Lorena Turquie Castillo
Hacia finales del siglo XX en nuestro país, la participación ciudadana logró la fuerza suficiente para institucionalizar espacios de incidencia en ámbitos relevantes para la vida nacional, tales como los derechos humanos, las elecciones y, por supuesto, la educación. En este artículo me centraré en este último.
Estamos comenzando la tercera década del siglo XXI y dado el contexto social, político y de salud presentes tenemos que resolver el gran reto de fortalecer la educación. Desde mi punto de vista, una línea de acción fundamental para ello es la sinergia de la participación social desde y con los gobiernos subnacionales.
Después de casi 30 años de experimentar una participación social cada vez más activa en el sistema educativo nacional, hoy es un tema de responsabilidad social ser creativos y buscar todos los mecanismos posibles para incidir y lograr desde los sistemas educativos subnacionales lo que es una tarea titánica: recuperar en el menor tiempo posible los niveles de aprendizaje desgastados por la pandemia; lograr que los aprendizajes fundamentales sean sólidos en las y los niños; y apoyar a las comunidades educativas desde los ámbitos técnico, pedagógico y socioemocional.
El sistema educativo en su conjunto ha reconocido la relevancia de la participación y ha creado espacios para dar cauce a la interacción entre autoridades educativas, gobiernos estatales, padres de familia, organizaciones sociales (como el SNTE), académicas y empresariales.
Un breve recuento de esa participación comenzó, en 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y, por casi dos décadas, vimos o participamos en la creación del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación y los Consejos Escolares de Participación Social; la Alianza por la Calidad de la Educación; el Nuevo Modelo Educativo; la transformación del INEE en organismo autónomo (y su posterior desaparición) y en seno de este instituto la contribución de expertos en el ámbito de la evaluación educativa.
La colaboración de representantes de organizaciones sociales y empresariales a través de comités o consejos ciudadanos para la educación básica, y por supuesto la participación de padres de familia en diversos programas, como el de Escuelas de Calidad (PEC) o el de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), sólo por mencionar algunos.
Desde la sociedad civil, la apertura a la participación de organizaciones sociales e instituciones académicas dedicadas a la investigación –hasta 2018– de manera importante en el orden federal, y con los gobiernos estatales donde es diversa la intensidad de la incidencia de las organizaciones del tercer sector.
Sabemos que la participación social llegó hasta el corazón del sistema educativo: la escuela. Sin embargo, aun con este gran avance seguimos en el mismo estado que el PNUD señalara en 2004: “el principal desafío de las democracias latinoamericanas es la brecha que se abre entre los grupos más excluidos del ejercicio pleno de la ciudadanía social [pues] son los mismos que sufren carencias en otros planos de la ciudadanía”. Para revertir esta situación es indispensable pensar en la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
En México se dio un primer paso en 2011, cuando los derechos humanos fueron reconocidos en el artículo 1° de la Constitución, y en el artículo 3° se estableció que: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva (…) acorde con la vida democrática, se impartirá de manera plural, inclusiva, equitativa, integral y de excelencia. Todo ello a partir de una amplia coordinación y colaboración. Una clave para que las políticas con enfoque de derechos puedan ser una realidad es la participación de todos los actores involucrados en la educación, constituyen un gran poder.
En este sentido propongo que para diseñar la solución imaginemos al sistema educativo como una cometa de papel ¿Qué necesitamos para que vuele alto y estable? Primero: Materiales de buena calidad y resistentes. Segundo: Trabajo colaborativo. Tercero: Aprender a volarla.
Si tenemos lo necesario pongamos manos a la obra. Coloquemos para la estructura de nuestra cometa los marcos normativo, institucional y programático. Para la vela unamos en un lienzo a las autoridades educativas, directivos, docentes y familias. Para tener resistencia necesitamos hilar una red hecha de la suma de la participación social, de académicos y de especialistas.
Lograr que cada niña, niño, adolescente y joven tenga garantizada la educación, requiere que el vuelo de la cometa sea alto, seguro y que la búsqueda de estabilidad sea una tarea colectiva. Los docentes, los padres de familia y cuidadores guiarán el rumbo tomando con determinación el hilo.
Hoy nuestro vuelo se enfrenta a un pronóstico de tiempo complejo y adverso, con variables antes desconocidas como el funcionamiento parcial de las escuelas por la pandemia, la asistencia irregular o inexistente de alumnos, crecimiento de las brechas de desigualdad, falta de conectividad, etc. Necesitamos unir recursos y voluntades para consolidar políticas educativas que tengan un impacto positivo en cada entidad.
Pensando en el diseño de estas soluciones, les comparto algunas premisas que considero contribuirían a la construcción y vuelo alto de estas cometas:
- Es necesaria la plena garantía del derecho a la educación reconociéndolo como el derecho a aprender.
- Contar con la voluntad política de las autoridades educativas para que las políticas educativas sean estratégicas y colaborativas.
- Es necesario que las intervenciones resuelvan desde los problemas más básicos y urgentes en nuestro país (que las niñas y niños aprendan las matemáticas, la lecto-escritura, el cuidado de sí mismos y del medio ambiente, etc.) hasta los más complejos (reducir las brechas de desigualdad).
- Que las autoridades educativas compartan que la solución en la educación no está en cerrar espacios o centralizar, sino en abrirse a la incidencia social para fortalecer la educación en todos sus niveles.
- Sumar la participación social en las políticas educativas estatales, toda vez que es donde existe mayor probabilidad de incidir y consideren a las organizaciones sociales como auténticas aliadas.
- Que las escuelas cuenten con materiales, libros suficientes y pertinentes; docentes preparados ante las nuevas condiciones; propuestas pedagógicas innovadoras y accesibles; instrumentos y evaluaciones que permitan conocer la situación de cada estudiante y su progreso; infraestructura y equipamiento dignos, entre otros.
- Que se sumen los esfuerzos necesarios para hacer que todas y todos vuelvan a las aulas en condiciones adecuadas por el bien, el desarrollo y el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Hagamos todo lo posible para que en cada entidad se promueva el diálogo y se logre el compromiso de construir juntos 32 hermosas cometas que coloreen nuestros cielos para los millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos que tienen el derecho humano a aprender.
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Lorena Turquie Castillo. Integrante de MUxED. Politóloga, con maestría en Políticas Públicas comparadas, especialista en Cultura de la legalidad y educación. Coordinadora de Maestría en Políticas Públicas en el Insituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y docente de posgrados. Investigadora y evaluadora de políticas sociales y educativas. Integrante del equipo de Instituto Natura para implementar políticas públicas estatales sobre aprendizajes fundamentales.
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