamente los menos “privatizados”. A esto se añade que son las escuelas religiosas las que asumen la mayor parte de los beneficios, como parte de la expansión del gasto público en subsidios a la educación particular, que entre 2005 y 2009, ascendió del 15% al 18,4%.
De esto se advierte que son las escuelas pertenecientes a los sectores más opulentos, entre ellos las religiosas, las que se benefician de gran parte del gasto público, desamparando política, social y económicamente a un amplio sector de la población que asiste a la educación pública. El financiamiento del Estado a la educación pública, en este sentido, ha decrecido durante los últimos años, advirtiéndose un alto desfinanciamiento a los estados y “sin llegar a aportar ni siquiera lo prometido al 6% del PIB” (Izquierda Diario, 24-11-15).
A esta cadena de marginación, se suma la reciente eliminación, durante el gobierno kirchnerista, de la Ley N°1420 que garantizaba históricamente la educación laica en el país (Prensa Obrera, 5-08-15). El progresivo desarrollo de las medidas antilaicistas da cuenta que la violación al derecho a la educación opera desde distintas vertientes. La pobreza, la segregación territorial y la avanzada de la política privatista, se entretejen en la consolidación de una política de exclusión, que también pretende prescribir modelos culturales e ideológicos. Los esfuerzos de los distintos gobiernos en pos del establecimiento de una educación religiosa obligatoria es una constante en la historia de la educación de Argentina, que se refleja, por ejemplo, en la implementación desde hace varias décadas de la asignatura de religión, prescrita por el curriculum oficial de la educación básica pública en varios estados del norte del país.
Los lazos estrechos entre las universidades públicas con empresas privadas, como el caso de la Universidad Nacional Tucumán, cuyo presupuesto anual, depende casi el 40% de los fondos aportados por la Minera Alumbrera -denunciada gravemente por contaminación ambiental- es otro aspecto que va constriñendo los alcances de la educación pública. Este corporativismo que se va gestando entre las empresas privadas y las universidades públicas, va haciendo difusas las líneas de acción de la educación pública, ya que son esas mismas empresas las que van pautando qué se estudia, qué se investiga y a quiénes se investiga.
Escuelas inundadas, derrumbes de techos y la falta de higiene de las escuelas, son algunos de los aspectos más visibles de la deficiente administración presupuestaria y de esta progresiva erosión de la educación pública, que afecta directamente el mantenimiento de las universidades.
“Cuando se restituye el agua, empezamos a ver que teníamos la casualidad de que varios compañeros simultáneamente estaban con los mismos síntomas: dolor de panza, fiebre, vómitos, diarrea. Empezamos a contabilizar, y de una población de 150, teníamos más o menos 20 compañeros con los mismos síntomas […] Después les comentamos que el agua no era el único problema; teníamos ratas, alacranes, cucarachas en el edificio, y les contamos que algunos compañeros tenían hongos en la piel, o sarpullido, que nosotros decíamos que podían ser de las ratas y las pulgas que hay” […]
“El lugar se está cayendo”. Las oficinas están comidas por la humedad, les faltan vidrios a las ventanas, los baños están rotos, faltan elementos de higiene y trabajo, la instalación eléctrica es inadecuada y peligrosa, y la lista sigue” (Agencia de Prensa Alternativa, s.f.).
“Me acuerdo que durante las clases en ese lugar nos caían pedacitos de techo mientras tomábamos apuntes. Ya estamos acostumbrados, si no se caen techos, se caen ventanas o pedazos de mampostería. Por suerte no había nadie, sino hubiera sido una desgracia” (El diario24, 01-03-11).
Esta crisis edilicia y sanitaria de la educación pública de Argentina, atenta principalmente contra la justicia social y educativa. El derecho a la educación se ve vulnerado tras la implementación de una política educativa, que avasalla condiciones básicas para el acceso a la educación. El cierre de numerosos comedores universitarios, ejecutado durante la última dictadura militar, por considerarlos “semilleros de revoltosos”, sigue vigente en varias universidades del país, donde el argumento de la supuesta falta de presupuesto, ha sido adoptada como una estrategia más de los gobiernos, en detrimento del carácter público y gratuito de la educación universitaria. La materialización de una educación verdaderamente “pública” se encuentra entonces lejos del horizonte planteado por los gobiernos que, aunque democráticos, siguen manteniendo modelos educativos de los gobiernos totalitarios.
