Jorge G. Arenas Basurto.
A casi un mes de la irrupción de efectivos de la policía estatal de Puebla en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el pasado 29 de junio, cabe formular las siguientes preguntas: ¿era necesaria la aplicación de semejante despliegue de fuerzas para dirimir una disputa entre miembros de la familia heredera de la Fundación de los Jenkins? ¿tratándose de una institución de educación superior que ha defendido los valores del dialogo y el razonamiento, no hubiesen correspondido otros recursos para la aplicación de una “medida cautelar”? ¿Era inevitable el desalojo de estudiantes, profesores y empleados, además de la cancelación de las actividades presenciales, para ventilar los procesos judiciales en torno a la titularidad de dos patronatos en pugna por el control de la Fundación Mary Street Jenkins y de la UDLAP?
Ante la persistencia de estas anomalías en las que ha tenido un papel preponderante el gobierno del Estado, a través de una denominada Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, expreso mi rechazo contundente como miembro de la comunidad académica de esta institución contra todo aquello que obstaculiza las actividades vitales de una universidad de excelencia y con reconocimiento internacional como la UDLAP. En este tenor, la autoridad estatal ha olvidado que una de sus obligaciones centrales es la de proveer las condiciones necesarias para garantizar la continuidad y permanencia de una educación superior de calidad, independientemente de si se trata de universidades públicas o privadas.
Ninguna autoridad en los distintos niveles debiera pasar por alto este objetivo, pues antes que mediar en los diferendos entre dos patronatos, su mayor responsabilidad debiera ser velar por los derechos a la educación superior y a la cultura como valores supremos de las comunidades que representa. Este criterio parece estar ausente en las disposiciones que llevaron a la toma y desalojo de la universidad. Peor aún, no parece ser un argumento suficiente para liberar a la UDLAP cuando ya un juez federal en días recientes revocó las acciones estatales que llevaron a la toma de la universidad y conminó a la entrega de sus instalaciones y el manejo de sus recursos.
A este respecto, menciono dos de los principales daños que se desprenden del actual impasse en la situación legal de la UDLAP: el grave daño en sus estándares de calidad y en el prestigio institucional forjado en los ámbitos nacionales e internacionales durante sus 81 años de antigüedad. Para los estudiosos del tema de la calidad en la educación superior, no puede desconocerse que se trata de una realidad multidimensional y polisémica que engloba una variedad de factores (véase Buendía Espinosa, Angélica. 2007 y 2013): reconocimiento de la pertinencia de los programas y planes de estudio, plantas académicas altamente consolidadas, intercambios internacionales de estudiantes a través de convenios con universidades de talla mundial, infraestructura y laboratorios apropiadas para la enseñanza y la investigación, tutorías académicas para el alumnado, seguimiento de los egresados y satisfacción de los empleadores, etc. Lo anterior solo por mencionar algunos de los indicadores que los equipos evaluadores y los pares de otras instituciones externas, nacionales e internacionales, efectúan cotidianamente para calificar la calidad de las universidades.
En este arduo proceso de evaluación y acreditación en que se involucran permanentemente las universidades públicas y privadas de este país, se juega nada menos que su prestigio institucional. Para garantizar lo anterior intervienen dependencias federales como la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, organismos públicos descentralizados como el CONACYT, en diversos ámbitos como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIIES), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), etc. Participan también organismos nacionales que aglutinan a universidades, los casos de ANUIES y FIMPES, que fomentan el seguimiento estricto de estas prácticas de evaluación y calidad entre sus agremiados.
Sin pretender ser exhaustivos, se agregan también para el caso específico de algunas universidades privadas como la UDLAP, la presencia de reconocidas acreditadoras internacionales, como la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC), que dan proyección internacional a esta universidad.
No es ocioso traer a colación todas estas estructuras e instancias de acreditación y evaluación que avalan los compromisos de calidad no solo de la UDLAP, sino de la mayoría de las universidades. A estos criterios que podemos designar como tangibles en la certificación de la excelencia de las universidades, se deben adicionar los no tangibles que pesan tanto como los primeros. Entre ellos la certidumbre y el voto de confianza que depositan los padres de familia en la universidad para la formación de sus hijas (os) y el futuro profesional que les aguarda en el mercado laboral; la certeza de que nada interrumpirá la continuidad en las actividades de la universidad y la formación académica de sus descendientes; la guía y el acompañamiento institucional de los alumnos para llevar a buen fin la obtención de los grados académicos.
Todo lo anterior conforma la calidad y el prestigio institucional labrado por la UDLAP durante sus ocho décadas de existencia. Este patrimonio tangible e intangible es justamente el que está en riesgo de prolongarse la situación actual por la que atraviesa la UDLAP. Para decirlo en términos coloquiales, la calidad y el prestigio se cocinan a fuego lento, pero, así como son logros difíciles de aquilatar, también se pueden erosionar con relativa facilidad ante las actuales circunstancias que afectan sus actividades. En medio del berenjenal de litigios legales que mantienen como rehén a los recursos e instalaciones de la universidad, lo que está en juego es la excelencia, la calidad y el prestigio institucional forjado en la larga vida de esta institución.
Finalmente, no es secreto que las universidades privadas en México dependen en considerable medida de la matrícula de estudiantes y las colegiaturas de sus familiares, por tanto, de prolongarse la actual situación en la UDLAP es previsible una merma significativa de sus recursos en detrimento de sus actividades fundamentales. Por todo lo anterior y para tratar de traspasar la sordera de quienes no escuchan el clamor de los miembros de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, empleados, autoridades, egresados, etc.), los verdaderos artífices del valor y los logros de esta institución, reitero la pregunta: ¿Quién saldrá al rescate de la calidad y el prestigio de la UDLAP? Esta no es una llamada de atención que valga solo para una universidad privada, pues desafortunadamente constituye un lamentable precedente que puede extenderse a otras instituciones educativas de nuestro país. Ojalá prive la cordura y la sensatez de las autoridades estatales y nacionales para resarcir un grave perjuicio que se está infligiendo a una institución educativa de excelencia con ocho décadas de reconocimiento. Para ser claros, no es solo un daño aislado sino contra el patrimonio educativo y cultural del Estado de Puebla y de la nación.
Profesor-Investigador de la UDLAP jorge-arenas1@hotmail.com
