Luis Alan Acuña Gamboa*
El pasado 27 de agosto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente electo de México, encabezó el inicio de la Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación (CPANE) con la finalidad de mejorar el Sistema Educativo Mexicano (SEM) desde las voces de sus actores principales: docentes, especialistas, investigadores, alumnos y padres de familia. Sin embargo, es preciso recordar que estas acciones no son ‘novedad’ en el contexto nacional, pues el 28 de febrero de 2013, el ahora presidente de la República Enrique Peña Nieto (EPN), daba inicio a la misma empresa con la finalidad de diseñar su Proyecto de Nación con apoyo, sugerencias y pactos con cada uno de los diferentes sectores sociales del país.
Para el caso específico de la educación, EPN desarrolló, a través de los responsables de la SEP, Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo —para la educación básica, media superior y Normal— cuyas pretensiones estribaban en la necesidad del consenso entre sociedad y Estado en la toma de decisiones en materia educativa. So pena de ello, los insumos de estos Foros fueron ‘letra muerta’, puesto que no sirvieron como sustento real para la hechura de políticas públicas educativas. Al parecer esto solo fungió como la ceguera blanca de José Saramago; en primera instancia, por la demanda social de los actores educativos porque su voz fuera escuchada —lo que se logró de manera superflua— y por otro lado, como escenario propicio para la toma de decisiones asimétricas que conllevaron a una nueva “Reforma Educativa”.
Hay un lema que sentencia que la historia tiene como finalidad enseñar a las sociedades a no cometer los mismos errores; sin embargo, también se dice que ‘nadie aprende en cabeza ajena’. En este tenor se visualiza el primer Foro “Educación para el Bienestar” que tuvo como sede el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez” de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Desde ahí, se contó con la presencia de poco más de 3,000 interesados en la educación y el SEM. Sin embargo, las voces que se hicieron escuchar a lo largo de la extenuante jornada de consulta, desvirtuaron en gran medida el objetivo principal de las actividades.
Desde su presentación AMLO remarcó, a manera de discurso proselitista, sus compromisos para con los chiapanecos, no considerando en primera instancia, el ámbito educativo como eje fundamental del Foro. En este sentido, el Presidente electo aseguró que Chiapas será una de las entidades federativas de mayor atención del nuevo gobierno democrático. Para lograr esto, el mandatario morenista se comprometió a la creación de 80 mil empleos permanentes para la reforestación, con árboles frutales y maderales, de aproximadamente 200 mil hectáreas de terrenos públicos y privados; así mismo, Palenque será parte importante de comunicación con el resto de la República a través del Tren Maya, el cual augura, según AMLO, ingentes beneficios para la región y Chiapas entero. Agricultores, ganaderos y productores fueron el tercer tema de relevacia durante el discurso, y el compromiso para con ellos reviste el mismo valor absoluto, puesto que el Gobierno entrante velará por el pago justo de las cosechas chiapanecas, así como apoyos crediticios ‘a la palabra’ para la entrega de 80 mil novillones al Estado (del millón que están previsto para todo México). Como cierre de la primera parte del panegírico, López Obrador aseveró enfáticamente que los adultos mayores y los “discapacitados” serán centro de atención relevante, para ello se precisa el incremento al doble de las pensiones a la primera población y 50 mil apoyos integrales a las personas con alguna discapacidad (término correcto y no el que expone en su discurso, el mandatario).
Posteriormente y para estar en el ajo de los compromisos en materia educativa, y ya entrado en gastos, AMLO enlistó una serie de acciones, en términos de ‘políticas’ (con reservas en el uso del concepto) de cobertura, equidad y calidad educativa, que hacen pensar de sobremanera sus líneas de intervención y los posibles resultados. A continuación, enlisto, las que a mi parecer, son más destacables no por su trascendencia, pero sí por lo que representan, desde su quid, para la sociedad chiapaneca y mexicana:
1) Como lo ha demostrado en diferentes conferencias de prensa y actos públicos, el Presidente electo aseguró nuevamente ante la comunidad chiapaneca, que a partir del 1º de diciembre del presente se abolirá la reforma educativa peñista, y en su lugar dará paso a una nueva reforma educativa, la del gobierno democrático, la cual surgirá de la consulta y exposición abierta de propuestas recabadas en las 32 entidades federativas. Aunque laudable, la visión morenista sobre la educación sigue manteniendo los marcos de referencia que cualquier administración de otrora; es decir, se continua con la idea que las políticas y reformas educativas, dijera Gimeno Sacristán, deben enseñar el qué y cómo de la educación en el país desde una visión asimétrica de ejercicio de poder. Si bien es cierto que los 32 Foros de Consulta (realizados también por su homólogo EPN) serán el entibado para la toma de decisiones, preestablecer el supuesto que el sistema educativo está muy mal (como siempre se ha hecho), obligará —consciente o no— el rescate de todas aquellas posturas afines a la visión dominante; con esto, se salvaguarda, auque sea por un seis años, los ideales y colores partidistas que actuan al igual que los nacionalismos radicales que se deberían exterminar como sentenciara Facundo Cabral (¿de dónde creemos que surgió la reforma educativa 2013?). La historia de la evolución del SEM, en tanto políticas públicas educativas, contribuiría al análisis de este común denominador sexenal.
2) Con base en la propuesta de reforma al Artículo 3º Constitucional, sobre la cual descansará el ideal de la educación gratuita y de calidad en todos los niveles educativos, el futuro mandatario federal comprometió su palabra ante la comunidad educativa chiapaneca para la creación de cinco Universidades públicas que se distribuirán en las distintas regiones del Estado. Esto es un hecho, en caso de cumplirse, sin precedentes para Chiapas, puesto que es la entidad con menos opciones de formación profesional para sus jóvenes (no en vano la educación superior privada ha construido su emporio en estas necesidades más meritocráticas que académicas). Empero; dicha empresa puede traer consigo problemas que debiera predecir el futuro Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en aras de no cometer los mismos errores del pasado.
