Escuchad el llanto de los niños, ¡oh, mis hermanos!
Antes de que el dolor llegue con los años…
Están llorando en el tiempo de ocio de los demás,
En el país de los hombres libres
The Cry of the Children, Elizabeth Barret Browning
Empiezo con ese texto porque Elizabeth Barret Browning, en pleno siglo XIX, denunció el trabajo infantil en las fábricas textiles inglesas y sus efectos en la destrucción del potencial físico e intelectual de niños y niñas, lo que dio lugar a extendidas denuncias que produjeron cambios legislativos para limitar la voracidad del capitalismo más salvaje.
Aquí, en pleno siglo XXI, literalmente millones niñas, niños y adolescentes se encuentran atrapados en el trabajo. También, como Barret Browning, seguimos impulsando el debate en la opinión pública y buscando los cambios legislativos que nos pongan de una vez por todas en el camino de eliminar la explotación infantil, uno de los efectos más crueles de nuestra desigualdad. Sobre todo estamos en la lucha por la efectividad de los derechos.
La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el marco para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en México, que incluye un Sistema de Protección Especial, orientado a garantizar la restitución de los derechos de aquellos más vulnerables, como los niños y niñas que trabajan. Pero si no hacemos todo lo posible para que este ordenamiento funcione en la realidad, de poco servirá tanto esfuerzo.
Un estado constitucional y democrático se distingue por el reconocimiento de los derechos y por su garantía práctica, lo que aplica para niños, niñas y adolescentes. La ley general es un avance sustancial, que debe reflejarse en las entidades de la república de forma tal que las instituciones funcionen para hacer respetar proteger y satisfacer, por ejemplo, los derechos de los niños y niñas trabajadores.
¿Queremos una verdadera protección de los niños y niñas que trabajan o seguir mirando de lejos, mientras los “hombres libres”, o en nuestro caso los titulares de deberes, permanecen indiferentes como en los tiempos de Elizabeth Barret Browning?
El Módulo de Trabajo infantil 2013 (MIT-2013)
De acuerdo con ese instrumento existen en México 2, 536 693 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan, una tasa nacional de 8.6% Los estados con mayores proporciones son Colima (14.3%), Guerrero (13.9%) y Puebla (13.6%). En el grupo de 14 a 17 años trabaja el 27.0% de los hombres y el 13.2% de las mujeres, mientras que en el de 10 a 13 años lo hace el 8.2% y el 4.2%, respectivamente. En el de 5 a 9 años trabajan 1.7% de los hombres y 1.0% de las mujeres.
Se dice fácil, pero revuelve el estómago. Trabajan sin remuneración 1, 158,246, y lo hacen de 25 a 34 horas semanales 173,494 (6.8%) y 35 o más horas 742,379 (29.3%).
No recibe ingreso 1,165,167 (45.9%) y hasta un salario mínimo 719,822 (28.4%). Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció en una entrevista con El Universal, que trabajan niños y niñas en condiciones de explotación “equiparable a la esclavitud”, en estados de la república como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.
No trabajan con familiares 863,555 (34%) y 798,050 están expuestos a riesgos en el trabajo (31.5%). ¿En manos de quién están estos niños y niñas?
¿Dónde está el apoyo a 238,401 hogares monoparentales que tienen niños trabajadores? Cabe señalar que existen 1,635,409 de hogares de este tipo (10% del total de hogares con niños de 5 a 17 años en el país), que son los que enfrentan mayores riesgos. Aquí la presión es mayor para 1,484,495 de mujeres con jefatura familiar (90.8% de los hogares monoparentales).
Habrá que aclarar eufemismos como el hecho de que se considera que “trabaja solo o por su cuenta”, hágame usted el favor, a 106,592 niñas y niños (12,932 de 5 a 9 años). No estamos hablando de explotados, de infancias muy destruidas en gran parte de los casos, al filo de la supervivencia, como los veía Elizabeth Barret Browning, sino de empresarios o emprendedores potenciales, de acuerdo con la terminología del MTI-2013.
Trabajo infantil e inasistencia a la escuela.
Es muy buena la noticia de una reducción de 18% de niños y niñas trabajadores, respecto a la medición de 2011 de ese instrumento. Sin embargo, es pésima que la proporción de aquellos que trabajan y no asisten a la escuela haya pasado de 31.9% a 36.0%, esto es que casi cuatro de cada diez no están en la escuela porque trabajan. En 14 estados de la república se supera esa tasa promedio, donde destacan Chihuahua (73.9%), Querétaro (52.9%) y Michoacán (47.3%).
Los niños y niñas que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil y con demasiada frecuencia éste impide que vayan a la escuela.
El trabajo infantil, de acuerdo con el INEE, obstaculiza la escolarización y el aprendizaje. “Mientras exista trabajo infantil, será difícil que se den las condiciones para que el Estado cumpla con el derecho de todos a una educación de calidad”, dice en su Informe 2014, por lo que recomienda avanzar en políticas orientadas a fortalecer las condiciones de educabilidad en la demanda, así como a mejorar la pertinencia de la oferta en ámbitos como “desarrollo curricular, prácticas docentes y sistemas de apoyo y acompañamiento a estudiantes.”
