Seminario de Historia y Política de la Educación
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Miguel Cedeño, Paulina García, Engracia Vásquez, Casandra Guajardo, Carolina Bodewig, Porfirio González, Mateo Guayasamín, Osiris Martínez, Noel Martínez, Anabel González, Irvin Guerrero, Steffannia Quezada, Romina Lozada, Carlos Montesinos, Mónica Medina, Tania Díaz
Por el camino de la legitimidad legal
Tras la puesta en marcha de la reforma educativa, la figura de la Secretaria de Educación Pública (SEP) toma centralidad, bajo el sustento en la legalidad y la Constitución Política en la mano, para normar la vida profesional de los docentes y regular los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia. El exsecretario Chuayffet conminó a los docentes “llueve, truene o relampaguee, se aplica la reforma, no hay marcha atrás”. El actual secretario, Aurelio Nuño da continuidad a esta imposición política, enmarcada principalmente en el campo de lo legal. En este sentido, el Secretario de Educación toma como base para su discurso lo que la ley establece contra aquellos que no se sometan a la evaluación de la reforma, como la Ley del Servicio Profesional Docente que dictamina en el transitorio noveno, la separación del servicio a aquellos docentes que no se presenten a la evaluación y que tampoco hayan justificado esa falta.[1]
Esta normativa ha sido de utilidad para que el Secretario de Educación demande a los maestros que no asistieron a la evaluación y tomar acciones contra esa medida. Señaló: “quienes no se presenten y no tengan una justificación, la ley nos obliga a separarlos del servicio, y voy a aplicar la ley”[i]. Con esto se pone de manifiesto que Nuño aplicará las sanciones establecidas por la Ley General del Servicio Profesional Docente a aquellos que decidan no acudir a la evaluación lo que implicaría su separación del servicio. Y ya en días previos, 291 maestros fueron suspendidos definitivamente de sus funciones por no haber realizado la evaluación diagnóstica del mes de agosto, que estaba destinada a los maestros que cumplieron un año en funciones. [ii]
Además, respecto a los maestros que se encuentran en movilizaciones y que por esta razón no asistan a su centro de trabajo, el Secretario también ha expresado las consecuencias que está dispuesto a aplicar: “Se le descontará el salario a los maestros que se ausenten durante su jornada de trabajo para participar en marchas o actividades ajenas a sus labores.”[iii]
Aunado a estos hechos, en relación al conflicto magisterial Nuño declaró que “la SEP no cuenta con la injerencia para la intervención o solución al conflicto y que se encuentra a favor de la legalidad y del cumplimiento irrestricto de la ley.”[iv] Esto deja entrever que el Secretario aprueba la aplicación de la ley contra cualquier manifestación de oposición y rechazo a la Reforma Educativa por parte de los maestros.
La legalidad es el argumento, supuestamente soberano, sobre el cual se sustenta la política educativa de la SEP, que pretende normalizar y prescribir la vida profesional de los docentes. Sin embargo, es un marco legal que al haberse diseñado a espaldas de los intereses y necesidades del magisterio, se convierte en un producto enajenado de las realidades de las escuelas y de los sujetos que día a la día la construyen.
El ejercicio del poder
Otras de las acciones del Secretario de Educación están enmarcadas en el ejercicio del poder legitimado por el Estado. Se produjeron hechos como la suspensión de docentes, amenazas de descuentos en su salario, encarcelamiento de maestros y hasta la habilitación de una línea de denuncias para reportar a los “faltantes”. Alrededor de mil 500 elementos policíacos federales, estatales y la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, desalojaron la madrugada del jueves 29 de octubre el plantón que mantenían profesores de la sección 22 de la CNTE en las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). [v]
Otro hecho que se identifica en esta acción apoyada en el ejercicio del poder radica en el encarcelamiento de cuatro dirigentes de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, que según información recopilada, habrían cometido actos de vandalismo, robo y hasta toma de instalaciones federales. Sobre estos hechos el Secretario se pronunció de la siguiente manera: “Los maestros fueron encarcelados en la prisión de alta seguridad y puestos a disposición de los jueces que ordenaron sus capturas, ante quienes deberán rendir su declaración preparatoria”.[vi]
Estos hechos dan cuenta del ejercicio del poder por parte del Secretario apoyado en la institucionalidad de la SEP y de la Ley, donde a través del uso de la fuerza pública y acciones judiciales, se castiga a los actos de resistencia a la Reforma Educativa. Como lo ha dicho Nuño en repetidas ocasiones, la reforma va independientemente de las resistencias; y ante éstas y la falta de éxito en otras acciones de interpelación, están usando la “fuerza” para que se lleven a cabo.
La regionalización ya es un hecho, y ¿Ahora qué?
Este ejercicio del poder, sin embargo no sólo toma visibilidad en la aplicación de la fuerza, en sus formas de represión y censura, sino que también se configura a partir de mecanismos que ven a lo administrativo como un espacio de poder, desde el cual se entretejen políticas que legitiman la función de la SEP.
