De veras que al secretario Aurelio Nuño el tema de la equidad no parece importarle mucho. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 21 de octubre, no lo vi poniendo el tema como prioridad en su administración. Prefirió irse por las ramas cuando Jorge Álvarez, el único diputado que abordó con seriedad el tema, le preguntó al respecto. Sí, en cambio, lo noté preocupado por defender la idea de financiar el mejoramiento de infraestructura escolar, a través de la colocación de bonos en la Bolsa a cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Ramo 33) de las entidades federativas.
Aunque el INEE, en su Informe 2014, dimensiona la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional, el secretario no la coloca en el centro de su narrativa. Datos como el hecho de que menos de la mitad de los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53% en Ciencias, logran el nivel de competencia requerido para desempeñarse en la sociedad del conocimiento, justifican decir que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema.
El INEE dice en ese documento que para combatir de manera frontal y prioritaria la inequidad, se requiere “una política de inversión de escala, es decir, revertir la tendencia de gasto público e innovación educativa a favor de los que más lo necesitan.”
Esto significa, entre otras cosas, revisar la manera como se distribuye el gasto educativo entre diferentes sectores poblacionales, entidades federativas y regiones, para invertir más en los que menos tienen.
También significa focalizar a los sectores con mayores desventajas educativas: quienes habitan en localidades rurales pequeñas, la población indígena, independientemente del lugar en que resida, los niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas), los niños que trabajan y los que tienen alguna discapacidad.
Quiere decir que la inequidad educativa se combate con calidad: con maestros capacitados, infraestructura digna, materiales adecuados y, de manera fundamental, con procesos pedagógicos que atiendan de modo integral a niños y niñas y que respondan con relevancia y pertinencia a sus necesidades.
Ahora que tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes significa entender también que muchos de los problemas de la inequidad educativa no son educativos ni dependen de las políticas del sector. Urgen políticas intersectoriales que atiendan el hambre, el trabajo infantil, el aislamiento, la violencia en la familia, desde un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El INEE propone en ese Informe 2014, dedicado al Derecho a una educación de calidad, “convertir en prioridad de política educativa la meta de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos, mediante políticas focalizadas, que permitan generar no solo modelos compensatorios sino procesos efectivos de integración educativa y social.”
Concretamente, ¿qué está haciendo el secretario Nuño para que los resultados de la evaluación se traduzcan en apoyo pedagógico de calidad a NNA becarios de Prospera (5.9 millones)? Como reiteradamente se ha demostrado, las becas son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.
¿Qué está haciendo para que NNA integrantes de familias de ese programa (5.8 millones), pero que no son becarios, se integren a ese padrón? Ese programa sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia, por lo que conservadoramente faltan alrededor de tres millones de NNA en el padrón de becarios de Prospera.
Los números de ese programa indican que se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad.
Por ejemplo, de acuerdo con el CEMABE, sólo 41.9% de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3%). El INEE dice que más de la mitad de las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 56.9%, se encuentran en localidades de alta y muy alta marginación.
De acuerdo con el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México (UNICEF/PNUD, 2015), se necesita un aumento de 1,169.4 miles de millones de pesos al gasto en educación para que asistan a la escuela los NNA que están fuera del sistema escolar, y para que quienes se encuentran rezagados se pongan al corriente.
“Para el nivel de preescolar, el gasto adicional requerido es de 35 mil millones, es decir, 44.3% más del que se destinó en 2012. En el nivel primaria se necesita 52.8% (128.7 mil millones) más recursos que los que se asignaron ese año. Aumentar la asistencia escolar y combatir el rezago en los niveles de secundaria y bachillerato implicaría incrementos del gasto de 185.1% y 553.6%, respectivamente.”
Seguimos postergando la inversión que se requiere y aplicando un criterio inercial en el diseño del presupuesto. No se invierte lo que se necesita y se gastan mal los recursos que se tienen. Tabletas, inglés o bullying no impactan en la equidad del sistema (si acaso lo harán en las zonas urbanas de siempre), pero son más sexys como propaganda.
La educación por supuesto que no se salva de nuestra crisis política más general. Antes que enfrentar la inequidad, el gobierno entrega 700 mil tabletas, sin procesos educativos ni acompañamiento adecuado. Francesc Pedró, investigador de la UNESCO, dice que la tecnología “puede tener tan sólo efectos marginales sobre la calidad de la educación”. En pocas palabras, las tabletas no sirven más que de forma limitada para fines educativos. Entonces, ¿por qué se entregan?
Porque pueden servir ampliamente para otros fines. La distribución de tabletas está dictada por motivos electorales. La colocación en la Bolsa del FAM-Ramo 33, dedicado a la infraestructura educativa, también. Con la iniciativa del presidente Peña todos los gobernadores tendrán dinero fresco para invertir en infraestructura, pero también para desviar recursos y operar elecciones. Así ha venido siendo hasta la fecha, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, con la gestión de los presupuestos de los últimos años. Ahí están innumerables observaciones al ejercicio del gasto de los gobiernos de los estados, pero muy pocas solventadas.
¿Por qué tendríamos que confiar los recursos de todo el FAM-Ramo 33 a los gobiernos de los estados? La evidencia indica que no garantizan una buena administración de los recursos. Suponiendo que esta propuesta sea correcta, le falta mucha transparencia para pasar por buena. La nueva idea para financiar infraestructura educativa no se ha explicado suficientemente y no se conocen los mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, antes de un amplio debate sobre las consecuencias de esa hipoteca, los jefes del ejecutivo en los estados aprobaron la propuesta sin chistar. De hecho parece que el secretario fue a la CONAGO, más que a presentar una opción para financiar infraestructura educativa, a comprar gobernadores. Y lo consiguió. A Nuño no parece preocuparle poner a la Iglesia en manos de Lutero.
Muchas secretarías de los estados son estructuras opacas y corruptas, ancladas al pasado, donde priva la aplicación discrecional de la ley. Por ejemplo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció el 19 de octubre el despido y congelamiento de cheques de más de 2 mil 100 aviadores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR) ya tenían conocimiento, desde 2011, de la existencia de aviadores en Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero no pasó nada. ¿Por qué no se aplicó la ley?
De acuerdo a una investigación sobre el FONE, de Marco Antonio Fernández Martínez, investigador asociado de México Evalúa, estamos hablando de un desvío de 252 millones de pesos en el primer semestre del año, utilizados en pagos ilegales a comisionados sindicales.
En fin. ¿Nos deja tranquilos que los recursos FAM-Ramo 33 se entreguen al gobierno de Veracruz o a cualquier otro estado de la república en las condiciones actuales?
Necesitamos una autoridad educativa que enfrente a dos monstruos, a las Escila y Caribdis del sistema educativo mexicano: la inequidad educativa y la inercia programática, y la corrupción que se vive en las cinco regiones administrativas recientemente creadas.
Mi posición es que el gobierno debe asumir la meta, como dice el INEE, de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos. Y cerrarle el paso a la corrupción. Ese sería un buen proyecto educativo para México.
El Segundo y Quinto puntos de los Siete pasos clave de la reforma educativa que presentó Nuño en la Cámara de Diputados, dedicados a los Certificados de Infraestructura Escolar y a la equidad y la inclusión, tienen que fortalecerse con transparencia y asumiendo lo mejor que tenemos: la propuesta del INEE. Así como están despiertan serias dudas.
Twitter: @LuisBarquera
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