El INEE señala que disuaden el trabajo infantil, las becas y las escuelas de tiempo completo, así como la prohibición de cuotas obligatorias. También apunta la importancia de explicar a los docentes la problemática del trabajo infantil y de prepararlos para atender de manera especial a los niños y niñas que trabajan o están en riesgo de abandonar la escuela. En cambio, la mala calidad del servicio educativo disuade la asistencia escolar.
Es un hecho triste es que la pobreza y la necesidad de trabajar, además de propio sistema educativo, han logrado convencer a 705,681 niños, niñas y adolescentes de que no tengan “interés” o se sientan “aptos” para la escuela.
Pero el alcance del sistema educativo en el combate al trabajo infantil es limitado. Dice el INEE que “las causas más importantes del trabajo infantil se encuentran fuera de la esfera de la educación y deben ser atendidas mediante políticas graduales e integrales en las que participen de manera articulada los sectores económico, laboral y social.”
La problemática es más compleja y rebasa a la escuela, lo que exige acciones articuladas desde el estado y la sociedad. El INEE lo dice muy bien en su informe: el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”
Es un hecho que, al cancelar las posibilidades de educación, el trabajo infantil contribuye a la reproducción de la pobreza. La OIT señala que los adultos que fueron niños trabajadores y carecieron de educación normalmente acceden a trabajos mal remunerados y padecen inseguridad laboral o desempleo, lo que hace “más probable que sus propios hijos caigan también en una situación de trabajo infantil. Romper este círculo vicioso resulta un desafío a nivel mundial y para ello la educación desempeña un papel clave.”
No es gratuito que el 61.1% de los jefes(as) de hogares con población infantil ocupada no tenga educación básica completa (rezago educativo). En el caso de los jefes(as) de familia que no tienen trabajo, 78.1% no cuenta con educación básica completa, en tanto que cuando están empleados la proporción es de 58.9%.
Hacer efectivo el constitucionalismo de los derechos
Por todo esto el trabajo infantil representa el tipo de problemas que debe ser abordado por los sistemas nacional y estatales de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular por los sistemas de protección especial, que tendrían que surgir de la armonización legislativa de las leyes locales de infancia en las entidades y el DF, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a más tardar el 3 de junio próximo.
Ante el panorama dibujado anteriormente de poco sirve, por ejemplo, lo que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del “Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, un reconocimiento a la buena voluntad de las empresas para resolver el problema, y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes, de la que poco se sabe qué hace realmente. Si revisamos el PEF 2015 encontraremos que no existen recursos destinados a la erradicación del trabajo infantil, fuera de acciones como ese premio a la buena voluntad de los empresarios agrícolas.
Lo que necesitamos, de acuerdo con el INEE, es que las políticas se orienten “a la vez a prevenir y a suprimir el trabajo infantil; deben atender las causas y no solamente sus efectos. Es necesario que el Estado se proponga esto y desde ahora se vayan tomando las medidas necesarias para hacerlo posible en un futuro.”
Estamos frente a la excelente oportunidad de reorganizar los programas que deben coordinarse en esos sistemas que propone la ley general y de poner en el escenario lo recursos que se requieren para enfrentar con seriedad el problema.
Sin embargo, la nueva ley general no cuenta con recursos para operar. Hasta el momento el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus réplicas en los estados, no tienen cómo arrancar. La nueva Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamental para garantizar protección especial, parece significar sólo un cambio de nombre, como en Zacatecas, porque en el PEF se tienen etiquetados recursos para las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, es decir, para hacer lo mismo de siempre, como se puede ver en las de reglas de operación vigentes.
Recuérdese que el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera, un promedio de $384 mil pesos por estado de la república.
No aceptamos que se mantenga esa desproporción entre el “remedio” y la “enfermedad”. El cambio debe venir de leyes locales y recursos suficientes que aseguren sistemas estatales de protección especial, para efectivamente garantizar que todos y todas puedan desarrollar su máximo potencial.
Zacatecas está entre los seis estados con mayor proporción de trabajo infantil y Veracruz se ubica entre los diez con mayores tasas de ocupados que trabajan 35 horas o más a la semana. Requerimos un enorme esfuerzo en estos estados, que ocupan las posiciones 24 y 26, respectivamente, en la garantía del Derecho a la Protección, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.
Educación de calidad, un derecho clave para ejercer otros derechos, es el mejor antídoto contra el trabajo infantil. Recíprocamente, para abatir la desigualdad educativa, se requiere el impulso del ejercicio de nuestras libertades políticas y de las reformas sociales que necesitamos. La garantía y el ejercicio de los derechos es lo que sacará a México adelante, en este como en otros temas.
Recordemos que para los niños, niñas y adolescentes, como para sus familias, también aplica el “constitucionalismo de los derechos”. Como dicen Salazar y Carbonell, “cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora.”
Eso es. Como hombres y mujeres libres, estamos en el momento de construir las políticas públicas y los mecanismos de garantía que conviertan los derechos en una realidad. De otra forma sólo estaremos sumando más palabras a las muchas que ya existen, y no tienen efecto práctico en la vida de los ciudadanos, en nuestras leyes. La agenda de los niños y niñas que trabajan exige efectividad en la garantía de sus derechos, como el derecho a la educación, no “rollo”.
