La modificación a PLANEA, que implica que la prueba será aplicada por los propios docentes, en vez de que sea aplicada de manera externa, y que sus resultados sólo serán conocidos al interior de los planteles, constituye un retroceso en el desarrollo de instrumentos confiables a favor de la calidad educativa.
En las últimas semanas se ha producido una polémica sobre la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) –avalada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)- para cambiar la forma en que aplica la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes). Esta modificación, que implica que la prueba será aplicada por los propios docentes, en vez de que sea aplicada de manera externa, y que sus resultados sólo serán conocidos al interior de los planteles, constituye un retroceso en el desarrollo de instrumentos confiables a favor de la calidad educativa. También merma los esfuerzos que se buscan implementar mediante la reforma educativa, por lo que la autoridad debe reconsiderar su decisión.
Primero la presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, aludió a razones presupuestales que llevaron a la SEP al cambio en la forma en que se aplicaba la prueba. Al día siguiente el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que no era así, sino que el fundamento del cambio era técnico –avalado tanto por los expertos de la SEP como del propio INEE. Señaló que los resultados serían exclusivamente para consumo interno de las escuelas y que se reutilizarían los reactivos de la prueba del año pasado para dar continuidad a lo que se ha aprendido o no en los planteles escolares. El subsecretario de Planeación de la SEP, Otto Granados, también ha insistido en las motivaciones técnicas que avalan la nueva modalidad de PLANEA.
Sin embargo, a la fecha no hay documento alguno que se haya hecho público para dar sustento a esta decisión. Sólo sabemos los dichos de las autoridades y éstos no pueden ser el fundamento técnico en el diseño de la política educativa. En el recuento apretado de los hechos destaca cómo las autoridades educativas –SEP e INEE- han omitido hacer alguna al Documento Rector de la prueba PLANEA para justificar su decisión. Dicho documento se dio a conocer en noviembre del año pasado y está disponible tanto en los sitios del INEE como de la SEP.
La referencia es relevante porque ahí se establecen los propósitos de la prueba, sus modalidades, se advierte sobre sus usos y modo de aplicación, y se contempla su revisión técnica en el tiempo. Estos elementos afianzan las dudas sobre las razones del cambio.
El documento rector establece que PLANEA tiene como “propósito general conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria” (Documento Rector PLANEA, p.11). Sus resultados sirven para medir la mejora educativa, a partir de “informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes” (p.11). Asimismo, sirve para aportar información relevante a las autoridades para el monitoreo, planeación, programación y operación del sistema educativo y sus escuelas. Al ofrecer información oportuna, pertinente y contextualizada a las escuelas y a los docentes, les brinda elementos para mejorar sus prácticas de enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.
Las tres modalidades de la prueba que se identifican en el documento en referencia son:
- La Evaluación de Logro Referida al sistema educativo nacional (ELSEN), la cual diseña y aplica el INEE a muestras representativas de estudiantes a nivel nacional, estatal y diferentes estratos escolares de los grados terminales de la educación obligatoria en ciclos de cuatro años.
- La Evaluación Diagnóstica Censal (EDC), que se aplica mediante prueba estandarizada anual entregada por la SEP a los docentes de cuarto grado al inicio del ciclo escolar para que puedan, a partir del análisis de sus resultados, planificar su labor en el aula y así poder apoyar a los alumnos para mejorar su aprendizaje. Son las únicas pruebas que explícitamente el documento señala que son administradas y analizadas por los propios docentes.
- La Evaluación de Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE) –la cual ha sido la versión modificada y que ha dado pie a esta polémica. Esta prueba evalúa una cantidad más reducida de aprendizajes clave mediante instrumentos aplicados anualmente por la SEP en coordinación con las autoridades educativas estatales a través de aplicadores externos. Es una prueba más reducida en sus contenidos, que se aplica a muestras de alumnos por escuela, que al menos tengan 35 alumnos, y en la que todos contestan las mismas preguntas. Los grados a evaluar son sexto de primaria, tercero de secundaria y tercero de media superior con el propósito de ofrecer a cada escuela elementos de retroalimentación para su mejora.
De lo anterior es claro que en el diseño técnico original de PLANEA no se contempla una prueba censal de escuelas cuya aplicación sea a cargo de los propios docentes. Contrario a lo argumentado por el Secretario, quien sugiere que al aplicar la misma prueba este año respecto al anterior se da continuidad para entender lo que se ha aprendido en una escuela, en el documento rector se advierte que los instrumentos en el caso de las evaluaciones ELCE no deben volver a ocuparse para evitar así sesgos en sus resultados, por lo que es necesario renovarlas y mantener dichas evaluaciones.
