Evaluación docente: enfrentamiento entre la SEP y la resistencia magisterial. La urgencia de diálogo y de comisiones de intermediación
Por Rosario Maríñez
Universidad Iberoamericana- Tijuana
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el
pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ).
Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico
de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Con motivo de la jornada de evaluación del desempeño docente a los maestros de Oaxaca el 28 de noviembre del 2015, Aurelio Nuño, secretario de Educación, ha señalado que “en la evaluación de los maestros de Oaxaca de la semana pasada, hubo una participación de casi 3 mil docentes, esto es el 45 por ciento de los convocados. Y (…) a pesar de los intentos de algunos líderes de la CNTE por “sabotear” el proceso, éste se realizó “sin mayores incidentes”. En ese estado ha habido diversas resistencias, derivadas de “algunos de los líderes de la sección 22 que no quieren que avance esta reforma, ya que no quieren perder sus privilegios y han querido tener resistencias” (La Jornada, 1/12/2015).
Ante las protestas de los maestros guerrerenses, Nuño sostuvo que no habría cambios para la realización de la evaluación del jueves 3 de diciembre de 2015, conforme a los tiempos previstos. Sobre el llamado a dialogar hecho por la CNTE, Nuño declaró que “no ha habido propuesta alguna de diálogo serio, que implique poder sentarnos a ver cómo aplicamos la reforma educativa. Reitero: todos estos llamados a ver cómo cambiamos la ley o cómo le damos la vuelta no puede ser un diálogo serio, y en ese sentido, nosotros no vamos a ir” (La Jornada, 3/12/2015). Esto, argumentó el secretario, colocando tanto a la reforma constitucional como a las leyes secundarias ya debatidas y aprobadas en el Congreso de la Unión, como un hecho consumado e indiscutible en sus normas y procedimientos.
El 1 de diciembre el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, anunció que 6 mil elementos de la Policía Federal participarían en el operativo de vigilancia para garantizar la realización de la evaluación educativa en Guerrero. Ello para dar “seguridad a 3 mil 14 docentes de preescolar, educación básica y media superior que viajarán al puerto a evaluarse. Siendo la meta oficial examinar a 4 mil 100 maestros” (La Jornada, 1/12/2015). La intervención policíaca fue un compromiso de Aurelio Nuño ante el gobernador de Guerrero como una manera de tener “la fuerza suficiente para alcanzar el objetivo, como sucedió con Oaxaca y Michoacán en los dos fines de semana pasados” (La Jornada, 1/12/2015).
El primer día de la evaluación en Acapulco (jueves 3 diciembre) la SEP informó que hubo un “intento de sabotaje”, lo que generó una “suspensión parcial” de la prueba para algunos sustentantes. Por ello Aurelio Nuño amenazó diciendo que la dependencia federal procederá penal y administrativamente contra al menos 70 profesores identificados como responsables del sabotaje, quienes realizaron actos de protestas y la “desconexión de la red de internet” (La Jornada, 4/12/2015).
Debido a que los maestros que se presentaron a la evaluación fueron hospedados en cinco hoteles de cinco estrellas en la zona Diamante de Acapulco, y se les proporcionó alimentos gratuitos los días del examen, jueves y viernes, el gobernador declaró que eso era “muy normal” porque era necesario que los maestros descansaran antes de la prueba. Sobre esos gastos de hospedaje Nuño afirmó: “no vamos a escatimar, porque aquí no se trata de un gasto. Cada peso que se destina a la evaluación y a que los maestros puedan ejercer este derecho de forma adecuada es un peso que se invierte por el futuro de los niños de México” (Milenio, 4/12/2015).
Otto Granados Roldán, funcionario de la SEP, considera que en 28 entidades las evaluaciones han sido exitosas, sólo en cuatro se enfrenta una situación “peculiar, desde el punto de vista político, sindical e histórico”. Eso obligó a la SEP a aplicar una “estrategia especial”, y que si eso sigue subsistiendo “será necesario repetir” el mecanismo de la militarización (La Jornada, 4/12/2015).
Para la Secretaría de Gobernación, “los exámenes aplicados a los maestros se desarrollan con “normalidad” y la intervención de la Policía Federal responde a un esquema de seguridad general para evitar disturbios y asegurar que los docentes se hallen en un lugar cómodo para hacer esta prueba de conocimientos.”
Por su parte, las voces de la resistencia magisterial a la evaluación de la SEP son parte de las protestas numerosas, intensas, y a veces hasta violentas, realizadas mediante marchas, mítines, concentraciones, bloqueo de vías, daños a edificios y vehículos, como formas de lucha de los maestros para enfrentar la ofensiva policíaca, judicial y militar, desplegada por el gobierno para someter y obligar a los maestros a evaluarse. O, incluso, en términos políticos e ideológicos, para criminalizarlos y humillarlos.
Las voces magisteriales no son homogéneas. Están las de los docentes que realizaron el examen, y que sienten que “el gobierno se está aprovechando de nuestra necesidad de trabajo y miedo a perder el empleo”, como dijo la profesora Norma Cortez Osorio (Escuela Primaria de Participación Número 6, Distrito Federal). Y quien agrega: “No estoy dispuesta a sustentar algo que no es legal, ético y, sobre todo, no ayuda en nada a la educación ni a la de mis niños. Al contrario, está en contra de nuestros derechos” (La Jornada, 15/11/2015).
