El pasado 27 de julio la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores de Chile (CPC), gremio que agrupa a los docentes de educación básica y media en ese país, tomó la decisión por mayoría de votos de “suspender temporalmente” el paro nacional docente iniciado el primero de junio del año contra la iniciativa de ley denominada Nueva Política Nacional Docente auspiciada por la presidenta Michel Bachelet y el Ministerio de Educación (Minieduc).
El CPC, fundado en 1974 en reemplazo del anterior Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de filiación allendista, cuenta en la actualidad con aproximadamente setenta mil afiliados de los cerca de 180 mil profesores chilenos en los niveles de estudio indicados. No obstante representar poco más de una tercera parte del magisterio nacional, su fuerza de interlocución con el gobierno, así como su capacidad política para movilizar al profesorado, fue suficiente para convocar y mantener por casi dos meses la suspensión de actividades escolares en los centros escolares de primaria y secundaria del país. En algunas escuelas, principalmente las de jurisdicción municipal y las privadas, el paro había comenzado a levantarse ante la posibilidad de represalias a los profesores participantes.
Por ello, por el desgaste que una huelga larga implica, y por la decisión de capitalizar los avances logrados en la negociación con el congreso y con la autoridad educativa nacional, la Asamblea optó por volver a las aulas, no sin advertir que se mantiene la movilización, y desde luego la negociación para que se logren acuerdos específicos en torno a los temas convenidos con los legisladores del área educativa.
Aunque la demanda inicial del CPC en torno a la nueva legislación era que se retirase del debate parlamentario la iniciativa de ley para que el Ejecutivo, en diálogo con la representación magisterial, formulase un nuevo proyecto, el gremio magisterial accedió a una solución distinta: la instalación de tres mesas de trabajo, de carácter tripartito —con representantes del CPC, del Minieduc y de la Comisión de Educación del Congreso— para examinar tres materias: el enfoque, los instrumentos y los posibles efectos del plan de evaluación docente; el fortalecimiento del currículum para la formación inicial docente; y el estudio, análisis y modificación de la Ley 20.501, en que se contempla la posible separación del trabajo de los profesores que fallen en la evaluación, así como la configuración de elementos orientados a la mejora de las condiciones del trabajo docente.
El compromiso pactado con los legisladores, y también asumido por el Minieduc, es que los acuerdos convenidos en las mesas de trabajo se plasmen en el proyecto de ley antes de su deliberación y eventual aprobación al seno del Congreso. Además de ello, la autoridad educativa se compromete a apoyar al gremio en sus gestiones para evitar represalias a profesores que estuvieron movilizados, y a considerar la posibilidad de suspender la evaluación docente programada para este año. A su vez, los representantes del CPC se comprometen a la recuperación de las clases perdidas conforme a la programación que sea pactada con las autoridades escolares, así como a sostener una participación activa en las mesas de trabajo acordadas.
Algunas fracciones disidentes se opusieron a las decisiones de la Asamblea General pero, tras consultar con sus bases la opción de mantener escuelas en paro, finalmente se sumaron al resolutivo acordado por la mayoría gremial. En los últimos días el gremio se ha concentrado en negociar con el Minieduc y con representantes municipales las condiciones para la reanudación de actividades, así como en valorar, en acuerdo con las autoridades educativas, la posible suspensión de la evaluación docente 2015.
Entre las repercusiones políticas del paro magisterial cabe resaltar, en primer lugar, la renuncia del ministro Nicolás Eyzaguirre y su reemplazo por la actual titular Adriana Delpiano. Este movimiento ocurrió el 20 de junio y fue interpretado como un relevo necesario ante la postura intransigente del ministro en la etapa inicial del paro.
Por otra parte, el más reciente reporte de la agencia encuestadora Adimark, que se caracteriza por ser una fuente confiable sobre la aceptación ciudadana del desempeño gubernamental, reveló que “la presidenta Bachelet obtuvo en julio un nivel inédito de desaprobación (70 por ciento), la más alta nunca observada en los nueve años de mediciones comparables.” En torno a este indicador se conjugan factores económicos, políticos y sociales de distinto orden. Sin embargo, es notable que el área educativa, de acuerdo con este reporte, “mantiene el más bajo nivel de aprobación en lo que va del gobierno, lo que es consistente con el contexto del paro docente de casi dos meses.” En efecto, el grado de aprobación del desempeño gubernamental en materia educativa disminuyó de un 44 por ciento a mediados del 2014 hasta el actual 18 por ciento.
En 2006, al inicio de la primera gestión de Bachelet, el movimiento estudiantil contra la municipalización de la enseñanza secundaria, popularmente conocido como “la rebelión de los pingüinos” marcó huella en la gestión educativa del cuatrienio que terminó en 2010. La imposibilidad de resolver satisfactoriamente aquel conflicto fue uno de los factores que abrió puertas al gobierno de derecha de Sebastián Piñera Echenique. A su vez, la gestión de Piñera se vio entrampada por el conflicto universitario de los años 2011-2012. Por ello, la segunda presidencia de Bachelet otorgó, desde su campaña, la mayor importancia al tema educativo. En terreno de la práctica, sin embargo, los retos de la implantación parecen superar al ánimo reformista ¿podrá en esta ocasión superar tal desafío?
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales
