El 12 de febrero tuve el gusto de participar como representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en la 1ª Sesión ordinaria del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Un tema importante fue el de las directrices que esta institución debe emitir con base en la evidencia recabada por la evaluación durante 2015. Me explico.
Años de lucha de investigadores y educadores, y los pésimos resultados en el desempeño del sistema educativo, inocultables en un mundo global en el que México se fue insertando, dieron lugar a una institución que ahora, como organismo autónomo desde el 26 de febrero de 2013, tiene el objetivo de “evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.” Para cumplir con este mandato el instituto debe:
- Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
- Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y
- Generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
A propósito de este último punto, donde estriba buena parte de la fuerza jurídica y política de la institución, la Ley del INEE establece que:
- Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público. (art. 48)
- Los lineamientos en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las autoridades educativas. Su incumplimiento será sancionado. (art. 49)
- Las directrices emitidas por el Instituto serán hechas del conocimiento de las autoridades e instituciones educativas correspondientes para su atención. (art. 50)
- Las autoridades e instituciones educativas deberán hacer pública su respuesta en relación con las directrices del instituto, en un plazo no mayor a 60 días naturales. (art. 51)
¿Qué tendrían que incluir las directrices del INEE?
Pienso que las directrices que podemos esperar tendrían que establecer, con base en evidencia sólida, algunos puntos como los siguientes:
- Qué programas están funcionando adecuadamente, y tendrían que reforzarse, y cuáles tendrían que desaparecer. Las directrices tendrían que decirnos con precisión los cambios que se requieren de acuerdo con cada modalidad educativa. Por ejemplo, ¿qué tenemos qué hacer con capacitación y el seguimiento de maestros de telesecundaria para garantizar resultados de aprendizaje?
- Qué cambios en la gestión del sistema se requieren, en términos de las modificaciones necesarias en estructura burocrática y el perfil de los cuadros que se necesitan en las entidades de la república para garantizar que las directrices puedan llevarse a cabo. ¿Qué controles necesita la federación para operar la reforma, que no puede ceder a las autoridades y secciones sindicales locales?
- Qué carrera magisterial se requiere para garantizar maestros comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos.
- Qué significa lo anterior, desde el punto de vista de una mejora continua de planes y programas, así como de compromiso del estado con los maestros, en términos del monto de recursos que se requieren para realizar una verdadera transformación a mediano y largo plazo. Me refiero a cómo gastar mejor y a cómo gastar en una gestión eficiente, no necesariamente en aumentar el presupuesto en puntos del PIB.
- Qué se debe hacer en términos de la articulación interinstitucional que se requiere para atacar los problemas del entorno que impiden que todos los niños y niñas asistan y aprendan en la escuela, en especial los que habitan localidades rurales, trabajadores, indígenas y con discapacidad. Por ejemplo, los becarios de Oportunidades requieren apoyo pedagógico inmediato, y los integrantes del padrón de ese programa que no asisten a la escuela una política de inclusión que garantice su permanencia. Urge la activación en cada entidad del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para atender los problemas de violencia en la familia y el entorno que impiden el acceso y el aprendizaje en la escuela.
- Qué plazos se deben cumplir para lograr un cumplimiento razonable, señalando con toda claridad los costos que tendrá la no aplicación de las directrices en términos de vidas perdidas para la educación y recursos humanos desperdiciados para el desarrollo de México.
¿Cómo recibirá el gobierno federal las directrices?
No tengo duda de que los resultados que arroje la evaluación del INEE serán impecables. No habrá duda de su calidad técnica y rigor metodológico. La estatura intelectual y moral de Sylvia Schmelkes me lo garantiza. No dudo de su esfuerzo y compromiso.
Dudo del compromiso del gobierno federal y de los gobiernos locales con la reforma educativa y con las directrices que el INEE emita. El problema es una estructura burocrática muy hecha a la reproducción de intereses particulares, que debe atacarse desde el interior de los gobiernos de los estados, independientemente del partido que se trate, y eso no lo va a hacer el INEE.
El INEE nos dará resultados de la evaluación, lineamientos y directrices de política. Lo que no puede darnos es la voluntad política del gobierno para realizar las transformaciones necesarias.
¿Nos falta una cultura de la evaluación? Por supuesto. Al primero que le falta es al propio gobierno, que más bien ha desarrollado la práctica exitosa de evadir las recomendaciones de la evaluación. La experiencia con el CONEVAL arroja que es escaso el impacto de la evaluación en la modificación de la política pública después de más de diez años de esfuerzo.
Anoto lo anterior porque el gobierno es un auténtico Houdini a la hora de escapar de amarras y cadenas asociadas a recomendaciones y directrices. El problema del gobierno, en todos los órdenes, es su resistencia al cambio. Todo lo contesta, pero poco modifica, de tal forma que hace lo necesario para que todo permanezca y al final acaba escapando. El reto del INEE es que acate las directrices.
A lo anterior se suma que no se aplica la ley, empezando por el gobierno, y todo se politiza para mal. Me preocupa que la propia autoridad educativa acabe aislando al INEE porque cualquier directriz, por más sustentada que sea, se enfrentará a intereses poderosos para poder operarse.
Ojalá el gobierno acate las directrices del INEE y ponga por delante el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de México. De otra forma la reforma educativa estará completamente perdida.
Las directrices pueden impulsar el cambio que necesitamos
Por eso la sociedad civil tiene que hacer el esfuerzo de crear el contrapeso, aunque la cuesta se vea muy empinada. El valor público de la evaluación estriba en que sus resultados sirvan para reformular programas y políticas y asignar mejor el presupuesto. Sobre todo para redefinir el rumbo estratégico de la acción gubernamental: garantizar el derecho a la educación.
Espero que las directrices del INEE nos den elementos muy concretos para trabajar con el Congreso de la Unión, con los congresos locales, con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con diversas agencias de Naciones Unidas, para insistir en que se utilicen los resultados de la evaluación.
Las directrices pueden iluminar el principio del camino para desmontar lo viejo y hacer aparecer lo nuevo, una sociedad preocupada por garantizar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes de México.
El INEE va a cumplir su parte. Nosotros tendremos que hacer la nuestra, que es exigir que esas directrices, cuando lleguen, se apliquen. Preparémonos. Ya sabemos que nuestro Houdini se especializa en escapar de la caja negra de la post-evaluación.