Para la academia de educación superior chiapaneca, resulta vox populi concordar que toda asignación de plazas para Profesores e Investigadores de Tiempo Completo, Medios Tiempos, entre otros niveles sindicalizados, es producto de “sugerencias” y acuerdos por parte del Claustro de cualquier Universidad pública, esto demerita e imposibilita, en gran medida, alcanzar la calidad educativa que desde la década de los 80 es un eje rector en la hechura, implementación y evaluación de políticas educativas mexicanas. Mientras no se considere como única opción de ingreso a este sistema de plazas universitarias los exámenes rigurosos de oposición, y se mantengan los vetustos ejes de selección de personal a través de la ‘dedocracia’ y ‘relaciones de compadrazgo’, las futuras Universidades morenistas estarán muy lejos de alcanzar los objetivos para las que serán creadas. Antes de pensar en abrir nuevas Instituciones de Educación Superior (IES), debiera diseñarse sistemas de saneamiento para la zahúrda en la que se ha convertido una que otra IES chiapaneca. En la medida que la corrupción y los malos manejos continuen siendo el eje de acción en las Universidades públicas (y privadas), conceptos como calidad, justicia social, derecho y educación para el bienestar responderán, por antonomasia, a los mismos eufemismos del discurso político que enarbolan la bandera de un progreso ‘en camino’ en Cumbres y viajes de Estado.
3) Aunado a lo anterior, López Obrador anunció —dentro de la línea de recursos económicos— la instauración de un amplio programa de becas para todos los niveles educativos; así, comprometió para Chiapas la entrega de 500 mil apoyos en el nivel básico (auque solo hizo referencia a primaria y secundaria), 241 mil para medio superior, y 50 mil becas de $2,400 mensuales para alumnos de educación superior. Al igual que los compromisos anteriores, las intenciones son dignas de reconocimiento; sin embargo, es preciso traer al análisis las preguntas obligadas del ¿cómo? y ¿con qué? Dentro del cómo se asignarán dichos apoyos; la historia obliga traer a colación los ejercicios viciados de nuestro SEM. A guisa de ejemplo, Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) como Prospera han demostrado los malos manejos de los recursos por parte de padres de familia, así como los juegos de simulación que en las escuelas se gestan a favor de todos: “que el maestro llegue el martes y se vaya el jueves”, sentencia AMLO, a lo que agrego desde la mirada de la población beneficiada, “siempre y cuando mantenga la calificación necesaria para mi apoyo del Gobierno”. Con esto se comprueba —en investigaciones educativas de Carlos Muñoz Izquierdo, así como en las propias de la desigualdad social de Gerardo Esquivel (futuro Subsecretario de Egreso del gabinete de AMLO)— que estos PTMC son generadores de prácticas clientelares que potencian los ejercicios de poder y corrupción sobre los más necesitados, aunado al hecho que la dependencia económica que esto representa es, a su vez, caldo de cultivo en la creación y subsistencia de circulos vicios para el “combate a la pobreza”. Ahora hay que ser muy observadores en los sistemas de diseño, implementación y evaluación de estas becas educativas, para no hacer de la propia educación un medio más de supervivencia social.
En segundo lugar, respecto al con qué se mantendrá este programa de manutención educativa, retomaré el ejemplo de la beca universitaria. Si el mandatario ofreció para Chiapas 50 mil de estos apoyos, por consiguiente se esperaría que lo hiciera, como mínimo símil en cantidad, para cada una de las 32 entidades federativas (puesto que dentro del lema de AMLO se sustenta la educación para todos); en caso de ser así, se prevé que el padrón inicial esté constituido por más de un millón y medio de beneficiaros que significarán, en término de egresos económicos para el país, alrededor de $3,840,000,000 mensuales. En números duros, esto evidencia que en aproximadamente ocho meses de este apoyo, se estará otorgando la misma cantidad de dinero que se le asignó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para todo su ejercicio 2018, y recordemos que solo se está ejemplificando la educación superior, ahora sería conveniente agregar los otros dos niveles formativos.
Aunque existen más elementos propicios para el análisis que el espacio no permite abordarlas, estas acciones abren la posibilidad de crítica para la mejora de la educación nacional, en lo general, y chiapaneca, en lo particular. Aunado a esto, se comprueba que dentro de las visiones del nuevo gabinete permanecen las insulsas acciones proselitistas del pasado, prometer a diestra y siniestra mejoras o soluciones sin estudios de factibilidad que los sustenten, puede recibir apoteósicos recibimientos y bienventuranza social pero con el sello de lo efímero. Los cambios educativos no precisan compromisos cuasi imposibles de cumplir; más bien, toma de decisiones consensuadas entre el Estado y los actores principales de la educación que, dicho sea de soslayo, esta primera entrega dejó muy poco insumo para medrar el Proyecto de Nación 2018-2024.
Agradezco los comentarios y precisiones de la
Dra. Yliana Mérida Martínez al escrito.
*Docente investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctor en Estudios Regionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Director General de la Revista Electrónica Sinergias Educativas; Vocal del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente y de la Red de Investigaciones sobre Educación en Latinoamérica (México); Miembro activo de la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa (Argentina-Brasil), y de la Red Durango de Investigadores Educativos (México). Temas de investigación: políticas públicas educativas, formación docente y de investigadores, calidad de la educación, metodología de la investigación; y estudios educativos regionales.
