La vida social es un aula sin muros. Hay coyunturas en que lo que acontece fuera de la escuela tiene un impacto tal en el aprendizaje que, aunque contradictorio con lo que se estipula como proyecto educativo, arrasa con lo programado y genera un sedimento duro y duradero en la comprensión del país: sobre todo, en las normas acordadas para las relaciones entre los ciudadanos y con las instituciones. Lo que se dice en la escuela, entonces, es materia necesaria para aprobar los exámenes, y a ese horizonte se reduce. Luego de la prueba se diluye.
La experiencia vivida, o conocida, fuera de sus linderos, tiene mayor fuerza en lo que se aprende para la vida, para aprender a aprehender lo que sucede e, incluso, como convicción que tiende a lo inmutable: así es, y será así, sin remedio.
Las elecciones del 4 de junio, los hechos de meses previos y los días siguientes, fueron parte de la información cotidiana que recibieron muchos estudiantes de todos los grados, y la población en general. Si los que vivimos en el país, casi todos, pasamos al menos unos años, o están hoy, inscritos en alguna escuela, recibimos una educación que, según el artículo 3º constitucional, entre otras características (laica, gratuita, obligatoria), ha de estar orientada por el criterio de impulsar la democracia: “considerando a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
En el “Modelo Educativo para la educación obligatoria: educar para la libertad y la creatividad” que impulsa la actual administración, uno de los nes propuestos señala que el egresado: “Se oriente y actúe a partir de valores, se comporte éticamente y conviva de manera armónica; conozca y respete la ley; deenda el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos…”. El contraste entre lo dicho y los hechos es enorme: las palabras, los libros de texto, lo expuesto por los docentes se estrella contra miles de anuncios espectaculares huecos (la mayoría, además, esperpénticos), “spots” a mansalva, anodinos, la distribución de tarjetas para depositar, luego de contar los votos en la casilla, un dinero en caso que ganase El candidato.
La compra de credenciales de elector, el inmenso caudal de dinero público, extra al autorizado, para “operar” el voto en el terreno, oculto a los registros, invisible a las facturas, en efectivo y efectivo para no dejar rastro con el cual probar su abundante presencia e indudable inuencia. Los que propusieron la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo, supuestos garantes comprometidos con la democracia y la libertad, echaron “su resto” para ganar las elecciones, sobre todo en el Estado de México. Y ese resto es, más allá de lo material, muy cuantioso, el escasísimo capital moral que, quizá, les quedaba: qué penoso verlos —imaginarlos— en la esta de Los Pinos esa noche, celebrando un triunfo inmerecido, comprado
La autoridad pide que el que acusa aporte pruebas, para que jurídicamente proceda el análisis. Son corruptos, no tontos: aprovechan resquicios de la ley, simulan, y jamás expedirán un recibo, con membrete, para que lo rme quien recibe los centavos. El consejero pide que se aporte lo imposible. Algún caso menor en las actas, ciertos errores que no cambian las tendencias si habrá, pero la ingeniería de una elección de Estado o, mejor dicho, de una imposición antidemocrática del gobierno, el peor fraude, no puede demostrarse, aunque haya sido palmario.
El daño educativo es grave: no orienta a los que mandan ni la ley ni el modelo educativo: sí su ambición, esa que se asoma en la sonrisa socarrona, repleta de cinismo. ¿Qué autoridad educativa puede tener quien carece de ética? Ninguna. Es vana su gloria.
