Tengo que iniciar felicitando a Sylvia Schmelkes y a los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por su comunicado ejemplar. A la altura del respeto que nos merecen, como dije en mi twitter. Poniendo por delante el interés superior de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, la autonomía constitucional de esa institución.
El viernes 29 la Coordinadora Nacional del Servicios Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, “debido a nuevos elementos a considerar” (sic.).
No fue el Secretario Chuayffet el que dio la noticia en ese escueto comunicado, en el que se anuncia una flagrante violación a la Ley de Servicio Profesional Docente y se pasa por encima de la autonomía constitucional del INEE, responsable del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
El presidente de la república, Enrique Preña Nieto, no ha dicho esta boca es mía.
La razón es que no hay forma de justificar esta decisión. Y porque posiblemente estamos frente a una medida que puede ir más lejos que la evaluación de maestros.
Un día después, el sábado 30, Eduardo Backoff, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, mandó un tweet diciendo que “El comunicado de la SEP pone en vilo la existencia del propio INEE: ¿un instituto de evaluación sin evaluaciones?”.
¿De qué tamaño es este golpe, desde el gobierno, a la reforma educativa?
En este momento no se sabe si se aplicarán las pruebas de logro escolar, que forman parte de Planea (Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes), que tendrían que aplicarse estudiantes de los grados terminales de educación básica y media superior, en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas y convivencia escolar.
Niños y niñas están próximos a salir de clases y en las escuelas no se sabe si se aplicará la prueba. En los pasillos de la SEP se afirma que no se aplicarán ni este ciclo escolar ni en lo que queda de administración del presidente Peña.
Habrá que esperar. Pero lo cierto es que esto no es sólo causa de la presión abierta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o, por debajo del agua, del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Ahí está el chantaje de una y la operación del otro (dudo que el gobierno se haya animado a hacer este desfiguro sin el respaldo del SNTE). Ellos hacen su trabajo, para sus intereses, pero el gobierno no hace el suyo.
El gobierno federal tiene buen rato haciendo tratos por encima de la ley. El gobierno de Oaxaca, por ejemplo, ha sido un militante activo en contra de la reforma educativa. Al final se ha permitido a personas que no han sido evaluadas, que ingresen como docentes o que escalen como directores y supervisores. No ha sido posible poner por encima de todo el interés superior del niño y garantizar su derecho, si no a la educación, por lo menos a ir a la escuela.
Ahora el gobierno federal ha decidido dar un paso más: que se suspenda la evaluación de maestros en todo el país. Ya no son sólo los estados donde el conflicto con el magisterio domina el escenario político. Ahora el gobierno lo escala a toda la república.
El gobierno federal atenta contra el derecho de “casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.”
Es gravísimo. Por eso es de gran mérito que el INEE, el sábado 30 de mayo, exigiera en su comunicado 20 al gobierno de la república “dejar sin efectos la “suspensión indefinida” de las fechas de evaluación del Servicio Profesional Docente.”
La decisión de la SEP, como señala el INNE, es ilegal, invade su competencia, vulnera su autonomía constitucional y es contraria al interés superior de la niñez.
El interés superior de la niñez significa garantizar su derecho a la educación, pero el Estado lo viola cuando “niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad.”
Con base en lo anteriormente expuesto, y dado que no existe justificación alguna, el INEE “conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.”
Se dice que la explicación a todo esto es la debilidad del gobierno. Yo creo que más bien son las malas decisiones que toma. La valoración que prevalece es que lo importante es afianzar lo que siempre ha sido su fortaleza, el control corporativo de los maestros, por encima del interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en tiempos electorales. Sus intereses de facción por encima de la Constitución, aunque signifique apartarse de la ruta de los derechos.
Las autoridades siguen sin entender, igual que antes de este desplante, que el nuevo arreglo del Estado con los docentes implica un esfuerzo multidimensional porque no estamos hablando de un problema sólo educativo. Ahora el punto de partida es más atrás porque se demuestra que el gobierno, además de faltarle ambición y compromiso con los ciudadanos, se deslinda de la reforma educativa que él mismo impulsó. El gobierno tiene que rectificar
¿Qué oportunidad tenemos de mejorar la educación en Zacatecas o en Veracruz si dejamos pasar esta barbaridad? ¿Qué podemos esperar del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los sistemas en los estados y los municipios, si no se asegura la ejecución de los cursos de política que defina la autoridad, como en este caso la evaluación de los maestros en los términos que establece la ley? ¿Qué podemos esperar para cualquier cosa plausible en este país si el propio gobierno puede incumplir la ley y salirse con la suya, que es contraria a la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos?
Me quedo con el mensaje profundo de las últimas líneas del comunicado: “hoy más que nunca, tanto el INEE y las autoridades educativas, en su carácter de instituciones públicas, así como la sociedad civil y el magisterio nacional, debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.”
Por supuesto que debemos sumarnos a la exigencia del INEE. Defendamos la legalidad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El gobierno debe obedecer la Constitución y está obligado a garantizar el derecho a la educación de los ciudadan@s de 3 a 17 años (aunque no voten).
