Finalmente se presentó el 1 de abril del 2014 el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). Lo primero a destacar es que este esfuerzo importantísimo resulta una novedad, porque fue imposible realizarlo durante las décadas en las que no contamos con una autoridad educativa preocupada por cumplir cabalmente con el artículo 3º constitucional y garantizar las condiciones mínimas para que se desarrolle el proceso educativo.
Por eso merece reconocimiento que hoy el CEMABE nos permita contestarnos preguntas como estas: ¿Dónde están los maestros que pagamos con nuestros impuestos? ¿Qué significa en términos de violaciones a los derechos de los niños la ingobernabilidad del sistema? ¿Cuántas escuelas están funcionando como tales y en qué condiciones se encuentran?
El boletín del INEGI http://tinyurl.com/lx6dstr señala que el personal censado (“individuos que prestan sus servicios en uno o más centros de trabajo y fueron contabilizados tantas veces como en centros de trabajo laboren”) alcanzó la cifra de 1 millón 949 mil 105. Desempeña función de maestro frente a grupo un total de 1 millón 128 mil 319, pero “como la cifra de personal censado se refiere a los individuos contabilizados tantas veces como en centros de trabajo labore, es conveniente señalar que la cifra de personas que trabajan frente a grupo son 978 mil 118.”
Un boquete que muestra el CEMABE se refiere a los que no están frente a grupo: 39 mil 222 son “aviadores” (nadie sabe dónde están, ni qué hacen), 30 mil 695 están comisionados o con licencia y 114 mil 998 están jubilados, retirados o fallecieron.
El total de centros de trabajo en operación es de 261,631 (“bibliotecas, centros de maestros, oficinas administrativas y de supervisión, entre otros”). Un segundo gran boquete se encuentra en el 9.2% donde se registraron “negativas”, es decir, que no fueron censados y que permanecen fuera del alcance de la autoridad educativa. El CEMABE, en su Atlas educativohttp://cemabe.inegi.org.mx/, establece que en los 24, 658 centros que no fueron censados, estarían implicados 2 millones 215 mil 201 alumnos. Un mundo de niños, en estados como los siguientes: 974 mil 420 en Chiapas, 568 mil 372 en Oaxaca, 561 mil 663 en Michoacán, 65 mil 001 en Guerrero, 21,286 en Veracruz, 10 mil 507 en Jalisco, 6 mil 505 en Baja California Sur y 3 mil 014 en Zacatecas. Queda por saber cuántos de esos centros de trabajo se utilizan para labores educativas, o relacionadas con éstas, y no a la pachanga o a la operación electoral o a la grilla sindical.
Cabe señalar que de los 236,973 centros de trabajo que sí fueron censados, 87.6%, es decir 207,682, son escuelas de educación básica y especial y 12.4% son otro tipo de centros de trabajo. 86.4% del total de escuelas censadas son de carácter público y 13.6% son privadas.
Un tercer boquete se refiere a las condiciones desiguales en las que participan alumnos y maestros en las escuelas. 48.4% de escuelas públicas no cuenta con drenaje, 31% no dispone de agua potable, 12.8% no tiene sanitarios y 11.2% carece de energía eléctrica. Las escuelas privadas, por el contrario, prácticamente no muestran esta carencia de servicios. A lo anterior podemos sumar otro conjunto de carencias inaceptables que el Atlas del CEMABE descubre.
En cuanto al porcentaje de escuelas en inmuebles con construcción que no disponen de equipamiento en todas las aulas para impartir clase, tenemos que 9.1% no tienen pizarrón o pintarrón, 20.3% no cuentan con escritorio para el maestro, 20.8% no disponen de silla para el maestro, 14.7% carecen de mueble para que los alumnos se sienten y 14.1% carecen de mueble para que los alumnos se apoyen.
En lo que se refiere al porcentaje de escuelas en inmuebles con construcción que no disponen de tecnologías de la información y comunicación, encontramos que la situación es más grave: 39.6% no cuenta con equipo de cómputo, 60.6% no tiene Internet y 63.8% no dispone de línea telefónica.
Todas estas situaciones se han pasado habitualmente por alto, como si todos los niños acudieran a la escuela en las mismas condiciones, a la hora de evaluar el desempeño de quienes cuentan con menores recursos (véase la tristemente célebre prueba ENLACE).
El CEMABE pone a la luz del día una problemática que por años permaneció en la oscuridad, lo que permitió a las autoridades, federales y locales, abstenerse de cumplir con la ley y solapar intereses ajenos a la educación, con la consecuente profundización de nuestras desigualdades. En este sentido un cuarto boquete, no cuantificado aún pero sí relacionado con los otros tres, se refiere a los recursos. ¿Cuántos millones de pesos se han ido en los últimos sexenios en que no hemos tenido secretario de educación pública, ni a nivel federal ni en los estados, en el sostenimiento de “aeropuertos” magisteriales? ¿Cuántos millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo nunca llegaron a las escuelas donde se necesitan? ¿En los bolsillos de quiénes están estos recursos desviados?
Es innegable que estos cuatro boquetes influyen negativamente en la capacidad del sistema para garantizar la calidad del servicio y, por tanto, el derecho a la educación para todos los niños. Que lo muestre el CEMABE fortalece la gobernabilidad del sistema y, por tanto, la reforma educativa. Visibilizar dónde están las carencias, qué políticas deben de cambiar y dónde deben colocarse los presupuestos y dónde no, también fortalece a los titulares de derechos y a la sociedad interesada. Cobran relieve para garantizar este derecho el avance de una autoridad educativa real y aportes técnicos independientes.Qué bueno, porque falta mucho por hacer en estados donde prevalece la complicidad mafiosa en las secretarías de educación locales.
En este sentido es positivo que se “achique” el espacio para las fuerzas que aún desconocen que en una democracia constitucional es imperativo garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes hagan de la educación el instrumento que los iguale en dignidad y los ayude a explotar el potencial que todos tienen. También que se haga más evidente que urge un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia.
La transparencia y la rendición de cuentas, a las que contribuye el CEMABE, son indispensables para que se produzca el cambio, por lo que exigimos a la SEP que ponga a disposición de los ciudadanos las bases de datos con la información que arroja este instrumento.
Publicado en Odisea global