O, como la del profesor Francisco Bravo, director de la Escuela Leonardo Bravo del Distrito Federal, con 30 años de servicio: “No le tememos a un examen de esta naturaleza, estamos absolutamente preparados, pero esto no es una evaluación. Son mecanismos de control, de estandarización y con eso no estamos de acuerdo”. Si el costo “tiene que ser la exclusión, el cese, lo vamos a asumir y lo hacemos de manera consciente” (La Jornada, 15/11/2015).
O también la de la profesora Ana Lourdes García Hernández (Distrito Federal), quien expresó que “fue muy pesado, una experiencia hasta cierto punto traumática”, además de que las preguntas “no iban de acuerdo con lo que hacemos. El examen no estuvo encaminado a ver realmente cómo aplicamos metodología para ver el aprendizaje de los chicos. Las preguntas estaban más enfocadas a escuelas rurales, cuando yo trabajo en una zona urbana y a abordar aspectos referentes a niños con necesidades educativas especiales” (La Jornada, 15/11/2015).
Por otra parte, las voces de los líderes de la CNTE, luego de lo ocurrido en Chiapas el día 8 de diciembre en Chiapas, con el fallecimiento (asesinato acusan) del profesor David Gemayel Ruiz Estudillo y el encarcelamiento en Michoacán de 52 normalistas rurales, señalan que “la educación pública no merece un trato de dictadura militar, ni que se finque una política educativa sobre la sangre de los trabajadores y los cuerpos de los presos políticos”. Por eso denuncian que “la política del Estado mexicano de llevar a cabo, a toda costa, una Reforma Educativa cupular (…) deviene de un pacto entre la clase política y empresarial, y no de un diálogo y debate con los principales actores de la educación en México” (Desinformemonos.org.mx, 10/12/2015).
En medio de la escalada represiva de esta fase de la evaluación, la CNTE le exigió al gobierno llevar a cabo un debate público con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, con el fin de plantear propuestas sobre el modelo educativo que requiere el país. Para ello, propusieron una cita para el 13 de diciembre de 2015 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a la que no acudió el secretario de Educación (El Universal, 27/11/2015).
Ante este escenario de actores confrontados, la voz de académicos y universitarios se ha expresado de dos formas fundamentales: una desde la investigación educativa que ya cuenta con una amplia literatura que ilumina sobre los aspectos fallidos de la política educativa, lo cual, sin duda, infiere sobre la necesidad de su replanteamiento. Y en segundo lugar, desde los posicionamientos públicos de profesores e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes han expresado su rechazo a la imposición de la reforma educativa (La Jornada, 11/12/2015), como así también profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco, en una carta abierta titulada “¿A quién le importa la educación pública?” (La Jornada, 2/VII/2015). A esto se suman las diversas voces críticas de académicos-articulistas en medios de comunicación (Manuel Gil Antón, Alberto Arnaut, Hugo Aboites, entre otros).
Y, sobre todo, la voz de los investigadores y asistentes al XIII Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) celebrado en noviembre en la ciudad de Chihuahua, quienes expresaron públicamente su posicionamiento frente a la Reforma Educativa mediante una carta abierta dirigida a la sociedad mexicana, a los maestros y maestras y a la Secretaría de Educación Pública, y en donde señalan que “Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana” (Participantes del XIII Congreso del COMIE).
Es por eso que desde el ámbito académico y universitario venimos considerando como alta prioridad que el gobierno federal detenga las evaluaciones, libere a los profesores recluidos como criminales en el penal del Altiplano y a los normalistas detenidos en Michoacán, y sobre todo establezca las condiciones para un diálogo fructífero con el magisterio.
Si todas estas voces no son escuchadas por los gobernantes tan urgidos de que “la ley” se cumpla a cabalidad, la reforma educativa seguirá navegando por aguas tormentosas, y quizá nunca llegue a buen puerto. El costo que se pagará por ello correrá a cargo de todos los trabajadores de la educación, de los jóvenes que aspiran al magisterio, y sobre todo de ese sector que según la SEP y Mexicanos Primero arguyen importarles mucho: la niñez mexicana.
Las voces de la confrontación muestran una tendencia a una falta de distensión: mientras la autoridad educativa argumenta una obligatoriedad, ante cuyo incumplimiento amenaza con el dispositivo de la represión, la resistencia magisterial oscila entre la protesta pacífica hasta los actos violentos. En esta confrontación ha emergido la palabra “diálogo” por parte de los maestros. La autoridad educativa, de manera autoritaria, en un claro acto para someter, niega toda posibilidad de construcción de prácticas dialógicas.
A la mitad del camino del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha pretendido imponer una reforma educativa sin consultar previamente a los agentes educativos, y que ha endurecido el trato al magisterio, quizá sea el momento de que otras voces intervengan, como la de los investigadores educativos del COMIE, para constituir comisiones de intermediación para la creación de las condiciones del diálogo SEP-CNTE.
Referencias:
El Universal (27/11/2015). CNTE pide a Aurelio Nuño debate público.
La Jornada (2/VII/2015). Académicos de UPN rechazan proyecto educativo empresarial.
La Jornada (15/11/2015). Marchan maestros integrantes de la CNTE contra la “evaluación punitiva”.
La Jornada (1/12/2015). En Oaxaca participaron 45% de convocados al examen: Nuño.
La Jornada (3/12/2015). No hay cambios; hoy se realizan los exámenes en Guerrero, advierte Nuño.
La Jornada (4/12/2015). SEP: se evalúan mil 960 docentes en Guerrero, pese a suspensiones.
Milenio (4/12/2015). Nuño: despido y cárcel a saboteadores de la evaluación.
