Sylvie Didou Aupetit
Cinvestav
El 2 de marzo 2022, la Mtra. Delfina Gómez, titular de la secretaria de Educación Pública (SEP), anunció la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo (PETC). Las críticas arreciaron de inmediato: muchas versaron sobre la debilidad del justificativo blandido para explicar esa decisión. Es improbable que el traspaso de los recursos asignados al PETC al programa gubernamental “La escuela es nuestra” baste para revertir la degradación de infraestructuras en pésimo estado. En 2018, el INEE advirtió que 31% de las instalaciones escolares y universitarias (261,101 según datos de 2020-2021) tenía problemas de estructura. 33% estaba constituido por espacios atípicos, impropios para la docencia, 55% era de acceso difícil y 63% carecía de servicios de Internet. Ante la magnitud del deterioro, la suspensión del PETC aparece como una falsa solución a un problema real y apremiante, cuya superación requeriría una cuantiosa inversión de recursos, inverosímil en la circunstancia.
En el marco de un encendido debate sobre la acción pública del gobierno electo, periodistas y especialistas argumentaron, además, que la cancelación del PETC infringía los derechos humanos de sus beneficiarios. Afectaba la salud y la nutrición de los 3.6 millones de niños incorporados a ese esquema en más de 25 000 establecimientos que proporcionaban alimentos y horarios extendidos de atención. Refrendaba la voluntad de mantener una austeridad republicana en el gasto social, al costo que fuera. Implicaba que las escuelas participes del PETC renuncien a ser espacios de protección y dispositivos de bienestar enfocado a grupos infantiles vulnerables. Obligarlos a desistir de sus responsabilidades, por supresión de recursos y a dejar de mitigar la desigualdad social es preocupante. En efecto, según el CONEVAL, los porcentajes de población en situación de pobreza en relación al total pasaron del 43.2% al 43.9% entre 2016 y 2020, los en situación de pobreza extrema del 7.2% al 8.5% y los vulnerables por ingresos del 7.6% al 8.9%.
Los niños, víctimas directas de esa decisión, no son los únicos perjudicados. También lo serán sus familias, principalmente sus madres. Por cierto, el anuncio fue hecho con un desafortunado timing, sintomático de un descuido arraigado respecto de la agenda feminista, más allá de una adhesión, oportunista y retórica. Publicar en el Diario Oficial de la Federación que el PETC había sido suprimido, sin proponer alternativa inmediata, comprobó un desconocimiento absoluto y una nula empatía con las condiciones laborales de muchas madres de familia, en vísperas del 8 de marzo “Día de las mujeres”. El anuncio, en los términos y en el momento en que se hizo, es un tropiezo o una provocación, dadas sus implicaciones negativas para las trabajadoras con hijos en esos establecimientos.
Como muchos especialistas lo han señalado, sin que nadie les haga caso, salvo justamente en el segmento de las escuelas PETC, la reducida duración de la jornada escolar dificulta la incorporación de las madres en el mercado formal de trabajo y las ubica en una situación de estrés. Explica que su tasa de participación económica (49%) sea muy inferior a la de de los hombres – 75.8% (INEGI, Censo de Población, 2020). Eso es cuanto más injusto que una mayoría de las usuarias de las escuelas PETC, por ser trabajadoras informales o precarias, no recibe ingresos suficientes para recurrir a alternativas de cuidado contra pago. A diferencia de generaciones anteriores, muchas carecen de redes familiares, susceptibles de suplirlas como cuidadoras. Dependen entonces exclusivamente de los servicios públicos para cumplir roles múltiples y, en concreto, incompatibles.
Si bien la libertad de las mujeres, como lo acotó Simone de Beauvoir, depende de su monedero, su independencia financiera está muy coaccionada, en México, por condiciones prácticas que les niegan la posibilidad de ejercer a cabalidad su derecho a trabajar, a lo largo de su ciclo vital. En esa perspectiva, un punto nodal en una agenda feminista, ya repleta, debería ser la no discriminación en el ejercicio del derecho de las mujeres a laborar fuera de su casa. Supone lo anterior que las mujeres tengan un acceso suficiente a estructuras que atiendan a quienes dependen de ellas, por un tiempo acorde a sus compromisos laborales.
Desgraciadamente, no es el caso. La extensión de las jornadas de empleo no tiene impronta de género. Pero, eso sí, los esquemas de asistencia escolar de los infantes siguen amarrados a un modelo de organización patriarcal en el que las mujeres se encargaban de la crianza y del hogar. Ante ese recurrente desfase, una consigna de las activistas debería ser coyunturalmente, en 2022 “No a la desaparición de las escuelas de tiempo completo”. Otra, de mayor alcance, sería “Sí a la generalización de una jornada escolar de tiempo completo a lo largo de la escolaridad obligatoria y en todas las escuelas”. Sólo así, la equidad de género dejará de ser un compromiso ritual, de dientes para afuera, un día cada 365.
