Pedro Flores-Crespo*
A los amigos de Red y de la Cofradía
La relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las universidades públicas del país es problemática y tensa. Primero, de un plumazo, se borró la fracción que hablaba de autonomía universitaria en las primeras iniciativas de cambio constitucional. Si no hubiese sido por la oposición – y Twitter -, los representantes gubernamentales no habrían salidos presurosos a reconocer que tal omisión había sido un “error” de software.
Luego de este escarceo por entrometerse en la vida institucional, el gobierno de AMLO mintió al no respetar el monto de financiamiento público comprometido para las universidades en 2019. A finales de 2018, la Cuarta Transformación, por medio de Hacienda, propuso bajar en 3.2 por ciento (casi 6% en términos reales) el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas del país, cuando la propuesta era destinar los mismos recursos que en 2018 más la inflación.
Gracias a la movilización de varios sectores universitarios – y de la prensa y redes socio digitales -, el presidente reconoció que se había cometido “un error en la presentación del presupuesto”. Pero corregirlo iba implicar que las rectoras y rectores promovieran la transparencia e instauraran la “austeridad en el manejo del presupuesto en las universidades” (Milenio, 18.12.18, nota de Jannet López). Había que “hacer más con menos”, expresaba el presidente que casi a diario ataca el “neoliberalismo”.
Pero ahí no pararon las contradicciones. El mismo día en que el presidente reconoció que corregiría el error presupuestal, también anunció el arranque de uno de los programas “estrella” del sexenio: la creación de 100 universidades (llamadas también Universidades para el Bienestar Benito Juárez, UBIBEJU). A este proyecto sexenal se le destinarían alrededor de mil millones de pesos.
Descifrando el DNA de la 4T
Ante el uso (voluntarista) de recursos públicos para crear las UBIBEJU, algunas rectoras, profesores normalistas, investigadores y analistas de política empezamos a preguntar porqué en lugar de canalizar esos fondos para crear una nueva opción de estudios superiores (UBIBEJU), no se reorientaba el dinero para consolidar y ampliar las capacidades de cupo y espacio de las universidades públicas ya existentes. ¿Para qué poner a competir por recursos (escasos) a los distintos subsistemas de educación superior? ¿Qué conflicto podría generarse al canalizar, por un lado, recursos públicos a las universidades Benito Juárez cuando por otro, había al menos una decena de universidades públicas que estaban en “quiebra técnica” y que atendían a cientos de miles de jóvenes?
Si bien podría ser racional no concentrase en rescatar un “barco” que está por hundirse, construir una “lancha rápida” y lucirla como se hizo con las universidades Benito Juárez puede calificarse de cínico. Pero algo muy interesante de la 4T es que no le tiene aversión al conflicto. Este régimen ha sabido: identificar claramente a sus oponentes y simpatizantes, construir un discurso descalificador pero puesto con un magistral toque justicialista, y renovar instrumentos de política ineficientes en términos generales, pero políticamente muy rentables y socialmente reivindicatorios.
Bajo este escenario, es previsible que la 4T dejará colgadas de la brocha a las diez universidades “quebradas” – más las que se acumulen -, pues sabe bien que el apoyo político ya no reside en las simpatías que puede granjearse con los rectores, profesores universitarios, ni mucho menos con la comunidad científica del país a la que ha descalificado constantemente. Mientras los recursos públicos sigan fluyendo para crear opciones escolares reivindicatorias y se otorguen becas federales por todo el país – que por cierto, operan por encima de la estructura académica de las propias universidades -, la paz (y los votos) podrían estar asegurados.
AMLO “no va a estar a expensas de chantaje”, así lo expresó ante el paro de 25 universidades y sindicatos que demandaban una salida a la crisis financiera universitaria. Es decir, mientras el joven becado aplauda no importa el pataleo del rector, científico académico en quiebra.
Hágase la transparencia en las universidades de mi compadre
Volvamos al caso de la Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Para crear este subsistema, la 4T desmanteló, sin reserva, un organismo internacional (el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, Crefal), lo que en parte produjo una protesta de sus trabajadores de base por falta de pago[1]. Posteriormente, cuando la realidad se impuso y no fue posible usar discrecionalmente al Crefal, el gobierno actual creo una burocracia más en forma de organismo descentralizado para poder manejar esas universidades. La pregunta ahora es si el subsistema de universidades Benito Juárez es un dechado de transparencia y eficacia. Hasta ahorita, no.
