De acuerdo con académicos que analizan reformas educativas en el mundo, aquellas que siguen un modelo de arriba hacia abajo enfrentan la resistencia de los maestros de base. No me refiero a la rebeldía organizada de corrientes sindicales, sino de docentes frente a grupo. Según la mayoría de los autores, si los gobiernos no hacen lo “apropiado” para ganar el favor de los docentes, la reforma fracasará en lo sustantivo: el aprendizaje de los alumnos.
Con pocas excepciones, los académicos y los periodistas que han analizado la Reforma Educativa que promueve el gobierno de Peña Nieto navegan por el lado de la crítica: señalan los errores, las deficiencias y la ausencia de la voz de los maestros en asuntos que atañen a su profesión y vida cotidiana. Aunque otros le ven el lado positivo —o más o menos positivo, ningún analista mete las manos al fuego por esta reforma— como acabar con la herencia y venta de plazas, debilitar al ogro sindical y afinar un nuevo modelo de escuela, así como proponer un perfil docente más profesional; todos ven los efectos educativos de la reforma en el plazo largo.
Sin embargo, la reforma constitucional y los cambios a la Ley General de Educación, así como las nuevas leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente, acompañadas de mudanzas a las leyes de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal, ya tienen consecuencias institucionales de gran calado. La más importante: una recentralización del poder en el gobierno federal. En unos cuantos meses los cambios legislativos dieron al traste con la retórica (que nunca fue práctica) del federalismo educativo.
Estas leyes crearon nuevas instituciones, controladas por la Secretaría de Educación Publica con el fin de retomar la “rectoría de la educación” —aunque la realidad dice que las secretarías de Hacienda y Gobernación manejan el dinero y las concesiones políticas—: la Coordinación del Servicio Profesional Docente, el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), que arrebató a los estados los fondos destinados a educación básica. Además, en conjunto con el INEE, regentea al Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Esta centralización implica también el fortalecimiento del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, en detrimento de los líderes seccionales. Esto significa que los gobernantes se alejen aún más de las escuelas. Esta distancia será mayor sin los puentes que tendían los gobiernos de los estados con los maestros; los gobernadores malvendieron al SNTE los pocos márgenes de autoridad que tenían. Quizás en la SEP la alta burocracia se dio cuenta del vacío que se podría producir y comenzando este 2014, diseñó un dispositivo para acercarse a los maestros, directores y supervisores: los Foros para la Revisión del Modelo Educativo.
Estos foros buscaban legitimar la Reforma Educativa ante los docentes y convencerlos de las bondades de los cambios, aunque se hayan iniciado desde el poder. Los foros se dividieron para discutir la educación básica, la enseñanza media y la formación de maestros. Fueron 18 regionales y tres nacionales. Participaron más de 25 mil docentes y directivos con más de 15 mil ponencias. El dispositivo se organizó con temas y lenguaje familiares al magisterio; además, el secretario Chuayffet en persona —me informaron— dio instrucciones para que los subsecretarios en funciones, invitaran a cinco académicos independientes a formar comités asesores de esos foros y fungieran como relatores.
Me sorprende que mis colegas no les hayan prestado la atención que les pusieron a otros temas. En mis dos artículos siguientes me propongo analizar los resultados sobresalientes y las propuestas que emergieron de los foros de educación básica y normal. En mi última entrega de este año especularé sobre sus consecuencias en el mediano plazo.
Retazos
*Me pregunto quién hace más daño a la Reforma Educativa que promueve el presidente Peña Nieto: si los maestros disidentes —que tratan de pararla— o el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, quien les otorga concesiones en contra de las leyes.
*En el IPN se acabó la huelga. Comienza el conflicto de mediano plazo.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