Durante los primeros días de septiembre el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciaba la división del país en cinco regiones educativas con la finalidad de instaurar una mejor coordinación entre la federación y los estados en materia de la implementación de la reforma educativa. “El objetivo es llevar a la SEP a los estados… y que cada región del país pueda entender y conocer las dificultades que ustedes enfrentan y que también ustedes conozcan las visiones y complicaciones que vemos desde acá” [i], señaló Nuño, asegurando que mediante el diálogo entre la federación y los estados se lograría una coordinación eficaz para cumplir con las tareas propias de la reforma.
Las primeras acciones que se realizaron en ese sentido tuvieron lugar en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), celebrada a mediados de octubre en Jojutla Morelos y presidida por el presidente Peña Nieto. Durante la conferencia, los gobernadores de todo el país firmaron convenios para poner en marcha el programa de Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) y el Acuerdo de Regionalización en Materia Educativa, además de acordar reunirse cada cuatro meses con la SEP y su equipo central con una agenda de siete puntos:[vii]
- Desburocratizar a las escuelas y colocar a maestros y directores en el centro del sistema educativo
- Asegurar una infraestructura y un equipamiento de mayor calidad
- Implementar el desarrollo profesional docente
- Revisión de los planes y programas de estudio
- Equidad e inclusión en la educación
- Vinculación entre la educación y el mercado laboral
- Reestructuración administrativa de la educación y de la SEP
Las reflexiones y tensiones en torno a esta forma de administración la expresan dos especialistas, Manuel Gil Antón y Angel Díaz Barriga. Un primer posicionamiento es expresado por Gil Antón, quien opinó que se trata de una forma de hacer más fácil la subordinación jerárquica de los estados a la administración central en materia educativa. “Fuimos centralistas, luego descentralistas y hoy somos regionalistas. Da la impresión que habrá una organización central para que la Secretaría de Educación Pública Federal dé instrucciones a las SEP de los estados”[viii]. Así mismo subrayó que las regiones en las que se dividió el país son administrativas y no educativas, por lo que se comparte vecindad, pero no similitud en necesidades y problemas de enseñanza.
Por su parte, Ángel Díaz Barriga consideró que la regionalización de la República para la implementación de la reforma educativa ayudará a conciliar las formas de esta ley que todavía no están completamente claras. “Poder llegar a acuerdos sobre cómo se implemente la reforma educativa puede ser importante. Por ejemplo, no está señalado ahora con cuánto tiempo le tienen que avisar a un profesor que le toca evaluación, tampoco se sabe con exactitud el tiempo de anticipación con el que le deben dar su clave de acceso para que el maestro coloque sus evidencias”, comentó Díaz Barriga[ix]
Este es un buen momento para reflexionar sobre las acciones propuestas por Nuño para la implementación de la reforma educativa enmarcadas en la regionalización y cómo esta, al final, impactará en las aulas. Es decir, cabe preguntarse ¿Cómo influirá esta regionalización y acercamiento del Secretario Nuño a los estados en el modelo educativo y en los contenidos pedagógicos adaptados a los diversos contextos socioculturales?
A diferencia del discurso que se percibía al inicio de su mandato, de tinte conciliador y abierto al diálogo, se observa hoy un discurso impositivo, acompañado de acciones que hacen uso explícito de la fuerza pública, tal como se identifica la suspensión de labores enmarcadas en acciones de tipo legal y las detenciones, encarcelamientos y llamado a la denuncia de los “faltantes”, enmarcadas en el ejercicio del poder del Estado.
Con estas medidas de regulación de los maestros para la evaluación, el sometimiento a los disidentes y ahora la regionalización puesta en marcha en la primera reunión regional, celebrada en Campeche el 4 de noviembre, se esperaría que el Secretario también centre su atención en el tema pedagógico, aspecto que hasta ahora no ha sido tenido en cuenta, y que las resistencias del magisterio disidente, que se desenvuelven independientemente del ejercicio del poder del Estado, tomen fuerza en oposición a las acciones coertivas, legitimadas por la SEP.
[1] “Sera separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo descentralizado, según sea el caso, el personal que:
- El personal que se niegue a participar en los procesos de evaluación…”
[i] Martínez Carballo, Nurit, El Universal, “Nuño: maestro que no se evalúe queda fuera”, 8 de octubre de 2015
[ii] Poy Solano, L. La Jornada. “Cese definitivo a 291 maestros que no hicieron la evaluación diagnóstica: SEP”, 16 de octubre de 2015
[iii] Boffil, Luis, La Jornada, “Se descontará el día a maestros que falten por ir a marchas, advierte Nuño Mayer”, 9 de octubre de 2015
[iv] Pérez Alfonso, Jorge A., La Jornada, “Desmantelan plantón en el IEEPO y detienen a cuatro líderes de la CNTE”, 30 de octubre de 2015
[v] Idem
[vi] Juárez, Erick, Educación Futura, “Respalda Nuño detenciones de maestros oaxaqueños; son enviados a prisión de alta seguridad”, 29 de octubre de 2015
[vii] Chávez, V., El Financiero, “Nuño Ofrece hacer que los maestros se dediquen a enseñar”, 21 de octubre de 2015
[viii] Gómez, Natalia, El Universal, “Habrá un control central: especialistas”, 20 de octubre de 2015
[ix] Idem