Cuando el programa de nuevas universidades se asentó en el Crefal, el portal de noticias independiente Animal Político, solicitó información sobre el calendario de aplicación de los recursos públicos y su destino, pero la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que no existía “documento alguno con las características requeridas” (nota de Nayeli Roldán, 21.03.19). Es decir, el presidente mexicano le exigía a los rectores la transparencia y rendición de cuentas que su gobierno no pudo brindar.
También gracias a la prensa – y la academia sin fe ciega – pudimos saber que no existe, al menos públicamente, un plan estructurado para ofrecer carreras universitarias en las nuevas universidades, ni mucho menos un programa pensado de infraestructura para concretar la valiosa idea de no excluir académicamente a los jóvenes. Por eso ahora se habla ya de las “100 universidades fantasma de López Obrador” (El País, 30.05.19, nota de Georgina Zerega). Además, recordemos que los jóvenes de la universidad Benito Juárez de Zacapu, Michoacán estuvieron en riesgo de quedarse sin clases por un conflicto con las instalaciones (Animal Político, 30.09.19, nota de Itxaro Arteta). La improvisación produce exclusión.
Tlatelolco y el valor universitario
Con base en estos hechos, el perfil de la 4T para gobernar la sociedad y las universidades públicas del país está delineándose más claramente. Pese al verticalismo gubernamental, cierta parte de la oposición ha hecho su trabajo para que se reconozcan y corrijan errores (autonomía y financiamiento). No obstante, recapacitar no fue gratis: la 4T respondió imponiendo sus creencias (austeridad) en las universidades, pese a que varios pensamos que será regresivo por la inmovilidad y justificaciones de ineficiencia que está generando dentro de las instituciones.
Por otro lado, con una careta se nos pide – con mucha razón – que seamos transparentes y sepamos rendir cuentas de nuestras acciones, pero al vernos las caras de frente, se asoman las arrugas de la arbitrariedad y la opacidad del actual gobierno al implantar sus programas educativos y sociales. No hay reglas de operación para la Transformación.
Pero las contradicciones y el conflicto no representan un problema para la 4T. Contrario a lo que piensan algunos de sus opositores más vociferantes, la cabeza de este movimiento político sí sabe en donde reside el poder. Se aprovecha del descontento del pueblo para construir un discurso agresivo y descalificador que, tristemente, pocos advierten como grave porque envalentona con la máscara justicialista o con la patraña de “diálogo circular”. ¿Quién podría oponerse a la gratuidad de la educación superior, obligatoriedad, transparencia o becas? “El que se oponga a este cambio (impuesto) será un conservador” y asignar etiquetas inmoviliza a algunos.
Reivindicar y no reflexionar es la fórmula que sostiene varios instrumentos de política de este gobierno. Si son realmente eficientes o no en términos de elevar el aprendizaje de los jóvenes o de prevenir el abandono escolar, es lo de menos. Cualquier voz académica, reportaje periodístico o evidencia científica que contradigan el sentir de la gente afín a la 4T puede ser descalificada eficientemente en una “mañanera”. La polarización y el anti intelectualismo van en ascenso.
Si los gobiernos modernizadores lograron subvertir la autonomía universitaria por medio de la evaluación ligada al financiamiento, la 4T ya complementó el mecanismo de control dada la escasez real de fondos públicos para las universidades. Estamos en riesgo de hacer lo que la 4T unilateralmente marque en los espacios supuestamente dedicados a cultivar la crítica, la razón y la verdad. ¿A costa de la Transformación vamos a perder la democracia? ¿Vamos a aceptar resignadamente medidas “dolorosas pero necesarias”, como diría un ex presidente que también quiso cambiar a este país?
Pensemos claramente y encaminémonos con firmeza a la Convención Nacional de Educación Superior (CONAES), la cual fue una propuesta de los participantes en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior que se realizó la semana pasada en Tlatelolco, un sitio históricamente marcado por la resistencia universitaria ante el poder supremo.
[1] Incluso se formó la Coalición de Trabajadores del Crefal, ver los reportajes de Nayeli Roldán de Animal Político, “Universidades del Bienestar dejan sin salario a trabajadores de organismo educativo”, 10.10.19.
* Profesor visitante en la Universidad de Harvard e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS)
Twitter @flores_crespo
