Por Martha de Jesús López Aguilar
Culpar a los maestros de la crisis educativa fue la justificación para imponer la contrarreforma educativa centrada en la evaluación con el fin de elevar la calidad educativa, es una visión simplista porque deja de lado la problemática multifactorial de la crisis del sistema educativo nacional, tendiendo a agravarse con esta contrarreforma que se impuso de manera apresurada, sin un diagnóstico, seguimiento y evaluación de las políticas educativas aplicadas durante los últimos 23 años y sin presentar un nuevo modelo educativo.
La evaluación al desempeño docente para la permanencia de educación básica y media superior debería cumplir: 5 principios de mejora educativa, equidad, evaluación justa, atender la diversidad y participación; ser un examen formativo e integral formado por 4 etapas: un informe de cumplimiento de responsabilidades, portafolio de evidencias, evaluación de conocimientos y planeación didáctica argumentada. Nada de esto se cumplió.
Previo a esta evaluación hubo amenazas de despido, intimidación, presión, represión, acoso y dádivas de estímulos por el gobierno federal, las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la Secretaria de Educación Pública (SEP), Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), gobiernos estatales, autoridades educativas locales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), directores y supervisores.
Al no responder al llamado del INEE de subir evidencias, modificaron las fechas de la convocatoria cinco veces: 16 de julio, 18 de agosto, 18 de septiembre, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2015, en esta última fecha se hizo extensiva la participación a voluntarios o participar en el último de los casos sin evidencias.
Los evaluadores fueron preparados al vapor para evaluar a 150 mil maestros del primer grupo, aprovechando su certificación, algunos promovieron cursos privados garantizando aprobar el examen, lo mismo hicieron escuelas patito, generando un gran negocio. El SNTE también impartió cursos, renunciando a su obligación de defender los derechos de los trabajadores. Mientras la SEP no fue capaz de hacer los cursos de forma anticipada y suficiente con personal preparado.
Se generó una campaña de terror en la entrega de notificaciones por diferentes vías, enviando a las escuelas listas de maestros para hacer el examen sin nombramiento, sellos, nombre y firma, mandándoles un link vía electrónica para verificar datos. Hubo quienes aceptaron bajo amenaza de ser cesados.
Campañas millonarias mediáticas promoviendo la reforma educativa y de beneficios a los maestros si se evaluaban como estímulos y préstamos, regularización de claves, incremento de horas, vivienda y cambios de adscripción. Prometieron aumento salarial del 35%, sin informar que este monto sólo se otorgará cada 4 años a los que obtengan resultados destacados en la evaluación del desempeño y sobresalientes en la evaluación adicional, hasta alcanzar un monto de 188% solo si se llega al séptimo nivel al transcurrir ¡28 años!
Los maestros con resultados de insuficiente con nombramiento definitivo serían reubicados sin especificar a dónde y con nombramiento provisional serían despedidos, descertificándolos en ambos casos, sin poder ejercer la docencia.
El registro en línea fue tedioso, la plataforma estuvo saturada, hubo incompetencia del personal de la SEP sobre dudas para poder completar ese proceso. En otros casos la contraseña no llegó y no se pudo realizar la primera etapa de la evaluación relativa al cumplimiento de responsabilidades. A los notificados se les solicitaba con carácter de urgente para asignarle su usuario y contraseña e ingresaran a la plataforma y darles “asesoría técnica en línea” para subir pronto el expediente de evidencias.
Los 3 meses de anticipación para ser notificados no fue respetado. El último día para subir evidencias algunos fueron notificados en vísperas del examen de conocimientos, colocándolos en condición de desventaja para cumplir con las 4 etapas. Con estas irregularidades, las autoridades modificaron los requisitos incumpliendo las disposiciones iniciales. En un comunicado la CNSPD “invitó” a los maestros a presentar la evaluación sin necesidad de cumplir con las primeras 2 etapas que marca la ley. La orientación de la SEP fue que subieran lo que tuvieran y de no hacerlo perderían su trabajo. Ante este proceso injusto y mal planeado provocó que se inventaran evidencias del trabajo docente¸ las autoridades violaran su propia ley educativa; y simularan que la evaluación es la panacea que mejora la calidad educativa. ¿A quién pretenden engañar con esta farsa?
El hostigamiento fue evidente al hablarles por teléfono, fuera del horario y día laborable ofreciéndoles préstamo de computadoras, transporte y hospedaje. En el extremo, llegaron hasta el domicilio de maestros con incapacidad médica para presionarlos, se condicionó la entrega de cheques a la firma de la notificación para inscribirse al examen, o hasta el grado de encarcelar y asesinar a estudiantes y maestros por defender sus derechos como es el caso del joven profesor chiapaneco David Gemayel Ruiz Estudillo.
La desesperación del gobierno peñista de imponer represivamente la evaluación con el uso de la fuerza militar y policiaca, ha encontrado la desobediencia y el bloqueo de sedes en todo el país por parte de miles de maestros y padres de familia que unidos defienden la educación pública y el empleo logrando que la SEP de marcha atrás del despido a quienes no presentaron alguna evaluación.
La gran definición de la educación y del país está por venir, siendo imprescindible el debate público del secretario de educación con la CNTE, como él lo propuso. Ya está la fecha y el lugar: este 13 de diciembre de 2015 a las 11 horas en el Auditorio Nacional.
Profesora normalista, maestra en investigación educativa de la sección 9 CNTE, autora del libro “El movimiento magisterial en la primavera de 1989