Asimismo, con el fin de evitar la copia –que fue una de las razones de crítica para justificar la sustitución de la prueba ENLACE por PLANEA- el documento plantea diversos mecanismos de control. El INEE establece lineamientos para la aplicación de las pruebas y se advierte que “los aplicadores de las pruebas en un plantel no deben ser parte de esa comunidad escolar” (Documento rector PLANEA p.24)[1].
Finalmente, el documento rector establece la necesidad de contar con estudios que muestren la utilidad de la información obtenida a partir de PLANEA para la mejora educativa y señala que se contempla una revisión a profundidad de sus alcances y limitaciones a partir del primer ciclo de aplicación completo que sería hasta el año 2019, no en febrero de 2016.
La autoridad argumenta que el cambio no es grave porque en primer lugar no cambia mucho el aprovechamiento escolar de un año a otro. Sin embargo, la evidencia tanto nacional como internacional pone en entredicho dicha afirmación. En un estudio del Banco Mundial los autores demuestran que entre enero de 2010 y finales de 2011, el gobierno de Colima implementó un programa piloto entre las escuelas públicas con menores resultados en ENLACE para incrementar la información sobre dichos resultados. Dicho ejercicio informativo –sin medidas punitivas- fue acompañado con la visita de un asesor técnico que junto con la comunidad escolar hizo un diagnóstico específico de cada plantel a partir del cual diseñaron estrategias para mejorar el aprendizaje. En un año comenzaron a verse mejoras en los resultados de estos planteles en ENLACE, que no fueron asociados a la copia, sino al esfuerzo de una comunidad escolar bien informada (De Hoyos, Patrinos y García 2015).
La necesidad de multiplicar estos esfuerzos de comunidades escolares a favor del aprendizaje, en los que tanto los Consejos Técnicos Escolares como los de Participación Social aprovechen los resultados de PLANEA para desarrollar medidas destinadas a mejorar la calidad educativa, es lo que hace necesario que la autoridad dé marcha atrás a su decisión. Debe ponerse el énfasis en cómo aprovechar la información que se deriva de los resultados estandarizados, no en cambiar a inicios del camino una prueba por motivaciones ajenas a la búsqueda de la mejora educativa.
Al cambiar la forma de implementar esta modalidad de PLANEA, se merma la información que los padres necesitan para poder exigir rendición de cuentas sobre los resultados que obtienen sus hijos. El gobierno dice querer empoderar a los padres a través de la reforma educativa para que coadyuven a los docentes en el esfuerzo por la calidad educativa. Sin embargo, para este empoderamiento un requisito fundamental es contar con información confiable y pública de los resultados educativos de las escuelas, lo que impide la decisión del gobierno.
El esfuerzo que representa la modalidad original de PLANEA tiene un costo estimado de 240 millones de pesos, cifra menor a la luz de desperdicios en el gasto público tales como los 7 mil 611 millones de pesos en 2013, destinados a la publicidad gubernamental según cifras oficiales. O es mucho más baja que los aproximadamente mil millones de pesos que se dejaron de pagar por fin de forma ilegal a los comisionados del SNTE (Reforma 16 de enero 2016). A raíz de la revisión del ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) en 2015 que realizará la Auditoría Superior de la Federación en los próximos meses, ésta tendrá que pedir la devolución de estos recursos a las autoridades estatales que enviaron la información para estos pagos ilegales. Estos fondos podrían servir para realizar PLANEA en su versión original, pese a los problemas que enfrentan las finanzas públicas.
Ojalá todas las autoridades educativas –INEE, SEP y su contraparte en los estados- entiendan que no se trata de malas intenciones desde la sociedad civil, o de un falso debate. Alzar la voz para llamar a la autoridad a echar para atrás esta decisión equivocada es consecuente con el propósito compartido por muchos de desarrollar esfuerzos a favor de mejorar la educación en nuestro país. Es consistente también en el anhelo de construir comunidades educativas empoderadas a partir de evaluaciones que sirvan tanto para inspirar transformaciones en las prácticas docentes como para dar cuentas de los resultados educativos. Revertir la decisión de las autoridades con respecto a la aplicación de PLANEA es una necesidad para que esta evaluación provea información confiable que permita hacer valer el derecho que como ciudadanos tenemos a exigir cuentas sobre nuestro sistema educativo y de lo que acontece en las aulas públicas y privadas del país, y así realmente poner la escuela al centro de los esfuerzos de la política pública.
[1] Estos lineamientos son coherentes con las advertencias múltiples del propio INEE a través del consejero Eduardo Backoff, cuando pugnó por terminar con ENLACE e implementar PLANEA. Entonces señaló que sólo se pueden garantizar resultados confiables de las pruebas mediante su aplicación por agentes externos.
Investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey. El autor agradece las sugerencias de Laurence Pantin y Rosa María Giorgana en la revisión del presente texto.