Ante este horizonte de injusticias y atropellos, se consolida también la exigibilidad del derecho a la educación como una conquista inalienable y una acción que, en la cotidianeidad, va sembrando expresiones de resistencia frente a una política educativa, que resulta ajena a las necesidades de la mayoría de los sectores y actúa en función de los intereses de una minoría.
Los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri debutaron con masivas manifestaciones de docentes, en su lucha por el incremento del salario, que en la actualidad no llega ni al piso del costo de la canasta familiar. El cierre de numerosos programas que estaban a cargo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social ha dejado el saldo de miles de docentes despedidos, destapando incluso las condiciones de precariedad y flexibilidad laboral que atraviesa un gran sector de la docencia del país. El descrédito a los reclamos docentes, sin embargo, ya había dado sus pasos durante el gobierno anterior, con las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Con trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases” (Clarín, 01-03-12).
La expresión más notoria y sangrienta de la estigmatización del reclamo docente se vivenció, en el año 2007, con el asesinato a manos de la fuerza policial de Carlos Fuentealba, un maestro que participaba de una huelga docente en el estado de Neuquén. Este hecho significó un parte aguas en la lucha docente. La frase “las tizas no se manchan de sangre” impregnaron los carteles y los mensajes de quienes habían salido a las calles a reclamar y exigir justicia por la brutal represión. Desde el 2007, el día 4 de abril, fecha del asesinato del maestro, se conmemora el “día de la dignidad docente”, actualizándose cada vez la lucha de los maestros por la conquista de sindicatos combativos, la denuncia frente al recrudecimiento de la represión estatal y la demanda de mejores condiciones de trabajo.
¿En manos de quiénes se encuentra la defensa del derecho a la educación pública en Argentina? ¿Son los gobiernos, con su estructuración de toda una política educativa de exclusión, privatista, centralista, represiva e indigna, los agentes de esta defensa? ¿O son otros actores, como docentes, estudiantes, familiares quienes asumen genuinamente el mandato de la exigibilidad del derecho a una educación gratuita, pública y laica?
La historia de la educación de Argentina demuestra que las medidas de los distintos gobiernos han estado siempre orientadas a la instauración de modelos ajenos a las necesidades y particularidades de un gran sector de la población. Antes, con el afán de garantizar una identidad nacional, se intentó homogeneizar, uniformar y hasta aniquilar a varios grupos sociales, como la masacre a indígenas hacia fines del siglo XIX. Ahora, se intenta seguir manteniendo un proyecto neoliberal en educación, que hace emerger nuevas condiciones de exclusión, y que va aniquilando progresivamente, tanto a nivel simbólico como material, las oportunidades de los jóvenes argentinos de una educación pública, gratuita y laica. La defensa del derecho a la educación se convierte entonces en un imperativo de las demandas colectivas, de hoy y mañana.
Referencias
Alfonso y Martín. Evaluar la calidad, una nueva ofensiva contra la educación. Prensa Obrera, 18 de febrero de 2016.
Anuario de Estadísticas Universitarias (2013). Ministerio de Educación de la Nación.
Anuario Estadístico Educativo (2014). Ministerio de Educación de la Nación.
Cristina les apuntó a los maestros: “tienen tres meses de vacaciones”. Clarín, 1 de marzo de 2012.
Del Plá y Sierra. Un retroceso de 133 años: el kirchnerismo deroga la educación laica. Prensa Obrera, 5 de agosto de 2015.
Dussel, I. (2004). Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina de hoy. Algunas reflexiones y propuestas. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina.
Los alumnos de teatro luchan contra la crisis sanitaria y edilicia de la sala Paul Groussac. Agencia de Prensa Alternativa, s.f.
Puy, Federico. Esteban Bullrich, el nuevo ministro de educación. La Izquierda Diario, 24 de noviembre de 2015.
Transcripción completa del discurso de Mauricio Macri. La nación, 10 de diciembre de 2015
Un derrumbe, desnuda los graves problemas edilicios de Filosofía y Letras. Diario24, 1 de marzo de 2011.
Rodríguez y Vior (2012). La privatización en Argentina, un largo proceso de expansión y naturalización. Pro-Posições, Campinas, vol. 23, 2 (68), p. 91-104, mayo-agosto de 2012.
