La reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le dé sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en nuestro país.
Así dice el segundo inciso de un documento dirigido a la sociedad mexicana, a los maestros y maestras del país y a la Secretaría de Educación Pública, firmado inicialmente por 348 participantes del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa celebrado en la ciudad de Chihuahua entre el 16 y el 20 de noviembre de 2015. Figuran entre ellos destacados especialistas en temas educativos y ochenta integrantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), alto organismo que contó con 106 de sus miembros presentes en el XIII Congreso en Chihuahua. La petición puede consultarse aquí.
En sus cinco incisos el documento es mesurado en su lenguaje. Está dirigido, con el respeto a cada quien debido, a la sociedad mexicana, a los maestros y maestras del país y a la Secretaría de Educación Pública, en ese orden. Al mismo tiempo, es también severo. Dice su tercer inciso:
Los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta debida a los maestros. Se les concibe como objetos y no como sujetos, actores imprescindibles en la transformación requerida. La reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Con ello no sólo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.
El cuarto inciso contiene una escueta y difícilmente refutable evaluación de la ineptitud y la improvisación de los evaluadores. Podría titularse: Los evaluadores, evaluados:
Además de tener un carácter punitivo, los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. En suma, no se garantiza una evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros.
Este breve párrafo describe una inepcia, un abuso, un drama y, si llegara el caso, una tragedia: una evaluación, administrativa e improvisada, amenaza nada menos que las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros mexicanos, cuyos sueldos son tan precarios como las condiciones en que trabajan.
Un quinto inciso, severo, cierra la declaración:
“Ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, ni permiten atender las profundas necesidades educativas de nuestro país. (…)
No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir al ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana.
Colofón:
Hemos podido leer con detenimiento el oficio número 500.1/2015, de fecha 5 de noviembre de 2015, firmado por el doctor Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior de la SEP, y dirigido a la doctora Sylvia Schmelkes del Valle, Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con copias (y acuse de recibido) para Eduardo Backoff, Gilberto Guevara, Margarita Zorrilla y Teresa Bracho, miembros de la Junta de Gobierno del INEE. Es respuesta a un documento denominado Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica enviado por el INEE a la SEP el 7 de septiembre de 2015.
El contenido de aquel oficio, en cuyo análisis no entraré aquí, es una discusión sobre las respectivas atribuciones de la SEP y el INEE en lo que toca a la evaluación de la preparación inicial del magisterio. El oficio, después de invocar un análisis constitucional y legal que lo fundamenta, se inicia y concluye con dos afirmaciones terminantes: no existe duda alguna de que la referida evaluación es competencia exclusiva de esta Secretaría; y resulta indiscutible que la única autoridad competente para evaluar la formación inicial de docentes de educación básica es la SEP.
Y aquí ya tenemos al INEE puesto en su lugar por un oficio de la SEP. No ha llegado a nuestro conocimiento, si es que la hay, la respuesta del INEE. Este oficio viene en cinco cuartillas, encabezadas por el membrete de la SEP a un lado, el escudo nacional al centro y el membrete de la Subsecretaría de Educación Superior al otro.
Ahora bien: una línea más abajo, en el centro de ese encabezado, como parte destacada del membrete, página tras página aparece a la letra la siguiente leyenda:
- Año del generalísimo José María y Pavón
¿Nadie en la SEP evaluó ese membrete? ¿Nadie se dio cuenta de que habían desaparecido nada menos que el nombre de Morelos? ¿Nadie anotó que, en este caso, Generalísimo se escribe con mayúscula inicial? ¿Cuántas decenas, cientos, miles de documentos provenientes de la SEP lucen tal encabezado? ¿Exageran acaso los docentes firmantes cuando señalan que las prácticas de evaluación de la SEP son poco confiables y en su diseño y aplicación existe apresuramiento y gran improvisación? ¿Le van a echar ahora la culpa en la SEP al impresor, al corrector de pruebas, a la secretaria o al primer subordinado que encuentren a su alcance? Dejamos la respuesta a cargo de quien corresponda.
En la UNAM, si alguno de nuestros estudiantes incurriera en una omisión semejante, le aconsejaríamos no fiarse de Internet y de su computadora y leer a Jorge Ibargüengoitia, Los pasos de López primero, Los relámpagos de agosto después.
